de manera personal y unilateral por medio de la firma de decretos de necesidad y urgencia. Por ejemplo, si entre 1853 y 1989 en el país se habían firmado tan solo 23 decretos, Menem, durante sus primeros 4 años de gobierno, estableció 250. Es decir, más de 10 veces lo que se hizo en toda la historia constitucional anterior. El mismo Menem defendió abiertamente su modo de ejercer el cargo: “No debe enervarse la capacidad del Presidente para mandar por decreto. Es la única forma que tiene de mandar. Cualquiera otra interpretación ‘politizada’ o ‘desjuridizada’ significa reducirle poder, y de suyo, eximirle indebidamente de la responsabilidad de gobernar, ‘administrar’, ‘ejecutar’. Las limitaciones de su poder desvirtúan las responsabilidades del presidente” 8.
De esta manera, el dispositivo cultural discursivo sentaba una nueva lógica. La firma de decretos no solo era un instrumento para tomar medidas normativas con las cuales realizar las reformas, sino que además recargaba en la imagen presidencial un mayor poder, reafirmando un liderazgo ágil, rápido y eficaz, generando un abierto contraste con la figura del Parlamento, a la cual no solo se le recortaban –de hecho– sus funciones principales sino que también se la dejaba en una situación de debilidad y relegada frente al ejecutivo. En consecuencia, el aérea por excelencia del debate, las propuestas y las alternativas políticas –el Congreso– quedó censurada (y de hecho, casi se lo clausura)9, lo que señalaba la inviabilidad de toda discusión y la pobreza de lo que pudiera generarse desde allí, y provocaba una sensación general de resignación frente al rumbo trazado por el neoliberalismo. El orden político quedó transformado bajo un estilo piramidal e hiperpresidencialista; lo cual fue muy notorio los dos primeros años de mandato de Menem, para luego –una vez dejado atrás lo peor de la emergencia– pasar a ser un gobierno más propenso al dialogo y a las negociaciones, y a recuperar el Parlamento mayor presencia.
Por su parte, los cambios del nuevo orden no se remitieron a reestructurar solamente las relaciones con los actores internos. Sino que además una de las áreas en las que Menem se preocupó con mayor ahínco en generar modificaciones fue en el reposicionamiento del país dentro del orden internacional. En este sentido, a partir del gobierno de Menem se produjeron profundas transformaciones que dieron como resultado una ruptura tajante con el pasado, concentrándose la labor en lograr un acercamiento lo más estrecho posible con los Estados Unidos. En efecto, establecer lazos nutridos con la potencia norteamericana era considerado una de las condiciones claves para que el proyecto menemista tuviera éxito. Ya que con este apoyo se lograría un acceso preferencial a los mercados de créditos internacionales, así como el respaldo suficiente para que los organismos financieros multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID, Club de París, etc.) entregaran recursos suficientes para que la Argentina pudiera dejar atrás su crisis, ayudando con su beneplácito a brindar una imagen del país como “atractivo”, “seguro” o “amigo del capital” frente a los mercados mundiales. Con esto sería más fácil atraer inversiones extranjeras y el ingreso de capitales, los cuales podrían sanear las castigadas cuentas externas, y podrían recomponerse las reservas internacionales del Banco Central y ganar de esta manera mayores recursos.
Instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario comenzaron cada vez más a gozar de un papel y rango privilegiado dentro del nuevo orden social. Este apoyo, por su parte, brindó todo tipo de recursos –económicos, simbólicos, técnicos, intelectuales– para favorecer las lógicas que se describen, actuando los organismos internacionales como autenticas canteras de legitimación ante cada accionar del gobierno. En una clave cuasicolonial o de imperialismo indirecto, estos organismos pasaron a asumir funciones de señoraje con respecto a varias medidas de gobierno, “sugiriendo” leyes, medidas y otorgando “asesoramiento”. En muchos casos, actuaron en forma indisimulada como los agentes o causas de las principales orientaciones del gobierno, realizando varios juegos de presiones y chantajes para que se tomaran las acciones que ellos encontraban como “necesarias” o “indispensables” (realizar desregulaciones, ajustes, privatizaciones, sancionar leyes, presupuestos o simplemente hacer algún anuncio) bajo el riesgo de que –de no hacerlo– créditos, avales o “la confianza” externos podrían esfumarse. Por último, estos cambios también se asumieron apuntando en otra dirección más, ya que con la venia de los Estados Unidos, el problema fundamental de la deuda externa podría ser reorganizado, lo que haría disminuir la presión de la banca acreedora y permitiría lograr una solución de largo plazo como la que ofrecía el flamante Plan Brady de la administración norteamericana para los países del tercer mundo.
El gobierno, frente a las posibilidades que ofrecía modificar severamente la forma de inserción del país en el mundo no dudó en realizar también aquí un fuerte viraje. Se consideraba que anteriormente se habían perdido jugosas oportunidades y se pagaron costos innecesarios solo por “necedad ideológica”. Por lo cual, hacia adelante se podrían abrir nuevos mercados y evitar roces con la mayor potencia económica, política, financiera y militar del planeta. Dejando de lado la tradicional bandera peronista de la “tercera posición” para asumir ahora una posición sumisa en el orden internacional, detrás de la conveniencia invocada en la teoría del “realismo periférico” (Míguez, 2013). Así, el alineamiento con el norte pasó a ser automático e incuestionable. Se prometió firmar la paz con Gran Bretaña, buscando ganar confianza y previsibilidad externa; a finales de 1989 se votó, por primera vez en la historia, la condena a Cuba en la ONU –algo que no había realizado ni siquiera algún gobierno dictatorial–; a principios de 1991 se le otorgó a Pinochet el máximo reconocimiento del Estado Argentino (la Orden del Libertador), señalando la reconciliación del hermano pueblo de Chile y por “su contribución fundamental en el tránsito a la democracia”, admirando profundamente el modelo neoliberal aplicado allí. En pocos meses se abandonó el Movimiento de países No Alineados, se aprobó el envío de tropas argentinas para intervenir en la guerra del Golfo Pérsico y el país adhirió al tribunal internacional CIADI –para garantizarle “seguridad jurídica” a los inversores externos–, relegando así soberanía legal por parte del Estado. Para fin de año, el Canciller Di Tella señaló que la Argentina debía tener con los Estados Unidos “relaciones carnales” y se desmantelaron varios proyectos armamentísticos como el misil Cóndor con el único fin de adscribir –y sobrerreaccionar– a todos los pedidos norteamericanos.
Con todos estos cambios, fue posible renegociar la deuda externa a partir de las premisas del Plan Brady, repactando los tiempos, tasas y montos. Así, se realizaron quitas de capital, los intereses se bajaron y los plazos fueron extendidos (se terminaría de pagar dentro de 30 años), recomprándose algunos papeles, como también aceptándose a estos como parte de pago en las privatizaciones. Por su parte, la nueva deuda –los bonos Brady– ahora pasó a estar garantizada por los Estados Unidos y tomó la forma de títulos de deuda (es decir, bonos públicos, lo que permitió su transformación para dejar de ser deuda bilateral con bancos privados para poder negociarse en los mercados bursátiles), algo que se pudo lograr gracias a los nuevos prestamos otorgados por los organismos internacionales de crédito (FMI, Banco Mundial, BID). La consecuencia inmediata fue que los bancos privados acreedores internacionales pasaron a cambiar papeles de deuda, en muchos casos denominados como ‘incobrables’, por bonos atractivos que cotizaban en mercados abiertos, lo que permitió que se desprendieran de sus acreencias con los países del tercer mundo, licuando el riesgo de incobrabilidad (Schvarzer, 2002: 34-37). Así, la composición de la deuda del sector público pasó de estar comprometida en más de la mitad con bancos comerciales (representaba el 53,5% en 1991) para pasar a librarlos de sus exposición al “riesgo argentino” (en 1993 la deuda con los bancos pasó a ser solo el 2,3% del total) (Ministerio de Economía). De esta manera, el gobierno argentino se había embarcado en una decisión similar a la realizada por el resto de los gobiernos de Latinoamérica, descomprimiendo el frente externo y poniéndole fin a la presión de los acreedores extranjeros, sumando aquí también nuevos aliados.
De forma paralela a estas redefiniciones, se fueron realizando otras que actuaron de modo solidario y complementario. De esta manera la liberalización y apertura económica, no solo podría estabilizar la economía y volverla atractiva para el capital extranjero, sino que además resultaba un modo para conquistar nuevos mercados y ampliar las exportaciones
