que se originan en el interior de los Estados. Los primeros serían aquellos donde se lucha por el control del Estado. Expresan el enfrentamiento armado entre la élite del poder, con su ejército, y los movimientos de carácter insurgente. Es el tipo de conflicto más frecuente en la historia de América Latina.
Los segundos son los conflictos por la formación del Estado y se refieren a situaciones en las cuales una parte de un país o entidad territorial plantea la autonomía total, la secesión o la anexión a otro Estado. Desde lo ocurrido en Panamá hace un siglo y los casos latentes de Belice, Surinam o Las Malvinas, no es un hecho frecuente en el continente. De todas maneras es posible la balcanización de algunos países debido al descuido estatal de extensas zonas, por lo general con grandes recursos naturales.
Los terceros, el fracaso del Estado genera conflictos entre las fuerzas que buscan imponer un nuevo orden. El vacío de poder, fue la razón aludida con justificación o no por las dictaduras militares en el Cono Sur y en los reiterados golpes de Estado en Centroamérica en el siglo XX.
De manera complementaria, el estudio del CIIIP incluye otros conflictos y toma en consideración sus causas, como los identificados por Doom y Vlasenroot. En primer lugar reconocen los conflictos de legitimidad que se originan por la escasa participación política o por la falta de presencia estatal en términos de servicios públicos básicos. O cuando las crisis de los partidos políticos y la corrupción de la clase política han desvirtuado en los electores la confianza en mejoras o cambios importantes.
En segunda instancia estos autores reconocen los conflictos de desarrollo, generadores de una amplia brecha social que marginaliza a sectores mayoritarios de la población. Por desgracia, en la totalidad de los grandes núcleos poblacionales de América Latina la existencia de un mundo, con niveles de vida del primer mundo, rodeado de grandes bolsas de miseria es una bomba de tiempo. Es indudable que a pesar del incremento de la seguridad privada y el cerramiento en ghettos, la pauperización de sus habitantes aumenta en el continente el riesgo de graves conflictos de desarrollo.
Los denominados conflictos de identidad son los originados por causas étnicas, tribales o lingüísticas que se han visibilizado hasta conformar una verdadera fuerza política, y en no pocos casos armada. En la medida que estos grupos, mayoritarios en algunos países, politizan su marginación aumenta el grado de confrontación con las autoridades centrales o los poderes locales que los niegan. Este tipo de conflictos no se limitan a los países con grandes poblaciones indígenas como México, Brasil, Perú o Guatemala. También se presentan en Colombia o Chile, donde gracias al grado de conciencia organizativo se han logrado reivindicaciones importantes.
La terminación de la mayoría de dictaduras y gobiernos de facto en América Latina, más por agotamiento del modelo que por una derrota contundente, causó los conflictos de transición. En estos se presenta una dura confrontación entre las fuerzas reprimidas durante el anterior régimen y las fuerzas, ahora “democratizadas” de las agrupaciones que dieron total apoyo a los gobiernos militares o autoritarios.{45} En esta categoría hay que considerar las consecuencias de una revisión de las leyes de amnistía o de Punto Final y su derogación, lo que llevaría una profunda crisis en las transiciones.
Hay muchas otras clasificaciones, pero en líneas generales son variantes de las anteriores. A manera de ejemplo, se observa la propuesta por Mohamed Sahnoun en la que junto, a los conflictos de carácter socio económico, que serían los de desarrollo y de legitimidad, incluye los conflictos de identidad; divididos en conflictos religiosos o los conflictos causados por “el fracaso de procesos en los intentos de creación de Estados-Nación”, y los originados al fin de la Guerra Fría, a los que denomina de transición.{46}
Al visualizar, en el contexto de Colombia, la existencia de los conflictos descritos encontramos que de alguna manera o grados todos han estado presentes en su historia. En primer lugar es evidente, si nos atenemos al medio siglo de este estudio, que los grupos guerrilleros de izquierda han planteado como estrategia central la toma del poder, es decir, el control total del Estado para la implantación de un nuevo modelo político. Otra cosa es determinar el grado en el que han cuestionado o puesto en aprietos su control. Y, por supuesto, uno de los argumentos de su ataque es el fracaso del Estado argumentando su incapacidad de gobernar, el incumplimiento de brindar bienestar y las garantías constitucionales para la mayoría de su población.
La presencia de un grave conflicto de legitimidad se corrobora con baja participación electoral; producto de varios factores, entre ellos la escandalosa corrupción o la reiterada la violencia ejercida contra los representantes de las principales fuerzas de oposición legal, mientras los llamados conflictos de desarrollo se expresan en los índices extremos de pobreza y en la exagerada concentración de la riqueza colombiana.
Y, aunque en menor escala que en países con mayor componente aborigen o de población negra, Colombia no está exenta a los conflictos de carácter étnico. La violencia contra estos grupos humanos es muy alta en razón que habitan las zonas donde es más intenso el conflicto armado directo. Por último, y si se observa la tipificación de los conflictos de transición, se notará que con la apertura de canales políticos por fuerzas desmovilizadas, como las de década de los noventa, son mayores sus cuestionamientos a quienes mantienen incólume el statu quo. En definitiva, no es difícil constatar el carácter pluriconflictivo de la sociedad colombiana.
Hacia una definición propia de paz estructural
Vistos grosso modo aspectos como la paz y sus definiciones, la paz y las violencias, así como los distintos tipos de conflictos, hay la necesidad operativa de proponer una definición propia de la paz que necesitan países como Colombia. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el concepto de paz ha entrado en ese grupo de palabras en los que su utilización es tan indiscriminada que hay que precisar muy bien el contexto. En un proceso de paz como el colombiano, ya sea en las negociaciones, en las agendas o en los acuerdos firmados, es preciso agregarle, al acoger el llamado común de las definiciones recogidas por Posada Carbó, un adjetivo. El de paz estructural acoge el consenso en torno a la necesidad de resolver los graves desequilibrios sociales y políticos llegando hasta sus raíces. Así en este estudio se entenderá por paz estructural.
Al tipo de paz que supere las secuelas producidas tanto por la violencia directa como por los efectos inherentes a la violencia indirecta y/o encubierta. De manera que la ausencia de guerra o conflicto armado sea concomitante a la superación de las desigualdades extremas, la integración de las poblaciones excluidas y el goce efectivo de los derechos ciudadanos para toda la población.
Un definición que se ajusta no solo al sentir de la mayoría de definiciones “necesarias” para abordar la paz en Colombia; sino que además se acerca a la elaborada por elaborada por el CIIIP, que además, recoge el elemento central de la formulación en la que Johan Galtung ha trabajado durante los últimos años. la desigualdad.{47}
Es decir que al evidenciar el papel de las relaciones de poder, con su determinismo violento y su sistema de desigualdad, se facilita la comprensión de las causas de la mayoría de los conflictos armados. La desigualdad no está limitada al orden estricto de lo económico y su imposición pasa por todas las relaciones humanas, individuales o colectivas, en donde el objetivo central es la dominación o el aniquilamiento del otro. Aunque en América Latina, por los bajos índices de participación ciudadana, educación y conciencia política, no siempre el grado de desigualdad ha sido proporcional al grado de confrontación.
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