nuevas reglas y se concluyó que la guerra no era contra las Fuerzas Armadas sino contra la oligarquía. Fue así que se preparó el secuestro de Gómez Hurtado”.21 Dirigente que tras recobrar su libertad convocó a un encuentro por la “Salvación Nacional”.22 Pese a la desconfianza del bipartidismo y del sector productivo, en septiembre de 1988 y tras la labor de la Comisión de Convivencia Democrática, creada en agosto, Barco expuso un Plan de Paz, constituido por cuatro fases: la distensión, la transición, la incorporación definitiva a la vida civil y los diálogos regionales que posibilitasen la cohabitación.23 En un principio el m-19 no acogió el grueso de ese plan, pero fue el único que mantuvo la tregua, ya que las farc y el epl la zanjaron. En remplazo de Jaime Bateman Cayón,24 Carlos Pizarro Leongómez va a declarar: “la paz es el espacio donde se pueden perfilar y construir los nuevos liderazgos nacionales. Lo fundamental hoy es ganar la concertación [para] avanzar hacia una sociedad democrática más fácilmente que una victoria revolucionaria, que por la polarización del conflicto conduce a negar al otro y prolongar la confrontación aun después de la toma del poder. El objetivo es ese: concertar para ampliar la presencia de nuevas fuerzas en la nación”.25
El 16 de diciembre, Barco autorizó el inicio de los diálogos, para los que ya estaba dispuesto el m-19, lo que se explica tanto por las situaciones descritas como por las particularidades del mismo grupo. Dicho por Nieto: “el perfil reformista, nacionalista y populista que desde un principio caracterizó la plataforma programática del Movimiento 19 de Abril, así como la heterodoxia ideológica de la cual hacía gala desde su fundación, le imprimían al proyecto proyecto político una gran flexibilidad, así mismo, a desarrollar una mayor sensibilidad frente a los cambios que se sucedían en la coyuntura política e ideológica nacional e internacional, los cuales eran asimilados rápidamente por este”.26 Según Nieto, la razón que primó sobre las demás fue la voluntad del m-19 de ponerle fin a la lucha armada, y recoge un pronunciamiento de Pizarro Leongómez que corrobora su tesis: “para uno poder negociar tiene que haber preparado históricamente a su organización para negociar. Y creo que la única organización preparada históricamente para negociar es el m-19”.27
El compromiso con la democracia
Con el proceso de paz con el m-19, que duró más de un año, Barco se jugó su reputación. De allí que, firmada la paz, fuera él quien obtuviera los mayores dividendos. Lógicamente de lado y lado los objetivos eran disímiles; si para el Ejecutivo la finalidad del proceso era la desmovilización, para el m-19 el objetivo era transformarse en un movimiento partidista legal. En el marco del Segundo Encuentro por la Paz28 convocado por diferentes sectores, el Gobierno y el m-19 llamaron a la participación de otros grupos políticos al proceso de paz. Paralelamente y mediante una serie de declaraciones, invitaron también a las demás guerrillas a constituir mesas de diálogos, sin eludir el rechazo a los asesinatos políticos.29 Fue precisamente en la cuarta declaración, del 17 de marzo, y pese a la caótica situación, que el Gobierno y el m-19 convinieron como superada la fase de distensión y anunciaron los preparativos hacia la desmovilización. Para esta fase Barco aprobó el 3 de abril las Mesas de Trabajo por la Paz y la Reconciliación. Fue allí donde el m-19 dio a conocer los que fueron sus tres principales puntos: la elaboración de una nueva Constitución, un plan de desarrollo social y económico concertado con cada región y la puesta en marcha de una política de cohabitación fundada en la unidad nacional y la soberanía. A estas mesas les siguieron las Mesas de Análisis y Concertación, en las que otros sectores del país debatieron dichos puntos y otros más.30
Aunque las “mesas” produjeron mejores frutos que el Diálogo Nacional, hay un escollo mayor al cual se refirió un dirigente que participó en estas:
Expresaban el acierto de querer vincular, mediante los partidos y organizaciones sociales, a la sociedad civil como parte activa en la busca de la paz. La debilidad de este proceso, que partía de la propia debilidad del m-19 de entonces, se expresaba en que los acuerdos de las referidas mesas y los mismos acuerdos Gobierno/m-19 estaban sometidos a la aprobación del Congreso de la República, máxima expresión del viejo bipartidismo y de la democracia restringida que se pretendía superar.31
Claramente el Gobierno no podía ofrecerle al grupo cosa distinta a la logística y las garantías para su desmovilización, ya que solo el Congreso tenía potestad para validar las reformas. Como lo sugiere William Ramírez “las salvedades a la reforma se escondían, sin duda, tras una hábil evasiva procedimental. Dejarle al Congreso el estudio sobre la conveniencia de eventuales demandas económicas, sociales y políticas era librarlas al tamiz de unos intereses cuya inmediatez y credo personalista y de grupo la desfigurarían o pospondrían indefinidamente. Mientras tanto el Gobierno habría hecho pública prueba de atención a lo que en sí mismo le competía dentro del proceso, y de su respecto a la división constitucional de los tres poderes”.32 Las armas no le habían dado el poder al m-19, y el desarme, si tal era su intención, constituía la antesala para buscar conquistarlo legalmente, y entre lo uno y lo otro el trecho era gigante. De mayo a octubre de 1989 las partes lograron un consenso que sellaron con la firma del ya mencionado Pacto Político por la Paz y la Democracia.
Finalizando ese mismo año el Congreso cedió y debatió un proyecto de ley presentado por el Gobierno que incluía puntos acordados con el m-19; dos cobraban un alto significado: la creación de una “circunscripción electoral” exclusiva para los grupos que abandonaran la lucha armada y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que sepultara la aún vigente Constitución de 1886. Otros puntos hablaban de reformas económicas, de la justicia, y de las garantías a los reinsertados. Sin embargo, por divergencias entre parlamentarios y representantes del Gobierno en torno a algunos puntos acordados, el Ejecutivo debió retirar la propuesta, lo que casi estropea el proceso de paz. Pero el problema de fondo residió en una coyuntura: en aquellos momentos el Congreso tramitaba un proyecto difícil de asir, la extradición. En efecto, “los partidos Liberal y Conservador avalaron en las Mesas de Análisis y Concertación las propuestas de favorabilidad política como parte del acuerdo de desmovilización, pero se resistieron a su aprobación en el Congreso. Incluso sacrificaron la reforma constitucional que consagraba el acuerdo político con el m-19, con tal de no renunciar al artículo que prohibía la extradición de los colombianos, en una abierta concesión a los intereses de los narcotraficantes”.33 El golpe fue doble, para el m-19 que vio cómo el Legislativo renunció a reformar el sistema político, para Barco que quería a los narcotraficantes tras las rejas, pero en Estados Unidos.
A pesar de estar apocada, la dirigencia del m-19 permaneció en la mesa, “tal actitud política, le permitió […] no solo proyectar una imagen de movimiento serio y cabalmente comprometido con el proceso de paz, por contraste con las vacilaciones y discrepancias al interior del régimen político, sino, además, alzarse con la bandera de la paz y la reforma democrática”.34 Reconciliado con la opinión nacional recuperó respaldos y buscó pesar en el escenario político, pese a las zancadillas que le pusiesen Gobierno y Congreso. El 22 de diciembre de 1989 el Gobierno concedió el “derecho de gracia” a los combatientes, pero por clausura de la legislatura la sanción de la ley fue aplazada hasta el 22 de enero de 1990. Algunos comandantes aprovecharon ese lapso para presentarse en público, principalmente Bogotá, sensibilizando a la población del inminente desarme y allanando el terreno para las elecciones locales venideras donde estarían presentes.
La desmovilización del m-19 tuvo un efecto adicional. En medio de una violencia generalizada y de la desconfianza de una clase política preocupada por el cómo no perder sus privilegios, el Pacto Político por la Paz y la Democracia determinó los debates de meses y años subsecuentes en el seno del sistema político. Del decálogo que comprendió dicho pacto, los cuatro últimos puntos atañían a las garantías de seguridad y al cumplimento de los acuerdos, los seis primeros eran: la búsqueda de mecanismos para realizar reformas constitucionales o el llamado al pueblo soberano para una Asamblea Constituyente; la apertura política a otras fuerzas; la consolidación del Fondo Nacional de Paz; la reforma en el procedimiento electoral que incluya un tarjetón y un cubículo de votación; la creación de una comisión para reformar la justicia; la conformación de un grupo de investigación y no gubernamental que aborde la problemática del narcotráfico.
