de ello se relacionan con intereses de empresas como Hocol (empresa de exploración y producción de hidrocarburos) de iniciar actividades exploratorias en la zona del río Güéjar. Los riesgos de la actividad petrolera sobre las aguas de los ríos más importantes de la región son grandes y se encuentran documentados (HBS Noticias, 2016). Es claro que gran parte de la fortaleza financiera del Meta se sustenta fundamentalmente en los recursos de regalías de la explotación del petróleo (llamado “oro negro”). El quiebre está cuando esta disposición tiene prelación y pasa por encima del derecho a permanecer en las tierras por parte de sus habitantes y colonizadores y con ello pone en jaque esta frontera agrícola del país (Santoyo, 2016).
La existencia de numerosos títulos mineros que otorgan la concesión para explotar materiales de construcción, caliza, dolomita y demás concesibles, lo confirman. Las entidades beneficiarias son diversas. Por mencionar algunas, están: Consorcio RRR, Cootavosan, Ingeminera Ltda., Víctor Ernesto Carranza, Cemex Colombia S.A., SAER Arcila Bejarano, Compañía Minera M.L. Asociados S.A., Minaso S.A., Cementos Diamantes S.A., Grungni & Cia. Ltda. Además, existen 14 de los títulos que otorgan concesión entre 25 y 50 años. En un documento que figura en la web se sostiene que “en la actualidad existen 26 solicitudes de títulos mineros que se encuentran dentro del municipio de El Castillo, y en los límites con los municipios de El Dorado, San Martín, Granada y Lejanías” (“En riesgo el Alto Ariari”, 2015).
Según el Informe del Observatorio Internacional de Desarme, Desmovilización y Reincorporación, son diversos los patrones de relación de los vínculos entre las empresas petroleras y los actores armados, por un lado favorecedores del trabajo de las empresas, mediante desplazamientos, amenazas o intermediación en conflictos entre grupos étnicos y las empresas, por otro mediante la utilización de modalidades más sofisticadas o indirectas, tales como la provisión de seguridad al interior de la nómina de las empresas, la administración de la oferta laboral, la seguridad a cambio de contratos o la captación ilegal de regalías (Observatorio Internacional de Desmovilización, 2013).
Adicional a lo planteado, aparece otra gran problemática: la explotación minera y su relación con la familia Carranza. Según refieren pobladores, “la generación de empleo en el municipio está amarrada a la empresa que explota la mina de cal de propiedad de la familia Carranza, que, según versiones, fue el actor determinante para la llegada de los paramilitares a la zona” (Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016, p. 7).
No obstante este panorama, recientemente algunas iniciativas productivas resultan ser relevantes en la vida de El Dorado. Los relatos de los doradinos nos hablan de huertas caseras y agricultura orgánica en el municipio como prácticas que aportan tanto al sustento de las familias como a estrechar las relaciones en la comunidad, puesto que exigen el trabajo colectivo de distintos miembros del municipio. Estas prácticas, por lo demás, son vistas como fuerza para resistir a la violencia, pero también para alimentar una idea de progreso (Gutiérrez, 2011).
Finalmente, en relación con la comercialización de los productos, nos encontramos ante otro importante recurso comunitario de orden organizativo y económico con el cual cuentan los doradinos: la conformación y funcionamiento de diversas asociaciones. En efecto, el municipio cuenta con organizaciones de comerciantes, cacaoteros, fruticultores, productores agropecuarios y piscícolas o asociaciones de víctimas como la Asociación de Desplazados – Asodemet, que promueve proyectos en favor de sus labores. También es cierto que los diagnósticos consultados subrayan la necesidad de fortalecer estas asociaciones organizacionalmente.
EL DORADO, PRÁCTICAS DE VIOLENCIA, AMBIGÜEDADES SOCIOPOLÍTICAS Y DEBER DE REPARACIÓN
En este apartado queremos hablar del contexto sociopolítico. Es decir, hablar de la presencia y relación histórica entre diversos actores que en el municipio se disputan el control del territorio y la tenencia de la tierra. Hablar del ejercicio del poder y la resistencia entre lógicas dominantes y el proyecto de vida campesino. Hablar de las dinámicas del conflicto y de sus efectos en las formas de organización y resistencia de la comunidad. Miremos entonces estos elementos que dan cuenta de la dimensión sociopolítica y que hemos organizado en los siguientes temas: las raíces bipartidistas y su relación con los orígenes de la violencia; el proceso de regionalización ideológica; el ingreso y control del territorio por el zar de las esmeraldas; el programa de laboratorio de paz y la política de seguridad democrática; la ambigüedad en la relación comunidad-actores armados; la desconfianza hacia la institucionalidad y la cultura política en suspenso; las deudas con el deber de memoria; y, finalmente, los efectos sobre el proyecto de vida campesina. Miremos cada uno de ellos.
Las raíces bipartidistas, los actores armados y la violencia en la región
El primer hecho está relacionado con la historia del departamento y del municipio, estrechamente vinculada con la colonización de los Llanos Orientales y con la violencia bipartidista de la década de 1950. Esta historia ha tenido y tiene repercusiones con respecto a la historia política del municipio. Justamente lo señalan así sus propios pobladores. La primera consecuencia que observamos se expresa en la recurrente tensión e incluso confrontación entre la dinámica abiertamente conservadora de la zona urbana del municipio y las dinámicas de algunas veredas (San Pedro y Caño Amarillo) y otros municipios señalados de ser áreas de influjo guerrillero.
Aunado a esto, encontramos la segunda consecuencia: la presencia y accionar de los actores armados, y con ello una crítica situación de los derechos humanos y la infracción del derecho internacional de los derechos humanos. Esto es parte de la radiografía y la vida de El Dorado. Múltiples autores coinciden en señalar que la disputa por la tenencia de la tierra es la primera causa del desarraigo y que los actores armados obtienen ventajas estratégicas, tácticas u operativas sobre los territorios bajo su control, ya sea por la ocupación o por la acción estratégica que ejercen desde las regiones ocupadas (Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016). Desde hace más de 35 años la guerrilla, y cerca de 20 años los paramilitares, hacen presencia en la región.
La guerrilla de las Farc hizo su aparición en la zona a comienzos de la década de los ochenta, a través del Frente 31, y a partir de 1991, a través del Frente 26. La principal tarea fue la de retomar el control del corredor de movilidad que conduce al páramo de Sumapaz, a través del cañón del río Guape Norte y que comunica los departamentos de Meta, Huila y Cundinamarca. En 1983, a pesar de que la fuerza pública instaló una base militar en el casco urbano de El Dorado, la actuación de los grupos paramilitares fue pública y abierta. Al año siguiente del surgimiento de la Unión Patriótica (UP) en 1985, este partido logró resultados electorales importantes en las alcaldías de El Castillo, Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama y Vistahermosa (Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016).
Más adelante encontramos también que:
Para las Farc, el Meta ha sido un importante centro de toma de decisiones políticas, un lugar de concentración del Estado Mayor del Bloque Oriental Embo- y del Secretariado, un epicentro de crecimiento de sus frentes y de sus finanzas y un territorio clave para la comunicación del centro del país con el oriente y las fronteras nacionales (ACNUR, s. f., p. 8).
En efecto, la violencia en el Alto Ariari ha sido uno de los rasgos más distintivos de la radiografía del conflicto en nuestro país. Heredera de la intolerancia del bipartidismo, se recrudece “hacia los años 80, de la mano de la militarización de la región y bajo el amparo del Batallón 21 Vargas con sede en Granada y de la Séptima Brigada”, dando paso a
