Centauros, y estuve en una reunión con ganaderos de Cubarral y del Dorado para pedir consentimiento y lo primero que dijeron Pereque y Eusser era que tenían que pedirle permiso a Víctor Carranza y fueron hasta las minas a pedirle permiso para que dejara meter al grupo de Centauros y autorizó y autorizó entregar unas armas (alias don Mario en audiencia, citado por Noticias Uno, 2010).
Finalmente, en el año 2009, el exjefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, también señaló que Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas, respaldó a dos dirigentes políticos que llegaron a la alcaldía del municipio de El Dorado, Meta, y a la gobernación del departamento (Caracol Radio, 2009).
El Dorado, un laboratorio de paz bajo la política de seguridad democrática
Debido a los estragos de la guerra, en el municipio se han adelantado diversas iniciativas de paz, entre ellos el programa “Laboratorios de Paz”, implementado en el marco de la política de seguridad democrática del gobierno de Uribe. Precisamente, Gutiérrez (2011) sostiene que debido a las particularidades de El Dorado allí se han adelantado diversos programas, iniciativas y “Laboratorios de Paz”, restitución de tierras y reparación colectiva.
Algunos medios de comunicación señalaron que los nexos políticos con el gobierno central y el local, aunado a otras variables tales como las condiciones de tierra fértil, las cortas distancias y la presencia de “otros intereses que no son tan claros” contribuyeron a mostrar procesos exitosos de desarrollo que respaldaban las políticas implementadas por el gobierno del presidente Uribe, como el “exitoso” retorno de la población desplazada a las veredas de Caño Amarillo y San Pedro, en el Dorado, Meta, que contó con un evidente respaldo por parte de dicho gobierno: “Cansados de ser espectadores y actores de una guerra que no les pertenecía, en 1998 los pobladores de los municipios de El Dorado y El Castillo (Meta) decidieron buscar un espacio de reconciliación para dar y recibir perdón y recordar sin odio” (Romero Castro, 2002).
La experiencia de la Asociación de Municipios del Alto Ariari (AMA), que congregó, entre otros municipios, a El Dorado, El Castillo y posteriormente a El Guamal, Lejanías, San Martín, Fuentedeoro y Cubarral, y que ganó el Premio Nacional de Paz 2002 entre 132 postulados, fue otra iniciativa. La disminución de muertes violentas en la carretera El Castillo-El Dorado y en Lejanías, durante los cuatro años luego de su inicio, junto con la formación de líderes campesinos que promovieran acuerdos de convivencia, justicia y democracia, y algunos proyectos de infraestructura conjunta entre los municipios, fueron algunos de sus resultados, tal como lo refirieron algunos pobladores en el trabajo de campo adelantado.
La ambigüedad de las relaciones entre autoridades locales, comunidad y los actores armados
A nivel sociopolítico, la regionalización ideológica ha tenido otras implicaciones, una de ellas la ambigüedad de las relaciones entre comunidad y actores armados. Un rasgo fundamental de este contexto local ha sido el creciente proceso de paramilitarización que, según algunas fuentes consultadas, ha estado respaldado, desde su inicio, por el gobierno central y las fuerzas armadas (López, 2004, citado por Gutiérrez, 2011, p. 13). Como lo constatan varios autores, en el municipio se presentaron alianzas entre miembros de las fuerzas militares y los paramilitares. Esto ha sido otra constante en el territorio del Ariari:
Para operar, el Frente Alto Ariari realizó alianzas con miembros de las Fuerzas Militares, en especial de la Brigada 7. Alias Chatarro y alias Julián se reunieron en una finca ubicada en el corregimiento de Pueblo Sánchez, en El Dorado, con miembros del Batallón XXI Vargas, entre ellos el coronel Héctor Alejandro Cabuya, un capitán de apellido Rivera y tres oficiales más. En esa reunión, alias Chatarro les presentó a alias Julián a los oficiales y, a partir de ese momento, paramilitares y militares construyeron una estrecha relación que […] les permitió meses después planear operaciones conjuntas (CNMH-UARIV, 2015, p. 108).
La desconfianza hacia la institucionalidad y la cultura política en suspenso
A nivel socio político, el municipio ha sido víctima de la violencia no solo de grupos al margen de la ley, sino también de integrantes de la fuerza pública. Esto, junto con la ausencia de protección en los tiempos más crueles del conflicto, las falsas expectativas y las promesas políticas incumplidas, generó cierta distancia y desconfianza de sectores de la comunidad doradina hacia la institucionalidad estatal (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014).
Tal fue la ausencia de protección efectiva y el trastorno de la vida cotidiana que, en los peores años del conflicto, fueron los grupos armados quienes impusieron el control social a la comunidad. Fueron múltiples maneras en las que se expresó, entre otras: en la imposición de normas de convivencia y movilidad, en las prohibiciones para recibir visitas y en la imposición de prácticas de silencio y de aceptación (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014).
En este mismo sentido, la cultura política del municipio se vio afectada por varias dinámicas, tales como la restricción que impone el régimen de terror, el control por parte de los actores armados en los procesos electorales, la coacción o imposición de candidatos, los obstáculos al ejercicio libre del voto y la cooptación de la institucionalidad por parte de grupos de extrema derecha (UARIV & Corporación Escuela Galán, 2014).
Sobre esto apareció la siguiente noticia:
Los paramilitares se convirtieron en la chequera de varias campañas políticas, en “la escolta” de algunos candidatos y en el actor que intimidó a la población para forzar los votos en Villavicencio, Guamal, El Dorado, El Castillo y Granada. De ganar las elecciones, el político se comprometía a entregar el 10 por ciento de la contratación, así como tres cargos en la Alcaldía para que las AUC controlaran las finanzas del municipio (Verdad Abierta, 2015b).
Más aún, los vínculos entre los paramilitares y las autoridades locales también fueron documentados: “En El Dorado […] los mismos paramilitares confesaron que contaban con la complicidad del entonces alcalde Euser Rondón (1998-2000), a quien apoyaron” (Verdad Abierta, citado por Universidad Nacional de Colombia–De Justicia, 2016, p. 6). Esto refiere las relaciones entre políticos y paramilitares en el Meta.
Verdad Abierta (2010) colocaba en uno de sus encabezados lo siguiente: “Euser Rondón, el puente entre los ‘paras’ y políticos del Meta”. Algunas de las reuniones entre políticos y paramilitares se realizaron justo en las fincas Casas Roja y Azul, cuya extensión fue aumentando con las tierras que los Centauros iban despojando (Verdad Abierta, 2015a, “El Dorado al que se hizo alias ‘Don Mario’”).
Las deudas con el deber de memoria
Esta deuda con la verdad es otro hecho propio de la dimensión política del municipio. Si bien es cierto que existen diversas iniciativas comunitarias u organizativas en El Dorado que en el pasado reciente acompañaron procesos relacionados con el desminado del territorio, con el Premio Nacional de Paz o con la restitución de tierras, en épocas más recientes, el acento está en promover proyectos de desarrollo y comercialización de productos e infraestructura y bienes materiales. El municipio se ha destacado por ser uno de los primeros en el país en lograr el desminado de sus territorios o en ser parte de un proceso de paz con municipios vecinos con quienes históricamente han existido fuertes conflictos.
Pero realmente es poco lo que en materia de derecho a la verdad y el deber de la memoria se adelanta. Algunos estudios constatan el poco reconocimiento que tienen algunas iniciativas sociales de memoria, de reparación y construcción de paz en el municipio (OIM, 2015). Esto lo
