con jerarquía y funciones similares a las ministeriales, dependientes de la Presidencia de la Nación, creando una nueva figura organizativa: los Consejos Nacionales como instancias de coordinación de los diversos organismos estatales, que incluían la participación subordinada de representantes de patrones y trabajadores. Ministerios preexistentes cambiaron completamente su fisonomía, como el de Agricultura, que a partir de 1944 perdió la competencia en temas industriales y comercialización (incluso de los productos agropecuarios), viéndose reorientado a funciones ligadas con el desarrollo de tecnologías agropecuarias, la protección de la flora y fauna y la riqueza forestal del país, tanto en el nivel de la investigación como en el de la extensión rural y el asesoramiento a los productores, con la creación de organismos destinados a la enseñanza rural, la zootecnia y la experimentación agrícola.[15]
Este proceso se inició en octubre de 1943 cuando un decreto reemplazó la antigua Dirección de Comercio e Industria del Ministerio de Agricultura por una reorganizada Dirección General de Industria, a cuyo frente fue colocado el coronel Mariano Abarca,[16] un oficial industrialista vinculado a la UIA. Pocos meses después, en junio de 1944, se organizó la Secretaría de Industria y Comercio como un organismo dependiente de la Presidencia de la Nación. Se trataba de crear una burocracia especializada en la formulación de una política sectorial. La misión de la Secretaría era estudiar, proponer y formular la legislación comercial e industrial; analizar los tratados internacionales y promover el abastecimiento de productos alimenticios, materias primas y manufacturas, incluso la fabricación de envases textiles para la agricultura.[17]
Las secretarías y consejos divididos en departamentos, se organizaron a partir de problemas puntuales, donde cada función tenía un espacio definido. La Secretaría de Trabajo y Previsión, por ejemplo, absorbió múltiples organismos como la Dirección Nacional de Trabajo, las direcciones de Higiene Industrial y Social, la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, la Comisión Nacional de Casas Baratas, la Cámara de Alquileres, la Comisión Asesora para la Vivienda Popular, la Dirección de Inmigraciones, la Comisión de Reducción de Indios y la Junta Nacional para Combatir la Desocupación, que se redefinieron a sí mismos en una organización centralizada. En ella, todas las estructuras nacionales, provinciales y municipales de la esfera de acción de las diferentes direcciones pasaron a revestir un carácter de delegaciones provinciales de la STP, lo que afectaba las autonomías provinciales. La presencia nacional de estas delegaciones permitió centralizar las políticas que se impulsaron desde el gobierno.
Los consejos creados durante el gobierno militar eran estructuras heterogéneas que incluían representantes de diversos organismos estatales, combinados con la participación de los de las organizaciones patronales y sindicales. Debían su importancia a su capacidad centralizadora. Eran instancias de decisión, dependían del Poder Ejecutivo, facilitaban el diseño, ejecución y control de políticas globales que involucraban al conjunto del aparato estatal, extendiendo su influencia a todo el territorio nacional, integraban transversalmente los espacios estatales. La incorporación de representantes de la esfera privada incrementaba la heterogeneidad e instalaba al estado como “arena de conflicto”. La presencia de representantes del sector público, mayoritariamente técnicos, era superior a los representantes privados, que, a su vez, tenían diferentes niveles de responsabilidad. Los principales consejos nacionales no sobrevivieron al período militar.
La inclusión en estos consejos de numerosas representaciones extendía la posibilidad de recabar información, tomar decisiones y obtener un compromiso de todos los representantes en ese consejo.
Otra innovación fue la creación del Banco de Crédito Industrial, en cuya Carta Orgánica se señalaba como objetivo estimular las actividades que “tiendan a satisfacer las necesidades imprescindibles de nuestro mercado y las que extraigan, utilicen o manufacturen productos del país, dando preferencia a la pequeña y mediana industria y a las que contribuyan a la defensa nacional y al desarrollo de las economías nacionales”.[18]
Proyectó financiar inversiones mediante créditos a mediano y largo plazo, o contribuir al saneamiento financiero de empresas a través del rescate de deudas bancarias o comerciales. En 1945, una reforma de su Carta Orgánica, lo autorizó a recibir depósitos y otorgar créditos a corto plazo, además, se creó una sección especial de fomento industrial para el aliento de las pequeñas y medianas empresas.[19]
El Consejo Nacional de Posguerra
El más emblemático de los Consejos fue el Consejo Nacional de Posguerra (CNP), creado en agosto de 1944, respondiendo a la necesidad de alcanzar consensos para la política económica y social emprendida por el gobierno. El objetivo del CNP, dependiente de la Vicepresidencia de la Nación, que ejercía el coronel Perón, era realizar estudios para el reordenamiento de la economía y coordinar la planificación de actividades de los diferentes organismos del estado.
La presidencia del Consejo era desempeñada por el vicepresidente de la Nación, quien ejercía la dirección política del organismo; la Secretaría General estaba a cargo del Consejero Técnico de la vicepresidencia (Figuerola), mientras que las dos vicepresidencias estaban en manos del Secretario de Trabajo y Previsión (el propio Perón) y el Secretario de Industria y Comercio (general Julio Checchi) que estaba vinculado con la UIA. Incluía numerosas comisiones y subcomisiones que realizaban estudios específicos. Las subcomisiones, de carácter informativo, estaban integradas por representantes sectoriales. La subcomisión “patronal” desarrollaba las cuestiones financieras y de fomento de la producción, el comercio, y las cuestiones sociales, en la subcomisión “obrera” se estudiaban temas como los salarios, la seguridad social, o la economía popular.
El Consejo surgió con el aval de las principales corporaciones y el apoyo de fuerzas sociales dispuestas a confluir en el estado para pensar y conducir los proyectos económicos y sociales, pero cada uno de los que integraron estas comisiones lo hizo a título personal.
Funcionó con el apoyo de una fuerte burocracia homogénea que le permitió realizar, en menos de un año un relevamiento de la situación y publicar un informe. De los cien empleados atribuidos al Consejo, setenta y seis fueron reclutados del Consejo Nacional de Estadísticas, muchos de ellos habían pasado a éste desde la vieja Dirección Nacional del Trabajo,[20] donde Figuerola había trabajado durante años, y se organizaron en divisiones técnico-administrativas, de asuntos legales, economía y finanzas y estadística social coordinadas centralmente. Aunque las decisiones eran tomadas por la comisión permanente.
Para definir el diagnóstico de situación, se elaboró una encuesta que debió ser contestada obligatoriamente por los empresarios y los organismos públicos del área económica.
En febrero de 1945 se ampliaron sus funciones, al disponerse que todas las secretarías de Estado debían presentar sus proyectos al Poder Ejecutivo con un informe previo del Consejo acerca de su “procedencia o improcedencia”.
Después de tres años de gestión del gobierno, en la cúspide del Estado, encontramos a la Presidencia convertida en un centro de decisiones y un Gabinete más numeroso y diversificado.
Por debajo de ese nivel, una multitud de organismos nuevos o renovados ejecutores de políticas cumplían las más variadas funciones, y se complementaban con otros tendientes a mejorar la capacidad de ejecución: organismos dedicados a la información técnica, a las estadísticas, los registros de cualquier tipo, ocupaban un lugar que nunca habían tenido, y permitieron que el Estado mejorara la capacidad de decisión.[21]
