la Memoria del instituto correspondiente a 1949 se justificaba esta decisión de la siguiente manera:
La creación del IAPI, llevado a cabo por el Decreto-Ley 15350 del 28 de mayo de 1946, respondió a la necesidad de encarar, de forma racional y amplia la solución de una serie de problemas fundamentales cuyo origen es anterior a la segunda guerra mundial, y que […] exigieron ineludiblemente una nueva política económica oficial en relación con los principales rubros del comercio de exportación argentino.
[…] Como consecuencia de la guerra y de su carácter cada vez más general, que impuso la movilización y coordinación al máximo de los recursos de las naciones beligerantes, se produjeron diversas alteraciones y combinaciones de la forma de encarar las relaciones económicas entre los distintos países que se manifestaron en una centralización de las compras de productos de necesidad común en determinados organismos nacionales e internacionales.”
[…] Tales medidas, sin embargo, no se limitaron exclusivamente al período bélico. Una vez terminado el conflicto los países importadores de grandes renglones agropecuarios prefirieron seguir dicha política de coordinación y centralización de sus compras.[57]
Esto habría llevado, siempre según la fuente, al gobierno nacional a contar con una institución estatal capaz de defender las cotizaciones de los productos nacionales de exportación, con el objeto de establecer una política agrícola-ganadera de largo alcance, destinada a orientar, estabilizar y proteger los intereses de los productores
El decreto 15.334/46 establecía:
Art 3º. El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio tiene por objeto promover el desarrollo del comercio interior y exterior y llevar a cabo los actos que sean necesarios o convenientes a ese fin.
Art. 4º. El capital inicial del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio será de $ 4.000.000, que se integrarán con parte de las diferencias de cambio pertenecientes al Estado acumuladas por la Corporación para la Promoción del Intercambio S. A. (en liquidación).
El IAPI podría realizar todos los actos y operaciones tendientes a comprar, vender o permutar toda clase de bienes, títulos, créditos acciones o derechos; constituir o aceptar sobre ellos prendas e hipotecas; almacenar toda clase de bienes en depósitos propios o de terceros; intervenir en el transporte de mercaderías mediante la celebración de convenios con empresas de transporte de todo tipo.[58] Todas las negociaciones o compras que dispusiese el Poder Ejecutivo, debían hacerse a través del organismo.[59]
La Dirección del Instituto estaba a cargo de un Presidente (que sería el Presidente del Banco Central), un vicepresidente y siete directores: uno propuesto por el Ministerio de Agricultura, otro por la Secretaría de Industria y Comercio, otros dos por los Bancos de la Nación y de Crédito Industrial (que se turnarían en la función de Vicepresidente), y los restantes designados por el Banco Central, cuyas funciones durarían cuatro años.[60]
A partir de los cargos de mayor responsabilidad en su estructura administrativa (Gerente y Subgerente), se crearon distintas gerencias con funciones específicas (Estudios Económicos, Contralor, Contabilidad y Financiaciones, Administración, Minería, Productos Ganaderos, Productos Agrícolas, Importación), aunque con el paso del tiempo esta organización fue variando, produciéndose desdoblamientos, fusiones o creándose otras nuevas. El IAPI contaba además con delegaciones en el interior del país.[61]
Al modificarse la ley de Ministerios, tras la sanción de la Constitución de 1949, el organismo pasó a depender del Ministerio de Economía, junto con la Junta Nacional de Carnes, y la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, siendo respectivamente su Presidente y su Vicepresidente el Ministro y el Subsecretario de Economía, mientras que dos de los directores representarían a los productores agropecuarios y uno al comercio.[62] La reforma de ese año no solamente significó un cambio administrativo, sino que fue un intento de limitar su autonomía financiera.
Una nueva reforma ministerial realizada en 1952, lo puso bajo la órbita del Ministerio de Comercio Exterior, momento en el que se produjo una reorganización funcional y administrativa, que tenía por objetivo fortalecer la eficiencia del organismo, afectado por la caída del precio internacional de los productos agrarios, que produjo una fuerte caída de la rentabilidad del IAPI.
Pero el Estado peronista manejó otras herramientas con el objetivo para dirigir la economía. Perón los llamó en alguna oportunidad “el sistema nervioso de la economía”, se refería a los servicios públicos que, nacionalizados a partir de 1947, servirían para poner al Estado nacional al servicio del modelo de desarrollo económico.
Este proceso hacía depender de las decisiones oficiales su eventual mejora y ampliación, pero además ejercía un poderoso efecto sobre las inversiones, porque era un instrumento más que permitía al Estado incidir en la distribución del ingreso (porque pagaba salarios y establecía tarifas) y en la generación de empleo, y por último, porque sus nuevas funciones permitían incrementar la influencia de las políticas públicas en la orientación regional de la producción. Todo ello le daba al Estado la posibilidad de corregir algunos desequilibrios.[63]
En general, las propias compañías estaban interesadas en desprenderse de sus activos, porque percibían que su ciclo estaba cumplido, y hacía largo tiempo habían dejado de invertir.
El primer caso había sido la nacionalización de la distribución de gas, ya que entre 1945 y 1948 se nacionalizó la distribución de gas en la Capital, y se adquirieron algunas empresas en la provincia de Buenos Aires, lo que permitió extender la red con nuevos centros de distribución, construir un gasoducto entre Comodoro Rivadavia y la Capital con capacidad para transportar un millón de metros cúbicos diarios, y rebajar las tarifas en un 30%.
Un convenio firmado en 1946 permitió adquirir The United River Plate Telephone Company Ltd. empresa telefónica subsidiaria de la ITT, que se transformó por diez años en proveedora de material y asistencia técnica, convenio que tuvo que ser revisado pocos años después.
La nacionalización de los ferrocarriles fue la más importante de todas estas adquisiciones por la magnitud de la operación, y el carácter simbólico de ruptura con el capital británico vinculado a la Argentina agroexportadora. Pero también se añadieron el servicio urbano de pasajeros, con la adquisición de la cuestionada Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, la ampliación y modernización de la Flota Fluvial del Estado, y las empresas de aeronavegación que dieron origen a Aerolíneas Argentinas en 1950 en reemplazo, con capitales estatales (ya que el capital privado nacional no suscribió las acciones que el Estado estaba dispuesto a vender) de las distintas empresas de aeronavegación mixtas preexistentes.[64]
De este proceso surgieron nuevas empresas estatales que impulsaron la inversión pública como la Empresa Nacional de Energía que construyó en pocos años treinta y siete plantas hidroeléctricas, mientras que la Dirección General de Combustibles Sólidos y Minerales empezó la prospección de la zona de Río Turbio, donde halló carbón suficiente como para sustituir importaciones del combustible desde Gran Bretaña. Para poder explotar el mineral, fue necesario construir un ferrocarril hasta el puerto de Río Gallegos, mientras que YPF renovó su flota de buques tanques y emprendió nuevas exploraciones en Mendoza, Neuquén, Comodoro Rivadavia y Tierra del Fuego, pero
