la CABA del Conurbano. Conocido y estigmatizado como Fuerte Apache, cuna del futbolista Carlos Tévez, se trataba de un complejo habitacional precarizado donde vivían unas 50.000 personas, creado por la dictadura militar en los setenta para ubicar a la población erradicada de la Villa 31 en la CABA.
El despliegue de la Gendarmería en ese pequeño territorio marcó el rechazo del gobierno federal al tipo de gestión de poblaciones que caracterizaba a la Policía Bonaerense. Su régimen de policiamiento, también practicado en otros sitios, se había tornado brutalmente escandaloso en Fuerte Apache. La conflictividad producía tiroteos constantes y muchos muertos. La situación desbordó esa forma de “control policial” basada en extorsiones y pedidos de sobornos, y desató una violencia inadmisible, rechazada como modo de administrar la población en ese territorio. Desde la llegada de los gendarmes a fines de 2003, los vecinos no dejaron que se fueran. Aun con las modificaciones operativas implementadas con los años, la evaluación favorable del gobierno nacional respecto de sus procedimientos, a su vez basada en el consentimiento recogido entre los vecinos, significó el posterior despliegue de miles de gendarmes en los operativos Centinela en todo el Conurbano y Cinturón Sur en la CABA, además de otros en el resto del país.
La trayectoria de Gerardo Chaumont, el comandante a quien se le atribuye la eficacia para gestionar un territorio hasta entonces considerado fuera de la soberanía estatal, indica la consolidación de un modelo de gestión estatal de poblaciones. Si bien este modelo sufrió cambios necesarios –entre ellos, según recuerdan los gendarmes, la disolución de un grupo informal dentro de la fuerza conocido como “tortugas ninjas”, que se dedicaba a hostigar y golpear a pibes del barrio–, su forma de policiamiento construyó una legitimidad perdurable. Daniel Gallo, un periodista especializado en temas de defensa y seguridad, destacaba en 2010 que Chaumont había comandado las tropas de la Gendarmería que a fines de 2003 “tomaron el control de Fuerte Apache”, donde aplicaron “las prácticas de check point de la ONU” que permitieron que “la zona fuera recuperada para los vecinos”.[3] Siete años después, en 2010, Chaumont, ya retirado, fue nombrado jefe de la Policía de Naciones Unidas en Haití con el aval del gobierno argentino. Y en 2014, en plena crisis de seguridad en la provincia de Santa Fe, fue designado secretario de Seguridad de esa provincia.
Su trayectoria tampoco queda impugnada en una crónica del escritor y periodista Cristian Alarcón, aun cuando muestre que el consentimiento ganado por la Gendarmería en Fuerte Apache incluyó abuso de la fuerza y prejuicios mutuos:
Consecuentes con su situación, los pibes piden orden.
–Aunque la Gendarmería ahora nos caga a palos por nada, preferimos que se queden, porque antes de ellos acá había muertos todos los días. Cuidan a los mayores –dice Juan, verdulero en Villa del Parque.
–Yo me iba a estudiar, hace como dos semanas. Estábamos comiendo pan casero –cuenta P., 20 años, desocupado desde que lo echaron como repartidor de Las Marías–. Entonces vinieron cinco o seis gendarmes, nunca entran de a menos, con los palos para pegar. Andan con los cascos, con las armaduras esas que parecen las tortugas ninjas. Te dicen: “No me mirés. Mirá para abajo. Tirate al piso. Ni mirés pendejo de tal por cual”, y después te sacan todo lo que tenés en los bolsillos. Si hay plata, por ahí, según el gendarme, se la queda. Si no, te quitan la droga y lo demás te lo dan.
El relato de P. se repite en la ronda. Y se repetirá en otros testimonios, de las formas más variadas. Lo que se reitera es la orden de no mirar, y los borcegos punta de fierro pateando los tobillos con saña, la denigración verbal como método. No se trata de una violencia fatal, como la de los escuadrones de la muerte de la Bonaerense que mató pibes en falsos enfrentamientos. Es lo que los vecinos describen como “los modos de estos negros brutos que vienen del campo y no saben nada”.[4]
Cuando el 20 de diciembre de 2010 la entonces jefa de Estado Cristina Fernández lanzó el Operativo Centinela, reunió a los integrantes de la fuerza en un acto realizado en la Escuela de Gendarmería Nacional “General Martín Miguel de Güemes” con sede en Ciudad Evita, La Matanza. El acto excluyó el desfile, y la presidenta recordó en su discurso aquel operativo iniciático. Formados ante ella, estaban los 6000 gendarmes que serían desplegados en el Conurbano. Pero no fue a ellos a quienes interpeló, pidió comprensión, explicó o demostró el valor de su tarea. En su discurso, la presidenta intentó justificar por qué el Estado desplegaría tantos efectivos en un territorio que no era tradicionalmente el suyo, como sí lo era la frontera. Admitió que el crecimiento, el empleo y las políticas de asistencia o desarrollo social no alcanzaban, que la justicia no hacía lo suficiente y que la incidencia del crimen organizado no debía negarse. Por cierto, para ganar la aprobación de los y las gendarmes, ubicó el territorio bonaerense como un espacio donde también era urgente el ejercicio de la soberanía nacional, amenazada por la “desprotección” y la “inseguridad”, mediante ese “plan de protección y seguridad ciudadana para el Conurbano bonaerense”. En sus propias palabras:
Este operativo […] no presupone en modo alguno abandonar la función natural y estratégica de nuestra Gendarmería Nacional de custodiar las fronteras y la soberanía nacional.
Esta política que comenzó en 2004 con el presidente Kirchner y que fue precisamente ayudar y cooperar […] específicamente en la zona del Conurbano bonaerense, en lo que hace a la protección y seguridad ciudadanas, sufre hoy un gran incremento. […] Estamos hablando de 6000 efectivos, estamos hablando de 443 vehículos, estamos hablando de una inversión de equipamiento extra exclusivamente para este operativo del orden de los 150 millones de pesos.
Es obvio que todo el mundo sabe que la seguridad de la provincia de Buenos Aires es responsabilidad de sus autoridades constitucionales, porque vivimos afortunadamente en un país federal, pero no podemos ignorar tampoco la magnitud en cuanto a población que hoy tienen los 24 partidos del Conurbano bonaerense.
[…] Está claro que un país donde no hay trabajo, donde no hay crecimiento, donde la gente no puede acceder a derechos mínimos de educación, salud y vivienda jamás puede ser un país seguro, sobre todo si además hay sectores de la población que tienen acceso más que suficiente a esos bienes, creando brechas sociales que son las verdaderas causas de inseguridad no solamente en la Argentina sino en muchísimos países. No es la pobreza, es muchas veces la inequidad social. Pero pretender que la inequidad social o la pobreza son la única causa de la delincuencia es no entender que también existe el crimen organizado, el delito organizado, que muchas veces pivotea sobre las necesidades de la gente […]
También les digo esto a todos los argentinos, a los que aún no se ha podido llegar pese al inmenso crecimiento de estos años.
Los y las gendarmes ya no se ocuparían solo de las fronteras con los países limítrofes, ni de un barrio estigmatizado del Conurbano bonaerense, sino de proteger “a los argentinos a los que aún no se ha podido llegar” en territorios donde faltaba la presencia del Estado. El Operativo Centinela mantuvo el nombre emblemático con que su personal debía reconocerse. Los gendarmes fueron distribuidos en escuadrones dependientes de la Agrupación Área Metropolitana, localizada en Campo de Mayo, con el apoyo de los Destacamentos Móviles Antidisturbios.
Sin embargo, el gobierno de CFK no hizo suya esa fuerza; siempre mantuvo una distancia, como si no le perteneciera, a diferencia del gobierno de Cambiemos a partir de diciembre de 2015. Los altos mandos notaron la diferencia: “No nos trataban bien, desconfiaban mucho, no nos escuchaban”. Los gendarmes que atendían a su comandante –la presidenta Fernández– en aquel acto fueron alojados –hacinados– en esa escuela, que solo contaba con capacidad para 1500 efectivos en las condiciones más precarias. El enojo de los más de 4000 que terminaron allí provocó el deterioro de las instalaciones (canillas arrancadas e inodoros inutilizados, entre otros destrozos), hasta que encontraron viviendas por sus propios medios.
Dos años después, a fines de 2012, el personal había sido raleado
