de Víctimas. Se rescata el trabajo adelantado por las Juntas de Acción Comunal del municipio, pese al abandono y poco reconocimiento que tienen por parte de la administración local (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014).
Otros investigadores que anduvieron el territorio afirman que en los testimonios sobre la historia política de las veredas se encuentran muchos silencios, miedos y daños, pues realmente –como ya lo hemos mencionado– el conflicto los involucró directa o indirectamente con alguno de los grupos al margen de la ley. Por tal razón, pareciera ocurrir que reconstruir la memoria histórica del municipio no es prioridad tampoco hoy, después del proceso de retorno de 2010, del laboratorio de paz, del proceso de desminado, del proceso de restitución de tierras y del proceso de reparación colectiva que desde 2013 viene andando. Como lo sostiene Gutiérrez (2011), mucha información se calla y se evade por temor. De otro lado, como lo señala también Gutiérrez (2011):
El uso que hacen los entrevistados de la memoria para abordar el tema de la historia política del municipio, destaca una posición política muy neutral porque la mayoría de la población de las veredas históricamente ha estado involucrada directa o indirectamente con alguno de los grupos al margen de la ley. Estos silencios dan pistas para comprender por qué la gente siente temor de recordar y evita posiciones comprometedoras (p.74).
Los efectos sobre el proyecto de vida campesino
Algunos autores, como el CNMH, hablan de la descampesinización como razón de la guerra. Señalan que las lógicas propias de la violencia estructural junto con las derivadas del conflicto armado en la región y el papel asumido por el Estado se constituyen en razones que sirvieron de impulso a los repertorios de violencia, que muestra efectos lesivos en contra del proyecto de vida campesino en todo el alto Ariari, y en El Dorado en particular. En todo caso, lo ocurrido allí muestra lo que el CNMH entiende como un proceso de “descampesinización”. Es decir, en esta región se hicieron presentes una serie de “prácticas que tienen como finalidad la marginalización negativa de la vida campesina y que producen un daño significativo” (CNMH-UARIV, 2015, p. 31).
En palabras del CNMH, se trata de una forma particular de violencia centrada en el campo y en la forma de vida campesina. Una forma de violencia que hace del campesino el sujeto víctima central del conflicto armado, víctima de la violencia material y simbólica de un tipo de proyecto político y económico dominante amparado por el Estado. Una forma de violencia propia de un modelo de desarrollo que margina negativamente a los campesinos del Estado (CNMH-UARIV, 2015). Finalmente, sobre estos paradigmas se agenció una “transformación forzada de la forma de vida de la población rural, vía violaciones a los derechos humanos… estigmatización…, ataques indiscriminados y victimizantes” (CNMH-UARIV, 2015, p. 32).
HECHOS DE VIOLENCIA, DAÑOS E IMPACTOS QUE JALONAN EL PROCESO DE REPARACIÓN COLECTIVA
El Dorado forma parte de uno de los ocho (8) procesos de reparación colectiva que actualmente se adelantan con comunidades campesinas en el departamento del Meta. El avance ha sido significativo, pues allí la Ruta Integral de Reparación Colectiva –RIRC–, que arrancó en el año 2013, en la actualidad se encuentra en la fase de ejecución y el proceso está próximo a finalizar.
En esta parte del capítulo se describe algunas de las particularidades de su implementación. Se presenta un breve panorama sobre las dinámicas del conflicto y se documentan rápidamente algunos de los hechos victimizantes y de los daños colectivos que interpelaron el deber del Estado y jalonaron el reconocimiento de esta comunidad campesina como Sujeto de Reparación Colectiva; con posterioridad, se muestra brevemente el desarrollo que ha venido teniendo la implementación de la RIRC3 en el municipio y en cada una de las fases se registran hechos significativos que otorgan singularidad a este proceso en El Dorado.
Tal como se ha insistido en este capítulo, los orígenes y la persistencia de la violencia en el Alto Ariari y en El Dorado tiene varias dimensiones. Por un lado, viene de la intolerancia del bipartidismo (ACNUR, s.f.). La violencia se sostiene también por la presencia de las Farc desde hace 40 años, y de los paramilitares desde alrededor de 25. Se acrecienta cuando se instalan en la región y cuando, motivados por sus intereses, con sus acciones buscan hacerse del control por la fuerza y otros medios de coacción de los recursos y del potencial agrícola, minero e hídrico del territorio y del control de la ubicación geoestratégica de este importante corredor vial. La relación entre el conflicto armado con otros fenómenos como el narcotráfico, la cooptación, la complicidad o silencio del Estado, el involucramiento y la estigmatización de la población civil y el arribo de multinacionales dedicadas a megaproyectos de extracción minera y/o energética, terminan por caracterizar el panorama global del conflicto armado en la región.
Recordemos que el Meta fue para las Farc uno de los más importantes centros políticos de organización y concentración de sus fuerzas, e incluso del Estado Mayor del Bloque Oriental y del Secretariado; fue “un epicentro de crecimiento de sus frentes y de sus finanzas y un territorio clave para la comunicación del centro del país con el oriente y las fronteras nacionales” (ACNUR, s.f., p. 2). De otro lado, como lo sostiene López (citado por Gutiérrez, 2011), la arremetida y expansión del proceso de paramilitarización de la región del Ariari y del municipio fue devastadora y estuvo desde sus inicios respaldada por las autoridades del gobierno central y de las fuerzas armadas del Estado.
Precisamente, desde la década de 1980, se desarrolla para la región una estrategia de militarización, y bajo el amparo del Batallón 21 Vargas, con sede en Granada, y de la Séptima Brigada (Gutiérrez, 2011), irrumpieron las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC: algunas venían de Urabá; otras eran organizadas en el mismo municipio El Dorado. Su tarea era cazar a los comunistas y a sus aliados (López, 2004, citado por Gutiérrez, 2011, debido a los importantes resultados electorales de la Unión Patriótica- UP (surgida en el año 1985) en las alcaldías vecinas de El Castillo, Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama y Vistahermosa.
De manera particular, como lo sostiene el informe de la Universidad Nacional y De Justicia (2016), hacia 1983, a pesar de la base militar instalada en el caso urbano del municipio, los grupos paramilitares actuaron pública y abiertamente allí. De igual modo, el informe sostiene que el reconocimiento en 1992 de El Dorado como municipio desató
una oleada de violencia, motivada al parecer por los intereses territoriales, políticos y económicos que estaban detrás de esa nueva categoría [y] además, se acentuaron los vínculos entre los grupos paramilitares con las autoridades locales y la población en general, algunos con relaciones de parentesco con comandantes reconocidos en la región (Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, p. 5).
Otro hecho importante, con enormes repercusiones sobre la dinámica regional del conflicto y que poco hemos mencionado, fue el despegue, funcionamiento y posterior finalización de la zona de distensión a inicios del siglo XXI, que significó otra etapa en las dinámicas y posicionamiento de los actores armados en la región.
Por ejemplo, luego de la finalización de este territorio de distensión, según lo documenta el CNMH, las Farc, obstinadas en expresar su poderío, ejecutaron una serie de sabotajes y se prepararon para la entrada de las fuerzas militares con la voladura de puentes, antenas repetidoras, estaciones eléctricas, decenas de torres de energía eléctrica; minaron territorios y generaron múltiples enfrentamientos con la fuerza pública (
