Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Horacio Gaggero
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Los funcionarios estatales del gobierno militar
El gobierno militar estableció en diciembre de 1943 el Estatuto del Servicio Civil para la Administración Nacional.[22] Entre sus considerandos establecía que la política administrativa y la ciencia de la administración aconsejaban dictar normas permanentes que comprendieran a todo el personal civil con funciones estables en el aparato del estado. Pretendía fijar derechos y obligaciones, a los efectos de no desnaturalizar la relación contractual, pretendiendo establecer las condiciones de idoneidad necesarias para el desempeño de la función pública y los requisitos necesarios para el ingreso permanencia y ascenso.
El ingreso a la administración se haría por el puesto inferior de la escala jerárquica de cada categoría de acuerdo con una clasificación que incluía a) al personal administrativo y técnico profesional; b) al personal obrero y de maestranza, y c) al personal de servicio; establecía además que el ingreso a los cargos técnicos se haría por concurso.[23]
Los requisitos para el ingreso como personal administrativo eran ser argentino nativo, por opción o naturalizado con más de diez años en el ejercicio de la ciudadanía; tener dieciocho años, acreditar antecedentes de moralidad, presentar certificado de buena salud y aptitudes físicas, haber cumplido con el servicio militar y prestar juramento de fidelidad a la Nación y sus instituciones. Se requería además el certificado de sexto grado y aprobar un examen de competencia y dactilografía.
La posesión de un título universitario, técnico o de bachiller, maestro normal o perito mercantil, así como los antecedentes científicos o culturales, suplían la prueba de ingreso.
Cada repartición debía formular los programas de exámenes y bases para los concursos, de acuerdo a sus necesidades y los reglamentos de las pruebas. Preveía cubrir las vacantes que se produjeran por riguroso ascenso en la escala jerárquica, dentro de la respectiva repartición y categoría, respetando el orden de mérito resultante de la clasificación, que se confeccionaría anualmente en base a un sistema que tenía en cuenta: la capacidad; las condiciones personales; las aptitudes especiales; la antigüedad en el cargo, la antigüedad en la Administración, la dedicación y la disciplina.[24]
Se prohibía a los agentes de la Administración Pública la afiliación a los partidos políticos y su intervención en actos de propaganda o proselitismo, cuyo incumplimiento sería castigado con la exoneración.[25]
Por su parte, el decreto 16.673 del 16 de diciembre de 1943 disponía que se impartieran instrucciones a los interventores de provincias para que pusieran en vigencia el Estatuto del Servicio Civil,[26] al año siguiente, otro decreto, prorrogó su aplicación. Berrotarán señala que el estatuto no fue implementado, pero a los efectos de este trabajo, sus consideraciones resultan importantes como señal del tipo de funcionario público que las autoridades nacionales de la época pensaban necesario para que el Estado estuviera en condiciones de cumplir con las nuevas tareas que se le asignaban.
Pero la renovación estatal implicaba también un recambio en la elite gubernamental, que requería nuevos perfiles profesionales, aunque una mirada más profunda de la composición de los elencos del aparato estatal, muestra que la burocracia permanente, de carrera, especializada fue una fuente de reclutamiento de los nuevos elencos de funcionarios. Campione[27] identifica siete grupos de procedencia que tendrían rasgos suficientes como para considerarlos tales.
El primero de estos grupos es el de los funcionarios de perfil socioprofesional asociados al llamado grupo Prebish, de actuación anterior en el Ministerio de Hacienda y en el sistema financiero estatal; este grupo mantuvo su presencia e influencia durante los primeros meses posteriores al golpe del 43, hasta fines de ese año, cuando fueron cesados al producirse el desplazamiento de los sectores liberales. Sus características principales eran su experiencia como funcionarios de carrera, con título obtenido en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, independencia política y su autopercepción como un grupo eminentemente técnico.
En tanto que el grupo Prebish fue desplazado, se verificó el ascenso del segundo, compuesto por un conjunto de economistas que ejercieron una suerte de “relevo generacional”. Eran hombres formados en la administración pública, en muchos casos bajo tutela del grupo anterior que, en general, no llegaron a los primeros planos hasta la presidencia de Perón. Entre ellos destacan Alfredo Gómez Morales,[28] Miguel Revestido,[29] Roberto Ares, y Ramón Cereijo,[30] que ingresaron a la administración, una vez graduados en Ciencias Económicas, después de dar algún tipo de examen de ingreso.
Ellos también se percibían como un grupo, así lo deja claro Gómez Morales:
Quiero dejar en claro que la forma personal de expresarme es una simple modalidad. El equipo que yo integré no estaba necesariamente presidido por mí, era un equipo homogéneo integrado por Cereijo, Ares, Barro y yo. Me hice cargo del Ministerio de Finanzas, Cereijo del Ministerio de Hacienda, Ares del Ministerio de Comercio Exterior y Barro de Industria y Comercio, y actuaba como usted sabe en equipo hasta 1952.[31]
El tercer grupo está formado por veteranos de otras áreas de la administración pública, con diversos perfiles profesionales que el gobierno militar acercó a los primeros planos de la gestión estatal. El caso emblemático es José María Figuerola promotor de la estadigrafía y la planificación, que fue vicepresidente del Consejo Nacional de Posguerra, y luego secretario de Asuntos Técnicos entre 1946 y 1949.
En un proyecto que postulaba el fortalecimiento del papel del Estado a través de su función de planificación, los funcionarios de carrera con un saber técnico y experiencia en la función pública fueron convocados a desempeñar funciones más importantes.
Otra fuente importante de reclutamiento fue la de ex funcionarios provinciales (provenientes del gobierno de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires).
Un quinto grupo es el de los militares “técnicos” con experiencia burocrática previa y formación profesional fuera del ámbito militar, que encontraron su papel como “empresarios estatales” en que se habían desempeñado algunos oficiales del ejército desde la década del veinte. Sus funciones se llevaron a cabo en áreas de acción económica, como el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Industria y Comercio. Hombres relativamente jóvenes y en servicio activo como los teniente coroneles Mariano Abarca, y Alfredo Baisi,[32] el coronel Julio Checchi,[33] o el mayor Bartolomé de la Colina,[34] a los que puede asociarse el general Juan Pistarini.[35] Algunos de ellos estuvieron vinculados con la UIA, a través de disertaciones en su Instituto de Estudios Industriales, publicando en su revista Argentina Fabril o en la Revista de Economía Argentina de Bunge.
Un sexto grupo es el de los radicales renovadores, hombres de segunda o tercera fila del partido, sin otra característica en común que su