Congreso norteamericano debatía el asunto de la violación del tratado, en un contexto en el que, además de entorpecer una nueva elección de Roosevelt a la presidencia, se buscaba reestablecer las relaciones de amistad con Colombia, pues no parecía conveniente tener como enemigo al vecino más cercano del canal. Aunque el Congreso norteamericano llamó a un receso y la proposición Rainey no volvió a tratarse, por lo cual la investigación nunca concluyó, el informe presentado por este, en el que se incluyeron las declaraciones de Henry Hall y los documentos recopilados por él para la defensa de The New York World en el caso por difamación, fue publicado en Colombia en 1912, bajo el título “Historias de Panamá”, produciendo grandes controversias, toda vez que la investigación salpicaba a altos funcionarios gubernamentales que habrían recibido sobornos por parte de agentes norteamericanos.21
Se publicaron entonces libros como Historias de Panamá, que aplaudía las investigaciones de The World que demostraban la injerencia norteamericana en la revuelta, pero tachaba de apasionadas aquellas en las que se insinuaba alguna responsabilidad del Estado colombiano.22 En esa versión de Lorenzo Marroquín sobre la separación de Panamá, insistía en la responsabilidad de los Estados Unidos, consideraba a los líderes panameños unos traidores y victimizaba a Colombia, eximiendo a sus gobernantes de cualquier responsabilidad en el descontento y la rebelión panameñas, achacando toda responsabilidad a la política imperialista de Roosevelt. Según Marroquín, “el soborno, la iniquidad y la traición están en Washington y sólo en Washington”,23 y, en ese sentido, protestaba porque “si Roosevelt ha formulado el hecho brutalmente, si ha confesado el robo, para vanagloriarse de él ante sus compatriotas, ¿por qué razón los colombianos, los despojados, los robados, estamos todavía buscando el delincuente entre nosotros, es decir, poniendo en duda la confesión del culpable?”.24 Con esto último, Marroquín hacía referencia a la Comisión Investigadora de los Asuntos de Panamá que llevaba el caso en Colombia y a otras publicaciones colombianas que acogían las tesis de Rainey relativas a los sobornos.25 En respuesta al libro de Marroquín y haciendo eco del libro de Rainey, el general Jorge Martínez Landínez publicó una versión en español del libro La feria del crimen. El mayor “chantage” de todos los siglos, ampliada y comentada por él mismo, en cuya presentación afirmaba:
Se dice que “es antipatriótico pretender buscar traidores y cómplices de la pérdida de aquel Estado y de los expoliadores extranjeros en Colombia, cuando Mr. Roosevelt ha declarado que él tomó a Panamá”; sin negar que este Presidente americano fue quien consumó el despojo, es igualmente incontrovertible: 1.° Que sin la prórroga de 190 los estafadores franceses no hubieran sido escuchados en Washington ni en Pequín; y 2.° Que el 3 de Noviembre de 1903 sobraron en Panamá generales, soldados, fusiles, buques de guerra y municiones para hacer efectiva la soberanía de Colombia en el Istmo, pero que faltaron colombianos dignos. Esto, por supuesto, fuera de los vendidos como Judas. Mr. Bacon da nombres, aporta pruebas y enumera las cantidades con las cuales se pagaron los punibles actos.26 (Las cursivas son originales del texto)
Este tipo de declaraciones resultaban antipatrióticas para algunos colombianos que, como Marroquín, consideraban que “la demostración de soborno, cohecho en el Gobierno Nacional, además de la mancha que echará sobre el país, sería un tropiezo para el defensor de nuestros derechos”.27 En 1912, lo que estaba en juego eran las reivindicaciones de Colombia ante el Congreso de Estados Unidos, que buscaban una indemnización moral y pecuniaria que permitieran restablecer las relaciones entre los dos países. Esas reivindicaciones quedarían consignadas en el Tratado Urrutia-Thomson que el Senado colombiano firmó en 1914, en cuyo primer artículo quedaba señalado que el gobierno norteamericano declaraba su sincero arrepentimiento (sincere regret) por los acontecimientos políticos cumplidos en Panamá, en el mes de noviembre de 1903, que tan graves daños de toda clase causaron al Gobierno y al pueblo de Colombia; y en el artículo 3, con el cual Estados Unidos se comprometía a pagar veinticinco millones de dólares como indemnización.28 Con el Tratado Urrutia-Thomson Estados Unidos buscaba legitimar definitivamente el canal que se inauguraba ese mismo año, asegurando que Colombia reconociera a la República de Panamá y la delimitación de fronteras entre los dos países. No obstante, el tratado firmado por Colombia en 1914 no fue ratificado por Estados Unidos sino hasta 1922, después de que se suprimiera precisamente el artículo primero, que contenía la indemnización moral, enmienda que obedeció principalmente a “cuestiones de política interior de aquel país y, en general, porque allí se estima que implica una humillación para el pueblo americano”.29 Tras la firma del tratado, Estados Unidos pagó veinticinco millones de dólares a Colombia por los perjuicios causados en el negocio de la venta del canal francés; mientras que Colombia reconoció a la República de Panamá y aceptó la negativa del gobierno de Estados Unidos a reconocer la violación del Tratado de 1846, resolviendo de ese modo la controversia a favor de la “leyenda blanca”.30
La ratificación del Tratado Urrutia-Thomson, que restableció las relaciones de amistad entre Colombia y Estados Unidos, implicó entonces una especie de perdón y olvido sobre los hechos cumplidos, que pretendía poner fin a la controversia sobre el pasado y hacer énfasis en el futuro, tal como lo planteaba Luis Otero en su libro Panamá, al considerar que
Es necesario que, haciéndonos dignos de los Padres de la Patria, depongamos ya nuestro resentimiento por la ofensa recibida y olvidemos, con nobleza que iguale a nuestro honor, tan solemnemente comprometido, el doloroso martirio y las afrentas consumadas desde el 3 de noviembre de 1903. Si Colombia debe reclamar con profunda satisfacción la intensidad de su resentimiento para con la gran Nación americana, también debe tener hoy el valor de despojarse de ese rencor, injustificable desde el momento en que la República ha quedado ligada por el vínculo de una sincera y leal amistad con la potencia del Norte. Colombia está obligada a humillar sus resentimientos para no pensar ya más en lo enorme del agravio ni en la deficiencia de la reparación y dedicarse en esta nueva etapa de la vida nacional e internacional a llenar el objetivo de los altos destinos que le desafía el porvenir.31
Garras de oro: una controversia sobre el pasado puesta en escena
El mismo año en el que, con la publicación del libro de Luis Alfredo Otero y del tratado de límites con Panamá, se invitaba a cerrar la controversia sobre el pasado, la película Garras de oro (1926) puso de nuevo la polémica en escena, presentando un argumento que hacía énfasis en la violación del Tratado de 1846 por parte de Estados Unidos. No se trataba entonces de un film que tocara un asunto vedado o silenciado, sino precisamente una controversia que había estado vigente los últimos veintitrés años, sobre la cual se produjo bastante literatura, pero que, en el momento de la producción del film, ya pretendía darse por olvidada. Esa insistencia de la película revela un descontento con la resolución del asunto, con la negativa del gobierno de Estados Unidos a aceptar formalmente “la injusticia cometida” que se expresa en la secuencia final de la película, en la que vemos al personaje caracterizando al Tío Sam –a quien ya habíamos visto al inicio desmembrando el territorio nacional con sus garras de oro–, colocando los veinticinco millones de dólares de la indemnización en la balanza de la justicia, sin lograr compensar ni la pérdida ni la ofensa.
Contra ese desbalance de la justicia, la película
