etc. Los argentinos y argentinas lo experimentamos con claridad durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el Estado fue “manejado como una empresa”, con los resultados a la vista.
¿Cuál es el propósito fundamental de ese pensamiento estatal? La discusión y definición de una ética específicamente estatal que defina los valores e intereses que nos son comunes a todos: la solidaridad, la igualdad y la responsabilidad del cuidado de lo común. Y que oriente las prácticas que sean puestas en marcha para resolver los problemas comunes del futuro, muchos de ellos puestos en evidencia o profundizados por la pandemia: por ejemplo, las desigualdades sociales, la relación del trabajo y de la educación con las nuevas tecnologías, el control territorial, el desarrollo productivo y su sustentabilidad ambiental.
El segundo plano para trabajar por una nueva estatalidad es transformar el sentido común existente sobre lo estatal, porque toda lucha política es una lucha por el sentido común. Se trata de disputar, como lo formuló el político e intelectual Alvaro García Linera (2018), nada menos que el sentido que define ese “orden del mundo que está impreso en la piel de las personas”. Es así que la argamasa de esta labor será la cultura existente sobre el Estado y sus agencias, donde hasta hace pocos años apreciamos un sólido consenso a-político y a-estatal (cuando no netamente antipolítico o antiestatal).
¿Por qué es importante este sentido común? Porque, por ejemplo, determina las respuestas a preguntas tan fundamentales como éstas: ¿nuestra salud y/o nuestra alimentación deben ser consideradas problemas de toda nuestra sociedad, o sólo, por ejemplo, de los enfermos o hambrientos? ¿La educación y la seguridad deben ser consideradas derechos que deben ser garantizados por el Estado, o sólo como problemas individuales a ser resueltos (o no resueltos) por el mercado? Son estas muchas de las preguntas que fueron puestas en escena por la pandemia, y que tensionan algunos de los consensos más profundos que sostienen el orden neoliberal.
Para lograr esa transformación cultural es imperioso construir una subjetividad estatal responsable del cuidado de lo común. Y esto es mucho más que ser honesto con los fondos públicos, que ser eficaz en el cumplimiento de las tareas, que ser transparente en la asignación de recursos. Se trata de un trabajo cultural, que afecte positivamente el prestigio y la autopercepción y autoestima de los agentes estatales, y de una labor sobre sus prácticas concretas y cotidianas y, de ese modo, sobre los resultados y efectos de la organización que integran.
En la construcción de esta subjetividad estatal es fundamental lograr que sus agentes se perciban a sí mismos (y así puedan ser percibidos por otros) como sujetos prioritariamente estatales, dotados de un status distintivo frente a otras posiciones no estatales. Y para fortalecer esta autopercepción estatal es ineludible su rejerarquización salarial y profesional, como también su socialización en reglas coherentes y estables en el tiempo, en principios de avance y progreso en la carrera, vinculados con su rendimiento y su formación profesional crecientes, y en criterios de evaluación o rendición de cuentas específicamente estatales (definidas por el pensamiento estatal).
Nos referimos especialmente a la solidaridad, a la igualdad, y a la responsabilidad sobre lo que es común, y también al compromiso con lo público, a la idea de servicio, a la relevancia, a la trascendencia, a la honestidad, a la vocación (sin que esta última sea una excusa para el pago de magros salarios y condiciones deficientes de trabajo, principio que opera en el más llano sentido común sobre el Estado). Deberíamos, por ejemplo, revalorizar principios como la eficacia (que nos habla del logro) y/o la efectividad (que nos habla del impacto), ambas nociones específicamente políticas, y abdicar, por ejemplo, de la idea de eficiencia (criterio económico impuesto por el universo no estatal, que hasta hace poco tiempo permeaba el discurso de los más altos funcionarios estatales). El proceder de los agentes estatales (incluidos los altos funcionarios) no puede responder, como advertía Max Weber (1985), a una mera “lucha por las rentas individuales”, concepto tan extendido en el sentido común, que abre escenarios favorables, por ejemplo, a discusiones oportunistas sobre la necesidad de reducir “el costo de la política”. La producción de una subjetividad estatal rejerarquizada debe permitirle, a quienes forman parte de ella, ver en la consecución de las metas de conjunto la realización de su propia meta individual.
La nueva estatalidad que estamos en condiciones de discutir aprovechando las enseñanzas y oportunidades de la pandemia, supone un Estado capaz de producir comunidad y de cuidarla. En este contexto de profunda desigualdad y fragmentación social, es el Estado el que debe poner en el centro de su acción a la igualdad, a la solidaridad y a la responsabilidad como valores fundamentales. Y no sólo enunciarlas, sino además hacerlas cumplir efectivamente. Construir lo que nos es común y defenderlo es, también, tener la autoridad suficiente para decidir en última instancia y legítimamente cuál será la distribución de riesgos y costos, como sólo puede hacerlo el Estado. Reiterando la afirmación del presidente Fernández, “nadie se le puede plantar al Estado”: porque si no es el Estado el que decide y actúa, necesariamente la decisión y la acción quedarán en manos de los más poderosos.
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Bibliografía
Abad, S. y M. Cantarelli (2012): Habitar el Estado. Pensamiento estatal en tiempos a-estatales, Buenos Aires: Hydra.
Canelo, P. (2019): ¿Cambiamos? La batalla cultural por el sentido común de los argentinos, Buenos Aires: Siglo XXI.
Dubet, F. (2016): ¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario), Buenos Aires: Siglo XXI.
Evans, P. (1996): “El Estado como problema y como solución”, en Desarrollo Económico, Vol.35, N°140 (enero-marzo 1996).
García Linera, A. (2018): “El mundo de las ideas va a jugarse en decisiones económicas”, entrevista realizada por I. Schuliaquer para Política Internacional, 8 de diciembre <https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/12/alvaro-garcia-linera-el-mundo-de-las-ideas-va-a-jugarse-en- decisiones-economicas/> (disponible el 10/4/2020)
Gerschenkron, E. (1962): Economic Backwardness in Historial Perspective: A Book of Essays, Cambridge, Massachusetts: Belknap Press.
Rancière, J. (1996): El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires: Nueva Visión.
Weber, M. (1985): “La política como vocación”, en Ensayos de sociología contemporánea I. Buenos Aires: Planeta.
Paula Canelo es Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO), Magister en Ciencia Política (IDAES – UNSAM) y Licenciada en Sociología (FCS – UBA). Además de ser Investigadora del CITRA/CONICET, es profesora de grado y posgrado en la UBA y UNSAM. Algunos de sus libros son: ¿Un nuevo rol para las Fuerzas Armadas? Políticos y militares frente a la protesta social, los derechos humanos y la crisis presupuestaria. Argentina (1995-2002) (CLACSO, 2010), El Proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone (Prometeo, 2008) y ¿Cambiamos? La batalla cultural por el sentido común de los argentinos (Siglo XXI, 2019).
La crítica y el “Estado fuerte”
Por Diego Sztulwark
1. La crítica
Desde siempre la palabra de quien habla en nombre de la filosofía ha sido motivo de burla, recelo y también de admiración. La arrogancia e impostura asociadas a la pretensión del decir filosófico, aspirante al saber, sin embargo, ha concitado particular atención cada vez que el discurso teórico pudo mostrar alguna clase de utilidad para alguien, articulando la creación de conceptos con la creación de formas de vida. Esa exigencia de practicidad pesa sobre la intervención filosófica en el espacio público, bajo la atención examinadora y suspicaz de unxs lectores que la someten a la pregunta práctica sobre el para qué sirve semejante
