impugnar de forma eficaz, dado que las necesidades de la población civil se ven atendidas gracias a la creación de escuelas, hospitales, infraestructuras, etc., patrocinadas por el narcotráfico. Se difuminan así las fronteras donde situar las funciones del Estado y las del narcotráfico, todo ello coadyuvado por el encubrimiento y el silencio de la población civil. Como afirma Carlos Resa Nestares:
Es evidente que el poder económico procedente del tráfico de drogas se traduce además en poder social y político. La corrupción, y la intimidación y la violencia cuando ésta falla, genera importantes réditos en torno al proceso político de toma de decisiones, lo cual les permite tener acceso indirecto al debate sobre políticas que influyen en sus negocios tornándolas hacia su favor y en ocasiones en contra de los ciudadanos. Por otra parte, el cerebro racionalmente económico de los grandes narcotraficantes no sólo se dedica a trazar esforzados planes de distribución y expansión sino también a su legitimación en una sociedad concreta. Las drogas generan empleos y riquezas en zonas muy degradadas del primer y del tercer mundo, con las lealtades personales que ese flujo monetario puede generar. Pero también los grandes narcotraficantes utilizan partes marginales pero importantes de sus beneficios para obras sociales y de caridad.22
Durante la crisis de la década de 1980, sufrida por la mayoría de los países de Latinoamérica, se radicalizó la pobreza y se afianzó la alianza narco-política, creándose en México, y en muchos otros países tercermundistas, «un Frankenstein que se escapó por la puerta sin que los científicos se dieran cuenta.»23
Factores como la liberalización de precios, la desregulación de los mercados, escasos apoyos al campo24 (al sector agropecuario), desestructuración e ineficacia de las funciones del Estado, faltas en el cumplimiento en las garantías mínimas de los derechos humanos, espectralización del mercado, bombardeo consumista-informativo, frustración constante y precarización laboral ayudaron también a la popularización de la economía criminal y el uso de la violencia como herramienta mercantil, dando «el pistoletazo de salida para un vertiginoso y accidentado viaje hacia lo desconocido,»25 un camino paralelo que trazó la ruta hacia el capitalismo gore.
Con la década de 1990 llegó una nueva reforma a la economía mexicana: el Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá, que se aunó al constante servilismo del gobierno para con las empresas extranjeras, (especialmente con los Estados Unidos y los países asiáticos). El tlc contenía una serie de anomalías catastróficas. Los precios más imposibles para millones de ciudadanos (en los productos básicos de alimentación) y la vivienda se liberalizaron, pero no los que afectaban a una pequeña minoría de empresarios (el petróleo, el gas natural, etc.). Esto llevó al país a una desolación económica y política absoluta, haciendo de la clase media una minoría cada vez más escasa. Con el adelgazamiento de ésta y el incremento de las desi-gualdades sociales, como resultado de una política que permitía a los empresarios extranjeros y nacionales (en su minoría) acceder a «una licencia para imprimir dinero,»26 se produjo el desafío de las leyes y a optar por participar del pastel a través de la economía ilegal. Enriquecimiento cuasi-instantáneo que tenía como precio el derramamiento de sangre y la pérdida de la vida; precios que no resultan demasiado altos cuando la vida no es una vida digna de ser vivida sino una condición ultraprecarizada envuelta en frustración constante y en un empobrecimiento irreversible por otras vías.
«En una situación normal se consideraría que la extorsión, el secuestro y el asesinato constituyen un régimen de seguridad más bien nefasto. A la mayoría de la gente le costaría considerar como negocios legítimos el robo de automóviles, el tráfico de prostitutas o narcóticos.»27 Pero México y gran parte de Latinoamérica no se encuentran en una situación normal. Si en un país tan grande y con tantos recursos se reemplazan éstos por una serie de factores que incluyen la migración masiva del campo a la ciudad, una moneda devaluada múltiples veces, la ineficacia del Estado para adscribirse, de una forma no servil, a los cambios decisivos de la economía mundial, resulta evidente que esta sociedad no puede deja escapar «oportunidades nuevas y excepcionales [que se presentan] a los elementos más ingeniosos, más fuertes y más afortunados de la sociedad [los cuales forman una amalgama de oligarcas, delincuentes y burócratas] cuyo poder escapa de repente al poder estatal.»28
La lucha antidrogas emprendida por el gobierno mexicano
Tal y como hemos expuesto, en México el narcotráfico y la criminalidad en general desempeñan más de un rol que beneficia al Estado. Ya que, por un lado, representan una parte elevada del pib del país y, por otro lado, el Estado se beneficia del temor infundido en la población civil por las organizaciones criminales, aprovechando la efectividad del miedo29 para declarar al país en estado de excepción,30 justificando de esta manera la vulneración de los derechos y la implantación de medidas autoritarias y de vigilancia cada vez más invasivas. También, a través de la declaración del país en estado de excepción se justifica el desmantelamiento del Estado del bienestar, la eliminación de recursos como uno de los primero precios a pagar en pos de la seguridad.
Ni el gobierno ni las fuerzas de seguridad mexicanas buscan acabar con el poder de los cárteles de droga, sino limitarlo y usarlo en beneficio propio como habían venido haciendo desde hace casi cuatro décadas, puesto que planear estrategias efectivas para luchar contra el narcotráfico en México y en todos aquellos países con fuerte dependencia económica de los carteles de droga, traería como consecuencia, efectos recesivos en el conjunto de la economía y consecuencias sociales significativas.31 31 Para justificar lo anterior citamos textualmente algunos fragmentos de una entrevista hecha por Pablo Ordaz a Eduardo Medina Mora, Procurador General de Justicia de la República Mexicana aparecida en el diario El País el domingo 23 de noviembre de 2008:32 32
Pablo Díaz: No hace mucho, en un periódico mexicano apareció una viñeta en la que se veía al diablo muy preocupado, charlando con un colega por la situación de violencia que sufre el país. «Durante décadas», venía a decir, «temimos que se colombianizara México, ahora lo que nos da miedo es que se mexicanice el infierno...»
Eduardo Medina Mora: No estoy desestimando el tamaño del problema, que es muy grave y así lo asumimos, pero sí hay que considerar que los niveles de violencia en el país comparado con otros países no son tan desfavorables [sic].
Resulta sorprendente leer que al Procurador General de Justicia de la República mexicana las 5.300 muertes registradas durante el año 2008 parecen no serle suficientes para alarmarse por el estado de guerra, no declarada, en la que se encuentra el territorio mexicano en manos de los cárteles de droga. Tal vez toda la parafernalia de la lucha contra el narcotráfico emprendida por el gobierno obedezca a las lógicas de un proyecto de eugenesia cruenta en la que se busca matar a los peces menores para dar un escarmiento a la población civil y recuperar el estatus de respetabilidad que se ha ido desgastando con los años ante los ojos de la sociedad mexicana. Una lucha por recuperar el honor del Estado más que un proyecto de protección y garantía de los derechos civiles y humanos de l@s mexican@s.
Eduardo Medina Mora: El planteamiento del Gobierno no es terminar con el narcotráfico [sic] en la medida en que somos conscientes de que siempre habrá una demanda de sustancias ilícitas, sino quitarle a estas organizaciones el enorme poder de intimidación, el enorme poder de fuego que acumularon a lo largo de estos años y por consecuencia su capacidad de destruir instituciones...
El planteamiento principal de la lucha contra el narcotráfico que nos expone Medina Mora parece radicar en que la efectividad del miedo se circunscriba a las potestades del Estado; es decir, que el poder de amedrentar y beneficiarse con ello sólo sea detentable por el gobierno. El procurador Medina Mora, en sus declaraciones, no nos habla de una reformulación de la aplicación del poder sino con una perspectiva autoritaria e incluso antidemocrática. Tampoco se detiene a analizar los lazos que existen entre estos criminales y la construcción de la nación mexicana basada en el machismo y el despliegue de la violencia que ello implica.
A este respecto, Carlos Monsiváis nos dice que el término macho está altamente implicado en la construcción estatal
