para investigar la posibilidad de presentar cargos, incluyendo conspiración bajo la Ley de Espionaje de 1917, contra Julian Assange y otros. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que se trata de una investigación de una «escala y naturaleza sin precedentes». En los procesos judiciales del Gran Jurado no hay juez o abogados de la defensa presentes. Desde entonces, en las audiencias del comité parlamentario se ha escuchado a miembros del Congreso de Estados Unidos sugerir que la Ley de Espionaje pueda ser usada como herramienta para perseguir a periodistas que «publicaran deliberadamente información filtrada» lo que sugiere que este enfoque está siendo adoptado en el sistema judicial estadounidense.24
Al momento de la publicación de este libro, la investigación sobre WikiLeaks seguía en curso.25
Varias personas fueron legalmente intimadas a aportar su testimonio. En autos del juicio a Bradley Manning, el soldado acusado de suministrarle información a WikiLeaks, aparece un archivo del FBI sobre la investigación a WikiLeaks que tiene más de 41.000 páginas, 8000 de las cuales refieren a Manning. Bradley Manning ha estado detenido sin un proceso judicial en su contra por más de 880 días. El Relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, formalmente halló que Bradley Manning había sido tratado de forma cruel e inhumana, lo que posiblemente calificara como tortura.26
Llamados a asesinar a Julian Assange y constitución pública de grupos operativos contra WIkiLeaks
La investigación del Gran Jurado no es la única fuente de ataques contra WikiLeaks. En diciembre de 2010, a raíz del Cablegate, varios políticos estadounidenses en actividad reclamaron el asesinato extrajudicial de Julian Assange, incluso mediante aviones no tripulados. Senadores de Estados Unidos calificaron a WikiLeaks como una «organización terrorista» y tildaron a Assange de «terrorista de alta tecnología» y de «combatiente enemigo» involucrado en una «guerra cibernética».27
Previo a la publicación de Los registros de la guerra de Irak y el Cablegate, el Pentágono creó un equipo de 120 miembros llamado Grupo Operativo sobre WikiLeaks (WTF, por sus iniciales en inglés), dedicado a «tomar medidas» contra WikiLeaks. También hay en funcionamiento grupos operativos constituidos públicamente en el FBI, la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.28
Censura directa
En un hecho de censura sin precedentes para una publicación periodística, el Gobierno estadounidense presionó a proveedores de servicios de internet para que suspendieran el servicio que le brindaban a WikiLeaks.org. El 1 de diciembre de 2010, Amazon retiró a WikiLeaks de sus servidores de almacenamiento, y el 2 de diciembre se interrumpió el servicio DNS que apuntaba al dominio WikiLeaks.org. Durante este período, WikiLeaks se mantuvo en línea gracias a una campaña de «espejado masivo», en la cual miles de partidarios de WikiLeaks copiaron el sitio Web, y alojaron su propia versión, distribuyendo las direcciones IP a través de las redes sociales.29
La administración Obama advirtió a los empleados federales que los materiales divulgados por WikiLeaks seguían siendo confidenciales —aunque estos estaban siendo publicados por algunas de las principales organizaciones de noticias del mundo incluyendo The New York Times y The Guardian—. Se informó a los empleados que acceder al material, ya sea en WikiLeaks.org o en el The New York Times, calificaría como una violación a la seguridad.30 Agencias gubernamentales como la Biblioteca del Congreso, el Departamento de Comercio y el Ejército estadounidense bloquearon el acceso a los contenidos de WikiLeaks desde sus redes. La inhabilitación no se limitó al sector público. Empleados del Gobierno estadounidense advirtieron a instituciones académicas que aquellos estudiantes que aspirasen a tener una carrera en la función pública debían evitar el material divulgado por WikiLeaks en sus investigaciones y en sus actividades en línea.
Censura financiera: el bloqueo bancario
WikiLeaks se financia con donaciones de sus partidarios. En diciembre de 2010, importantes instituciones bancarias y financieras, incluyendo a VISA, MasterCard, PayPal y Bank of America, cedieron a la presión extraoficial de Estados Unidos para dejar de brindarle servicios financieros a WikiLeaks. Estas instituciones bloquearon las transferencias bancarias y toda donación realizada mediante las principales tarjetas de crédito. Si bien son instituciones estadounidenses, su omnipresencia en las finanzas mundiales impidió que donantes tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo pudieran enviar dinero a WikiLeaks para apoyar sus actividades de divulgación.
El «bloqueo bancario», tal como se lo conoció, fue llevado a cabo por fuera de cualquier procedimiento judicial o administrativo y seguía vigente al momento de la publicación de este libro. WikiLeaks ha estado llevando adelante importantes casos judiciales en diferentes jurisdicciones de todo el mundo a fin de suspender el bloqueo, con algunas victorias preliminares, y procesos legales aún abiertos. Mientras tanto, se ha interrumpido la transferencia de ingresos a WikiLeaks lo que —debido a sus altos costos— lo obliga a funcionar con fondos de reserva desde hace ya casi dos años.
El bloqueo bancario es una confirmación del poder de control sobre las transacciones financieras entre terceros. Este directamente socava las libertades económicas de los individuos. Más allá de esto, la amenaza a la existencia que plantea para WikiLeaks ejemplifica una nueva e inquietante forma de censura económica global.31
Algunas personas presuntamente asociadas con WikiLeaks, junto a partidarios y al personal mismo de WikiLeaks, han tenido misteriosos problemas con sus cuentas bancarias, desde inconvenientes con los detalles de sus cuentas hasta el cierre total de las mismas.
Hostigamiento a Jacob Appelbaum y Jérémie Zimmermann
El 17 de julio de 2010, Julian Assange tenía previsto presentarse en la conferencia de hackers HOPE en la ciudad de Nueva York. Assange canceló y Jacob Appelbaum dio la charla en su lugar. Desde entonces, las autoridades han montado una campaña de hostigamiento contra Appelbaum y sus allegados. Appelbaum ha sido periódicamente detenido, inspeccionado, privado de acceso a un representante legal e interrogado en cruces fronterizos cada vez que entra o sale de Estados Unidos. Su equipamiento ha sido incautado y sus derechos fueron vulnerados, episodio durante el cual fue amenazado de otras violaciones de sus derechos. Su detención y hostigamiento ha involucrado a docenas de agencias de Estados Unidos, desde el Departamento de Seguridad Interior, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas al Ejército de los Estados Unidos. Estas detenciones llegaron a incluir la prohibición del uso del sanitario como método para forzar su voluntad. Durante todo esto, Appelbaum nunca ha sido acusado o informado por el Gobierno sobre los motivos de su hostigamiento.32
A mediados de junio de 2011, cuando se aprestaba a abordar un avión en el aeropuerto Dulles de Washington, Jérémie Zimmermann fue detenido por dos agentes que dijeron ser del FBI. Los agentes lo interrogaron sobre WikiLeaks y amenazaron con arrestarlo y enviarlo a prisión.
Appelbaum y Zimmermann están en la larga lista de amigos, partidarios o presuntos socios de Julian Assange quienes han sido objeto de hostigamiento y vigilancia por parte de las agencias de Estados Unidos, una lista que incluye a abogados y periodistas en ejercicio de sus actividades profesionales.
Decomiso sin orden judicial de registros electrónicos y el «caso del emplazamiento a Twitter»
El 14 de diciembre de 2010, Twitter recibió un «emplazamiento administrativo» de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos mediante el cual se le ordenaba presentar toda información que pudiese ser relevante para una investigación sobre WikiLeaks. El emplazamiento fue lo que se denomina una «orden 2703(d)», con relación a una sección de la Ley de Comunicaciones Almacenadas. Bajo esta ley, el Gobierno estadounidense se arroga la autoridad de forzar la entrega de registros electrónicos de comunicaciones privadas sin necesidad de que un juez emita una orden de allanamiento —sorteando efectivamente las protecciones de la Cuarta Enmienda frente al registro e incautación arbitrarios—.
El emplazamiento buscaba nombres de usuarios, registros de correspondencia, direcciones, números telefónicos,
