Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
CPC: Código de Procedimiento Civil
CSJ: Corte Suprema de Justicia
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DNP: Departamento Nacional de Planeación
EOP: Estatuto Orgánico del Presupuesto
EOSF: Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
EPS: empresa promotora de salud
ET: Estatuto Tributario
EUR: euro(s)
FNR: Fondo Nacional de Regalías
Fonpet: Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales
GJ: Gaceta Judicial
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
infra: más abajo
IPC: índice de precios al consumidor
IRS: Internal Revenue Service
IVA: impuesto al valor agregado
LAP: Ley Anual del Presupuesto
lit.: literal
LO: ley orgánica
LOP: Ley Orgánica de Planeación
LPND: Ley del Plan Nacional de Desarrollo
M(M). P(P).: magistrada/o(s) ponente(s)
NBI: necesidades básicas insatisfechas
n.º(s): número(s)
num.: numeral
ob. cit.: obra citada
p(p).: página(s)
PF: plan financiero
PGN: Presupuesto General de la Nación
PIB: producto interno bruto
PND: Plan Nacional de Desarrollo
PNI: Plan Nacional de Inversiones
POAI: Plan Operativo Anual de Inversiones
prgf.: parágrafo
Prof.: profesor
rad.: radicado o radicación
RPI: restricción presupuestaria intemporal
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
sent. cit.: sentencia citada
SGP: Sistema General de Participaciones
SGR: Sistema General de Regalías
SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera
SMLMV: salario(s) mínimo(s) legal(es) mensual(es) vigente(s)
SP: Sala Penal
SP#: Sentencia penal número
SS.: siguientes
SSSS: Sistema de Seguridad Social en Salud
SU-: sentencia de unificación
supra: más arriba
T-: sentencia de tutela
UVT: unidad(es) de valor tributario
Unidroit: The International Institute for the Unification of Private Law
v. gr.: verbigracia
vs.: versus
INTRODUCCIÓN
Noticias que dan cuenta de la defraudación a las arcas públicas son una constante en las primeras planas de la prensa colombiana. Un día son las obras urbanísticas que no se ejecutan; otro, el despilfarro de los caudales de la salud; tales escándalos son reemplazados por el anuncio de encarcelamiento de algún importante personaje de la política nacional que malversó el erario y este último reporte a su vez es enterrado por otro que reseña un desangre pensional en el sistema judicial, otrora bastión de la pulcritud y la probidad patrias. Así, de manera sucesiva, el descalabro a las finanzas públicas se evidencia como un frenético espiral descendente que no parece tener fin.
Campañas políticas financiadas por los futuros contratistas de la administración pública; sobrecostos en las valoraciones de los precios de las obras; destinación indebida de los anticipos por parte de quienes luego son calificados por la misma prensa como “polémicos empresarios”; quiebras premeditadas que en un culto al descaro encasillan a las entidades públicas como las principales damnificadas y largos pleitos judiciales en los cuales las obras públicas que jamás se construyen se transforman en expedientes y en cuyo escenario despiadados y diestros empresarios obtienen mayores ganancias que cimentando obras.
El derecho fundamental a la salud convertido en un negocio y empeñado al mejor postor, con pacientes que deben acudir a una acción de tutela para que se les suministre un pañal, mientras que el sistema se desangra pagando facturas inexistentes y tratamientos apócrifos que nunca se practican; empresas de servicios públicos vendidas en novedosas subastas de uno y la educación pública reducida a su más débil y enfermizo nivel. Todo, por supuesto, ante la mirada genuflexa de organismos de control que han caído dócilmente ante las castas políticas que ostentan el poder o ante la aplanadora corruptora de quienes engordan sus bolsillos con el haber público.
Como si de una enfermedad autoinmune se tratara, la lucha contra este fenómeno se erige en la cardinal bandera de los discursos en correrías y campañas políticas de parlamentarios que robustecen sus arcas electorales mediante el denominado populismo punitivo, distribuido por supuesto como el pan perfecto para saciar el hambre de una ciudadanía honesta y ávida de justicia, que demanda sanciones drásticas contra la criminalidad organizada. No obstante, esos caudales de retórica y tinta ni siquiera sirven de paliativo a esta agresiva enfermedad, cuya metástasis irroga todos los aparatos estatales y termina por pervertir a las consciencias menos imaginadas.
El daño ocasionado con el desangre al patrimonio estatal no se limita a su indebida apropiación y al paralelo golpe que sufre la inversión social. Adicionalmente el incorrecto manejo de los caudales públicos puede desembocar en una escena perfecta para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en múltiples actividades ilícitas o, en el peor de los casos, para cooptar organismos de control o comprar sentencias, sin importar el nivel en la pirámide de la justicia, lo que garantiza la más vergonzosa impunidad.
A partir de tan desolador escenario surgen dos interrogantes sobre
