que se ha convertido en un sistema de producción alternativo. Existen en el municipio unas zonas de producción ganadera que en términos generales es el uso más extendido en el municipio (página oficial de la Alcaldía de El Dorado, Meta, consultada en enero de 2011, citada por Gutiérrez, 2011, p. 10).
La “tierra es fértil y esto facilita el éxito de diversos proyectos productivos, las distancias son cortas adecuadas para la implementación de servicios públicos y carreteras interveredales y los nexos políticos con el gobierno central son evidentes” (Gutiérrez, 2011, p. 15). El Dorado también cuenta con grandes extensiones de llanuras en la vereda La Meseta, las que recientemente son utilizadas para la adecuación de potreros para la producción bovina (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014).
De otro lado, no menos importante para esta gran despensa agrícola y polo de desarrollo son los enormes progresos de la malla vial del municipio, que son óptimos para la comercialización de productos y su conexión con el departamento y el país. Esta malla vial no solo está conformada por vías intermunicipales secundarias que comunican con los municipios de Cubarral y El Castillo, y desde estos con el Departamento y la Nación, sino que cuenta a la vez con vías veredales terciarias, algunas de ellas pavimentadas, algo poco usual a este nivel. Son vías que comunican al centro urbano con las veredas Santa Rosa Alta, La Cumbre, La Esmeralda, Mina de Calizas, La Meseta y Caño Amarillo (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014).
Desde las últimas décadas el territorio es objeto de un proceso de reconfiguración. Son por lo menos seis cuestiones las que caracterizan dichas transformaciones, como se observa en el siguiente gráfico:
Indudablemente, una mirada a la historia de poblamiento nos vuelve a señalar, en primer lugar, que la dinamización económica en la región está relacionada con la llegada, hacia la década de 1960, de colonos y comerciantes, quienes arribaron huyendo, algunos, de la violencia presente en otros departamentos del país; otros pobladores llegaron a la región del Ariari animados por los crecientes cultivos de marihuana y coca en toda la región de los llanos (ACNUR, s. f.).
Hoy algunos de los doradinos niegan la existencia directa de cultivos ilícitos en el municipio. Fuentes oficiales lo confirman señalando que, desde el año 2012, no se reportan cultivos de uso ilícito en El Dorado (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014). Lo cierto es que el auge de estos cultivos dinamizó las estrategias políticas y económicas de dominio de los actores armados, siendo el motor de su incremento y expansión en la región y en el departamento.
De igual modo, la región está en la mira de la inversión extranjera. Lo refiere otro doradino: “La región del Ariari la tenían en la mira los japoneses para cultivos agrícolas [...] Los japoneses querían que aquí se fomentaran los cítricos, y una serie de cosas, lo mismo, lo mismo Estados Unidos para exportar” (Gutiérrez, 2011, p. 31).
Como si lo anterior fuera poco, los doradinos refieren otros dos problemas que aquejan la actividad económica en el municipio. Por un lado, señalan la ausencia de mecanismos de comercialización que “fortalezcan y dinamicen la cadena productiva a través de canales de distribución eficientes en donde los campesinos y los pequeños productores puedan vender sus productos a precios mejores”, y, por otro lado, mencionan “la ausencia de una infraestructura necesaria para lograr la tecnificación de sus procesos productivos” (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014, p. 11).
En el ejercicio del diagnóstico del daño, adelantado por la UARIV (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014), los pobladores de El Dorado señalaron que estos problemas han llevado a que cultivos de cítricos, plátano, yuca y aguacate se vean afectados en época de verano por la imposibilidad de mantener la humedad o las cadenas de frío necesarias para conservar adecuadamente los productos.
Más allá de todo esto, entendemos que se trata de una reconfiguración territorial ocasionada por las múltiples violencias de los actores legales e ilegales (CNMH-UARIV, 2015), que convirtieron la región en un espacio de disputa, transformando no solo las actividades económicas sino también el modo predominante de vida de las comunidades campesinas. Más aún, los doradinos fueron víctimas durante mucho tiempo de prácticas de extorsión o de pago de cuotas a los actores armados; junto a esto, también vivieron el robo de sus ganados, que era justificado por el grupo armado como un mecanismo para alcanzar el supuesto debilitamiento del grupo armado al que se enfrentaba, tal como ocurría en las veredas estigmatizadas como guerrilleras (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014).
Los informes consultados, junto con la información recolectada en el campo, muestran la manera como el conflicto armado desestabilizó y frenó la dinámica económica, agrícola y –en menor medida– pecuaria del municipio (Gutiérrez, 2011; UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014; CNMH-UARIV, 2015; Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016; y ACNUR, s. f.). El terror ocasionado por las atrocidades de la guerra, junto a la ausencia del Estado y los constantes enfrentamientos entre los grupos armados, hicieron del territorio un no lugar.
Hablemos ahora de otra problemática, la transformación de la tenencia de la tierra. En medio de la política de seguridad democrática del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, la tenencia de la tierra empieza a tener incidencia en la región. La intervención de los paramilitares transformó la estructura de la propiedad de la tierra y el minifundio fue reemplazado por propiedades más extensas, aptas para la ganadería y adquiridas a bajo costo, debido a la dinámica del conflicto armado. Esto benefició a personas foráneas, incluso a narcotraficantes y esmeralderos (Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016, p. 7).
La implementación de macro proyectos productivos o el macro proyecto del distrito de riego para el Ariari dan cuenta de esta transformación en la región. En todo caso, algunos de estos planes, amparados bajo el proyecto paramilitar, fueron presentados como “tabla de salvación” para los campesinos de la región (Gutiérrez, 2011). En este sentido, el CNMH señala
que en el plano social, el paramilitarismo se presentó como alternativa de protección a quienes estaban inconformes con la presencia y el accionar de la guerrilla. Los paramilitares se publicitaron a sí mismos como los restauradores del orden, y presionaron a los civiles a tomar su partido. Sin embargo, lo que comenzaba siendo una oferta era susceptible de convertirse en amenaza si la población civil se mostraba reticente (CNMH, 2013, p. 40).
Otra problemática son las dinámicas del crecimiento agrícola y de los cultivos comerciales orientados a la producción de biocombustibles, junto a la producción petrolera en municipios cercanos como Acacías, Castilla La Nueva y Puerto López, que resultan funcionales a la reconfiguración del territorio del Ariari (ACNUR, s. f.). En algunos de los informes se establece una relación directa entre el desplazamiento y los megaproyectos que se están implementando en la región: el Distrito de Riego del Alto Ariari (que ya habíamos mencionado), las exploraciones para extraer petróleo que en la actualidad se llevan a cabo (Gutiérrez, 2011). Como lo menciona el Centro Nacional de Memoria Histórica, lo que no ha sido reemplazado está en peligro de serlo por otras actividades como la ganadería extensiva, que se viene instalando después del desplazamiento y la guerra (CNMH-UARIV, 2015).
Consideremos, enseguida, el riesgo del territorio del Alto Ariari por la exploración minera, que ha sido alto. Tal como lo mencionamos antes, a lo largo de la historia de colonización, la dinámica extractivista ha estado
