Internacional de Migraciones, 2013), siendo Venezuela el quinto país en otorgar protección internacional a colombianos, a pesar del subregistro existente de casi 90 % (Carreño Malaver, 2014). Cifras no oficiales cuentan más de cuatro millones de colombianos que residen en Venezuela, incluyendo los hijos de estos migrantes, es decir, los migrantes de segunda generación con opción de doble nacionalidad; según el presidente Nicolás Maduro, serían más de cinco millones3, pero el subregistro es tal que de momento la cifra oficial queda en menos de un millón de colombianos que residen en Venezuela.
A pesar de que los datos sobre el retorno de migrantes a Colombia son insuficientes, con algunos estudios se puede deducir que este retorno no es reciente y viene dándose desde años atrás. No solo el aumento del poder de Maduro y la crisis socioeconómica que se ha agudizado han sido motivos para regresar al país: también la subida al poder de Hugo Chávez y su posterior reelección llevaron a los colombianos de más altas cualificaciones a emigrar de nuevo a Colombia. Según una encuesta de 2008, del total de retornados, 28,2 % lo hicieron desde Venezuela y después de Estados Unidos, que ocupa el primer puesto como país desde el cual retornan los colombianos, con el 31,4 % (Observatorio Colombiano de Migraciones, 2009). De estas cifras se puede inferir que el retorno desde Venezuela no es reciente y, de manera más amplia, que las migraciones transfronterizas son la norma entre ambos países, por lo que este retorno bien puede representar una reemigración. No es posible saber si este retorno se da de manera voluntaria o forzada por la situación socioeconómica y política del vecino país.
Con la intensificación de la crisis venezolana, en agosto de 2015 miles de colombianos fueron expulsados de Venezuela4 bajo la premisa de que eran residentes ilegales, tras el cierre de la frontera de parte del presidente Nicolás Maduro, lo que se convirtió en una crisis diplomática. Durante esta última crisis, el Gobierno calculó la llegada de colombianos en poco más de dos mil deportados y más de veinte mil retornos (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2018b), mientras que Naciones Unidas reportó que habían llegado más de veinticuatro mil. La atención humanitaria de emergencia facilitó albergues, y la fuerza pública ayudó a los habitantes de la frontera a pasar sus pertenencias por trochas con camiones destinados para ello.
Si bien esta crisis tuvo una respuesta, es cierto que muchos colombianos vivían con miedo a ser deportados5: la política de deportaciones no era nueva. En años anteriores, el Gobierno venezolano había expulsado a 4.386 colombianos entre 2013 y 2014 por encontrarse indocumentados, mientras que en años anteriores las deportaciones no habían superado las trescientas personas. Algunos académicos, en un comunicado binacional emitido con posterioridad a la crisis, señalaron:
Hay seis tipos de situaciones diferentes: 1) personas que nunca intentaron resolver su migración irregular; 2) quienes hicieron los trámites en la Misión Identidad, esperaron varios años y no tuvieron respuesta; 3) quienes obtuvieron cédulas de nacionalización que les permitían ser electores y recibir subvenciones sociales pero les vienen siendo retiradas en los últimos años o aparecen como “auditadas-rechazadas”; 4) aquellos que recibieron cédula de residencia pero al vencerse no se las renovaron; 5) algunos que tienen su cédula en regla; y 6) quienes solicitaron refugio y debían recibir protección humanitaria (Ramírez, 2015, p. 6).
De estos últimos, es decir, quienes solicitaron refugio, algunos fueron expulsados durante esta crisis. Según un estudio del Centro de Migraciones de la Congregación Scalabriniana en Cúcuta, los retornos durante la crisis estuvieron marcados por una deportación masiva durante la crisis de 2015 (Corporación Scalabrini ‘Corposcal’ y Acnur, 2015). Según cifras de la Cancillería, desde ese momento hasta junio de 2017 han retornado 2.415 colombianos de Venezuela, registrados en el Registro Único de Retornados (en adelante, RUR); sin embargo, esta cifra es mayor puesto que existe un subregistro: corresponde al 52 % de los que han regresado en Colombia, seguida por España y Estados Unidos.
A partir de los datos del RUR se evidencia este retorno desde Venezuela: a julio de 2017 habían retornado 1.690 personas (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2017), y a julio de 2018, 1.474 personas (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2018c). La situación de retorno de colombianos desde Venezuela persiste a 2018, aunque se desconocen las cifras; el Gobierno calcula que podrían ser entre 30 y 35 % del flujo migratorio total desde Venezuela, además del 40 % estimado que cuentan con la doble nacionalidad6. Muchos de ellos regresan al país por sus propios medios, así que es un reto conocer cuáles son sus necesidades en el corto y el medio plazos, más allá del conocimiento de la situación de vulnerabilidad en el caso de los retornos más recientes. Además, se puede observar un subregistro si se cuenta solo con los que están registrados en el RUR.
Paralelamente al análisis que puede hacerse sobre la migración de venezolanos, la migración de retorno de colombianos podría dividirse en dos categorías: por un lado, la de quienes regresaron en los primeros años del chavismo, en una situación económica favorable, y por otro, la de los que están regresando en condiciones menos favorables y de mayor vulnerabilidad desde 2015. Entre estos casos se puede subrayar la situación en el departamento del Atlántico, que de por sí es uno de los más vulnerables desde el punto de vista de la pobreza que allí se encuentra. El retorno a diferentes municipios del departamento ya generaba a principios de 2017 una preocupación7 en varios sentidos: la atención en salud, el acceso a la educación de niños que regresaron por falta del registro civil y los asentamientos de esta población en zonas ilegales.
Además, aunque se sabe que existen procesos de reemigración tras volver a Colombia, no hay cifras que lo demuestren; solo dos tendencias parecen demostrarlo: por un lado, el aumento de la demanda de pasaportes de venezolanos recién nacionalizados colombianos8 y por otro, el incremento del flujo de migrantes colombianos que atraviesan la frontera hacia Ecuador9, de los cuales un porcentaje viene de Venezuela.
Hoy día la migración de colombianos a Venezuela persiste; así queda expuesto por la Asociación de Colombianos en Venezuela, que calculó 120.000 entradas10, cifra considerable con respecto a los venezolanos que han salido del país. Por ello, también es necesario saber que las migraciones son bidireccionales y no han frenado en ninguno de los dos lados de la frontera.
II. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA LA POBLACIÓN RETORNADA
En el contexto latinoamericano en el que se empezaron a mediados de los años dos mil a formular y reformar las políticas migratorias, Colombia empieza un trabajo al respecto emitiendo el Documento Conpes 3603 de Política Integral Migratoria en el 2009, el cual llevaría a adoptar unas leyes al respecto11. Entre las herramientas dispuestas por el Gobierno colombiano para los retornados está la Ley 1465 de 2012 o Ley de Retorno, que establece cuatro tipos de retorno: solidario, laboral, humanitario y productivo. Podría calificarse el retorno desde Venezuela como humanitario, en particular en el caso de los deportados en la crisis de 2015 y años posteriores. Esta ley les permite a los retornados registrarse como “retornados” para obtener beneficios tributarios, entre otros; también pueden acceder a ofertas laborales y a créditos por medio del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Esta ley de retorno no incluye la migración irregular, que es gran parte de la que proviene de Venezuela. Si bien aún no se han establecido unos perfiles de las personas que han regresado a Colombia, podríamos aventurarnos a decir que existen, por un lado, colombianos que eran refugiados en Venezuela y que requieren
