los sectores, en los países periféricos, esta responsabilidad fue impuesta compulsivamente por el Estado.
La función social de los aparatos estatales se expandió en la década de 1945 a 1955 siguiendo lógicas distintas pero complementarias. El Estado se encargó de regular las relaciones entre el capital y el trabajo, proponiéndose como instancia neutra, pero se aseguraron mecanismos para preservar los intereses de los sectores socialmente más vulnerables.[9]
La racionalidad acordada a la acción estatal y los beneficios acordados a los trabajadores aumentaron fuertemente su legitimidad en la opinión de una parte considerable de la sociedad, pero al mismo tiempo la deterioraron entre los sectores opositores. Además, el Estado se introdujo en dominios culturales, de empleo del tiempo libre, de control de los medios de comunicación, de vigilancia de las organizaciones profesionales, pretendiendo no dejar nada fuera de su órbita.
Las nuevas funciones asumidas por el Estado implicaban la incorporación de una burocracia estatal diferente de alto nivel profesional en las áreas de la política económica y tributaria.
Las condiciones de ampliación del Estado y su politización partidista, sacaron a la luz los elementos de ineficiencia que producía esta doble función. Por un lado se buscaba que cumpliera con las tareas burocráticas modernas que requerían destrezas y conocimientos propios de los saberes técnicos correspondientes. Pero, por el otro, la búsqueda de lealtad política de quienes ejercían responsabilidades administrativas sesgaba con preferencias partidistas las incorporaciones y promociones de funcionarios y empleados.
Los criterios burocráticos valoraban la eficiencia pero se superponían con los patrones cuya primacía se ponía en la lealtad política y el adoctrinamiento para alcanzar el mejor funcionamiento de la administración pública. Si bien es probable que la homogeneización ideológica del personal no se alcanzara, la voluntad de politizar las promociones y el reclutamiento, en lugar de servir para organizar, desorganizaba al aparato estatal.[10]
Los cambios institucionales durante el gobierno militar
Las Fuerzas Armadas en el poder formularon su intención de mejorar las relaciones entre el Estado y los actores sociales más tradicionales de la sociedad deteriorados desde principios de la década del 40. Sin embargo, esta orientación no fue la que marcó la dinámica del período en que gobernaron el país. La tendencia a la creciente autonomía del Estado con respecto a los intereses de los principales sectores propietarios se agudizó entre 1943 y 1946[11]
Como dijimos, desde principios de la década del 30 existía una tendencia a la ampliación de funciones y a la expansión de las estructuras estatales. Además, los militares y los sectores civiles que los apoyaban pretendían implementar una política de reformas a partir de una agenda originada en las críticas al orden existente.
Esta agenda estaba elaborada a partir de ciertas publicaciones como la Revista de Economía Argentina (que respondía a la inspiración de Alejandro Bunge), y Hechos e Ideas (que expresaba la opinión de sectores intelectuales ligados al radicalismo), o el recientemente creado Centro de Estudios de la UIA, la modificación de las funciones del estado tenía un papel fundamental para llevar a cabo esta obra de transformación
Siguiendo a Campione,[12] podemos sintetizar estas propuestas de la siguiente manera:
1 La necesidad de un reordenamiento económico social que incluyera la diversificación económica y el mantenimiento de la paz social.
2 La exigencia de redefinir la inserción del país en el mercado mundial.
3 La solución de la cuestión obrera a través del abordaje de una política de seguridad social.
4 El problema de la legitimidad política planteado por el descrédito que producía el ejercicio del fraude electoral.
5 La reorganización del Estado, que implicaba su modernización a través de la introducción de criterios basados en el saber económico y administrativo.
Durante la llamada “década infame”, el aparato estatal había sufrido cambios importantes, con la creación de una multitud de organismos de menor jerarquía, muchos de ellos ligados a las funciones reguladoras de la economía, y el surgimiento de una burocracia de elevado nivel técnico profesional. Esta transformación había sido del tipo que Campioni llama incrementalista. El régimen político creado luego del 4 de junio de 1943, sistematizó los rasgos de las reformas y afectó los niveles superiores, ya que se trataba de orientar una apertura a la participación popular, así como acentuar el perfil de regulación de precios y provisión de infraestructura y protección a la industria.
Para ello, suponían los ideólogos del nuevo régimen, era necesario que el Estado dejara de representar intereses sectoriales para identificarse con la colectividad nacional en su conjunto, construyendo consensos amplios.
Los críticos de la organización estatal, como el general Sarobe, atribuían las deficiencias a la rigidez y tradicionalismo de la organización ministerial, que había generado la necesidad de creación de organismos que no respondían a un ningún plan o coordinación. No existían sectores estatales con la envergadura necesaria que se ocuparan de las necesidades de la industria y las nuevas formas de transporte. Empezaba a ser clara la necesidad de instaurar mecanismos concretos de planificación y coordinación que dieran sentido al aparato estatal.
Eran objetados los Ministerios establecidos por la Constitución de 1853, que habían perdido autoridad frente a los organismos creados por presión de sectores económicos que buscaban medidas de protección frente a los efectos de la crisis de 1929, que alcanzaron autonomía durante la Segunda Guerra Mundial. La propuesta era conformar nuevos ministerios: de Trabajo, Abastecimiento, Comunicaciones, Fomento Industrial, Comercio, Minería, Asistencia Social, Comunicación, exigidos por la nueva realidad nacional. El conjunto de estos organismos debían conformar un Consejo Económico.[13]
A partir del momento en el que los militares tomaron el poder, fue creciendo una concepción de un Estado autónomo de los sectores de poder, asumiendo la forma de una reafirmación de la autoridad por encima del conjunto de la sociedad, clave para la construcción de una nueva legitimidad, reservándose el derecho de presidir y orientar.
Para ello se necesitaba instalar una nueva concepción de Estado que asumiera una función planificadora, capaz de dar un sentido global a sus intervenciones en la vida nacional.
Las nuevas funciones del Estado se montaron sobre las estructuras organizativas y burocráticas conformadas durante la “década infame”. Para desempañarlas era necesario independizarlas de los factores de poder para instalarse en la intersección de las relaciones sociales. Debía funcionar cómo árbitro entre los diferentes sectores, coordinar sus acciones particularistas encaminándolos hacia el cumplimiento de objetivos comunes. Debía movilizar los medios necesarios para alcanzar estos objetivos.[14] Se requería el estudio y el análisis de información confiable, mientras que su ejecución requería el dominio de técnicas de administración modernas.
En este período se fortalecieron los organismos técnicos productores de información, claves para un estado dispuesto a reformular sus políticas. Creció el sector estadístico, se crearon numerosos índices, con los propósitos más variados, se establecieron diversos organismos científico-tecnológicos, orientados a la diversificación y tecnificación de los
