que mandan, Eudeba, Buenos Aires, 1964.
[5]. A. Ballent, Las huellas de la política. Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943-1955, Universidad Nacional de Quilmes-Prometeo, Buenos Aires, 2005; “La casa para todos. Grandeza y Miseria de la vivienda masiva”, en Fernando Devoto y Marta Madero, Historia de la vida privada en la Argentina. La Argentina entre multitudes y soledades. De los años treinta a la actualidad, Taurus, Buenos Aires, 1999, y “Perón en la «ciudad sin esperanza». La política y las políticas en Buenos Aires”, en P. Berrotarán, A. Jáuregui y M. Rougier, Sueños de bienestar en la Nueva Argentina. Estado y políticas públicas durante el peronismo 1946-1955, Imago Mundi, Buenos Aires, 2005.
[6]. R. Aboy, Viviendas para el pueblo. Espacio urbano y sociabilidad en el barrio Los Perales. 1946-1955, Fondo de Cultura Económica-Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 2005.
[7]. K. Ramacciotti, “Ramón Carrillo: rupturas y continuidades en la política sanitaria argentina entre 1946-1954”, Revista Taller, Buenos Aires, 2002, y “Las tensiones en la política sanitaria de Ramón Carrillo” en P. Berrotarán, A. Járegui y M. Rougier, Sueños de bienestar…
[8]. S. Belmartino, “Las obras sociales, continuidad o ruptura en la Argentina de los 40”, en M.Z. Lobato (ed.), Política, médicos y enfermedades, Biblos, Buenos Aires, 1996, y La atención médica argentina en el siglo XX. Instituciones y procesos, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2005.
[9]. Como el objetivo de este trabajo era el análisis del Estado nacional, se dejó de lado la acción en este ámbito de las provincias y los entes nacionales autónomos (como YPF, por ejemplo), que también contribuyeron a la construcción de viviendas
CAPÍTULO 1
Las transformaciones en el aparato del Estado, 1943-1955
Introducción
Cuando Juan Domingo Perón asumió la presidencia de la Nación en 1946 contaba con un aparato Estatal con funciones ampliadas desde los años 30, a partir de las cuales fueron apareciendo las Juntas reguladoras, el Banco Central, la Dirección de Impuesto a los Réditos, el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, la Dirección Nacional de Vialidad. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron nacionalizadas las industrias de propiedad alemana y se estableció el control de la industria pesada a través de Fabricaciones Militares, creado el Banco de Crédito Industrial, que al permitir la aparición de crédito a mediano y largo plazo y la movilización por parte del Estado del ahorro interno transformaría al sector financiero en un elemento útil para el desarrollo industrial, en el plano laboral el estado supervisó los contratos colectivos de trabajo utilizando los decretos de 1944 que establecían el campo de acción de la Secretaría de Trabajo y Previsión, hasta que fue sancionada en 1953 la ley 14250.[1]
El gobierno peronista basaba su legitimidad en el “hacer”, pero esa capacidad, ampliamente publicitada, se apoyó sobre la planificación, que brindaba la perspectiva de una gestión coordinada y racional. Para ello se crearon nuevas estructuras y formas de coordinación. Una de las tareas más trascendentes tomadas a partir de 1943 fue un proceso de recopilación de información estadística.
Surgió entonces un Estado motor y conductor del proceso que apuntaba a consolidar la autonomía económica del país. Los medios institucionales para lograrlo fueron el Consejo Nacional de Posguerra, creado en 1944 –transformado en 1946 en Secretaría Técnica de la Presidencia, y tras la reforma constitucional de 1949 en Ministerio Técnico–[2] organismo de planeamiento que recopilaba información para lograr un diagnóstico de la situación del país y que se encargó de elaborar ambos Planes Quinquenales (1947-1951 y 1953-1957); y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como institución directora y contralor del mejoramiento material e integración social de los sectores de menores recursos.[3]
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STP) desarrollaba la doble tarea de codificación y de reconocimiento y control de todo lo que involucrara las relaciones entre capital y trabajo, y asegurara la paz social. Amplió el radio de aplicación de la legislación laboral, creando un cuerpo de inspectores que controlaban su cumplimiento, y aseguró un papel clave como árbitro en la discusión de los Convenios Colectivos de Trabajo. La organización obrera se centralizó en una CGT unificada que recibía a través del paternalismo estatal un notable impulso desde la sanción de la ley de asociaciones profesionales[4]
En el mes de agosto de 1944 el decreto 21.877 estableció las penalidades para aquellos que interfirieran en el accionar de la STP, la medida fortalecía su posición desde el punto de vista institucional tanto para arbitrar en los conflictos entre el capital y el trabajo, como su participación en los convenios colectivos de trabajo.
En ella se explicitan las atribuciones del organismo, determinando los recursos jurídicos con los que contaría desde entonces. Su artículo 2º establecía que en el caso de que los infractores fueran entidades con personería jurídica, la misma sería cancelada.[5]
En cuanto a una ley de convenios colectivos de trabajo, sancionada en 1953, no define que son dichos convenios, pero establece que se celebrarán entre asociaciones de patrones y de trabajadores que tengan personería gremial (art. 1º), y serán homologados por el Ministerio de Trabajo y Previsión, siendo válidos para todos los trabajadores y empleadores de la actividad (art. 3º). Una vez homologados, su cumplimiento resultará obligatorio para todos los trabajadores, afiliados o no al sindicato, que trabajen en la rama de actividad, lo mismo que las contribuciones a favor del sindicato que participó de la negociación (art. 8º). En cuanto a los patrones que no se encuentran afiliados a la entidad que participó de la negociación, también están obligados a respetarla (art. 9º).
La ley también establece la existencia de comisiones paritarias, formadas por el mismo número de representantes obreros y patronales, y presididas por un funcionario del Ministerio con el objeto de interpretar el convenio colectivo y proceder a la calificación del personal (art. 15). Las mismas podrían intervenir para conciliar en los conflictos que se generen por la aplicación del convenio (art. 16).[6]
La STP obtuvo amplias facultades al instituirse el arbitraje obligatorio en los conflictos, y la capacidad para establecer la legalidad o ilegalidad de las huelgas.[7] En resumen, a partir del golpe de 1943 el Estado argentino adquirió nuevas funciones: promovió el bienestar social de la población y se constituyó en árbitro en los conflictos entre el capital y el trabajo
Eran objetivos del gobierno implementar una política económica mercadointernista, conducida por un Estado dirigista, nacionalista y popular capaz de facilitar la redistribución del ingreso hacia una industria productora de bienes de consumo para un mercado interno que se había expandido como consecuencia del mejoramiento de los niveles de ingreso de la población, en su intento de concretar los objetivos del peronismo: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social.
Señala Daniel García Delgado,[8] que mientras en los países centrales, los problemas sociales
