con el desempeño habitual de la Policía Bonaerense. Pese a ello, los intendentes comenzaron a hacer política difundiendo los patrullajes de la Gendarmería y cedieron predios e infraestructura a sus unidades. Aparecieron carteles en las avenidas principales que mostraban la seguridad del municipio con imágenes de los gendarmes y sus móviles, y otro tanto ocurrió en las periferias, cuyos referentes demandaban sin cesar la “presencia de la Gendarmería”: así fue como se crearon secciones, unidades dependientes de los escuadrones, en contenedores móviles dispuestos en algunos barrios segregados.
Mientras el Operativo Centinela se agrandaba o achicaba al ritmo electoral, y en 2011 se creaba un sexto móvil antidisturbios –cuerpo especializado para actuar ante manifestaciones y cortes de rutas–, en el sur del Gran Buenos Aires el gobierno nacional anunció un nuevo operativo. También fue lanzado por la entonces jefa de Estado, esta vez sin la presencia del personal desplegado y solo con sus funcionarios y algo de equipamiento dispuesto en los jardines traseros de la Casa de Gobierno. El Operativo Cinturón Sur, creado en junio de 2011 y vigente al menos hasta 2020 para los barrios periféricos del sur de la CABA, tuvo también a Fuerte Apache como antecedente y a la experiencia operacional allí forjada como doctrina. Pero introdujo una variable que, por un lado, promovió la gestión poblacional basada en intensificar la mediación de los gendarmes entre los vecinos y la justicia, los referentes políticos y sociales y distintas agencias públicas; y por otro, se convirtió en la cuña que terminaría por crear una disputa que, en el mediano plazo, acabó expulsando de su cargo a Nilda Garré, la primera ministra de Seguridad mujer de la República Argentina. Los esfuerzos realizados por el Ministerio de Seguridad para mantener a los gendarmes al margen de “la política” –léase, de los referentes y organizaciones barriales– e institucionalizar a los funcionarios civiles como mediadores y gestores de los conflictos de estas poblaciones resultaron infructuosos; en el corto plazo, por tensiones con el Ministerio de Desarrollo Social, y en el largo, por la ocupación y el patrullaje permanente del territorio por parte de los gendarmes, que mantenían conversación asidua con los referentes. Así, el Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad, lanzado en abril de 2011 en la Biblioteca Nacional, que dio curso a las mesas barriales que convocaban en cada barrio a “representantes de organizaciones comunitarias e instituciones de reconocido trabajo social, cultural y deportivo”, colisionó casi de inmediato con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en particular con la Subsecretaría de Abordaje Territorial a cargo por entonces de Sergio Berni. Esta oficina había construido un lazo político con los referentes barriales en la resolución de conflictos a través del acceso a recursos y cuidado del Estado. Así, a los pocos meses de la creación de Cinturón Sur, en abril de 2012, Berni fue designado secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad, puesto desde donde comandó las fuerzas federales y reivindicó el rol de la Policía Federal oponiéndose a la preeminencia asignada por Garré a la Gendarmería. En tanto, Cecilia Rodríguez –con una destacada actuación en el manejo de emergencias en el país y en el exterior, y un breve paso por el grupo de trabajo de Berni en Desarrollo Social– se convertiría en ministra de Seguridad a fines de 2013. Desde allí institucionalizaría las unidades de prevención barrial (UPB) inicialmente a cargo de la Federal en los barrios periféricos.
La aparente semejanza de las UPB con las unidades de policía pacificadora (UPP) de Brasil no debe opacar las notables diferencias entre ambas como modalidad de policiamiento comunitario. El carácter que asumió en la Argentina esta forma de gestionar las poblaciones consideradas al margen de la soberanía estatal poco le debe a la experiencia brasileña. Las UPP, creadas en algunas favelas de Río de Janeiro entre 2008 y 2014 y administradas por la Policía Militar (PM), tuvieron una primera etapa de ocupación militar a cargo del Ejército y una segunda de “pacificación”, que incluía la creación de una UPP social, también gestionada por los policías militares, con poca participación de referentes políticos y sociales. Alcanzaron un total de 36 “comunidades pacificadas”. Durante una visita que realicé en 2012 a la favela carioca Cidade de Deus –gracias a gestiones del área de relaciones internacionales del Ministerio de Seguridad argentino–, la comandante que había estado a cargo de la primera UPP en Santa Marta me mostró orgullosa cómo sus camaradas daban clases, en uniforme y desarmados, de defensa personal y de cavaquinho.[5] Era impensable que algo parecido ocurriera en la Argentina, donde la democratización se construyó expropiando a los gendarmes o a los policías de una acción visiblemente política o social. De todos modos, esa expropiación no anuló su faz política; antes bien, la hizo más escurridiza, al convertirlos en mediadores con un creciente poder de juego, un eslabón en la cadena de ligazones entre el Estado y los vecinos.
Para entonces estaba claro que la seguridad, entendida como protección, se había convertido en un beneficio y un derecho; es decir que entraba en el terreno dejado por el Estado benefactor, y su gestión no escapaba a la dinámica del consentimiento de los vecinos hacia referentes políticos y sociales de distinta jerarquía. Así, mientras en Brasil la UPP como cruzada civilizatoria y pacificadora colapsó en 2017 –puesto que la soberanía estatal ya había sido impugnada por el propio Estado y no había cómo mediar en esos territorios (Misse, 2010; Pacheco de Oliveira, 2014)–, la versión argentina del policiamiento de proximidad sobrevivió al kirchnerismo. El policiamiento de los y las gendarmes en estos territorios ganó el consentimiento de buena parte de los referentes políticos y sociales de las periferias, y consiguió establecer vínculos entre personas, agencias estatales y distintos niveles del Estado. Dio protección y sostuvo precariamente, como mostraré, el consentimiento propio y la legitimidad del Estado.
Por consiguiente, entender esta amplificación de la Gendarmería tan solo como una militarización de la función policial limita la comprensión del fenómeno. Es fundamental analizar lo que efectivamente hicieron los gendarmes, estudiar las implicaciones de sus operaciones reales, concretas y cotidianas, para poder determinar el carácter de su tarea. Esto es: importa no quedarnos con el orden legal de su naturaleza militar, defendida como tal incluso por buena parte de sus integrantes, porque el contenido de lo militar en esa defensa también fue impugnado, contestado y alterado.
En suma, a la Gendarmería le fue transferido, de manera progresiva, el ejercicio de la soberanía estatal; vale decir, se le otorgó potestad para administrar poblaciones en ciertos territorios. Esto se potenció y se volvió más visible hacia 2010, cuando la fuerza comenzó a tener mayor presencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): Conurbano y CABA. Fue a través suyo que la política se proyectó en personas uniformadas y complementó y modificó la “llegada” del Estado nacional a los ciudadanos. Esa dimensión política anidó en las diversas formas de policiamiento encomendado a los y las gendarmes, en el hecho de que –a través de sus intervenciones– encauzaran modos de gestionar poblaciones para ubicarlas dentro o fuera del Estado de derecho (Lima, 2002). Fue a través de esas intervenciones que algunas poblaciones quedaron en un borde inestable entre el Estado de excepción y el Estado de derecho (Calveiro, 2012), en particular aquellas ubicadas en las fronteras y gestionadas por esas prácticas territoriales, étnicas, y/o legales. Así, nuestro argumento se aproxima al de Didier Fassin (2016) cuando descubre que el trabajo de la policía francesa estaba destinado menos a la persecución criminal que al “control político” de poblaciones degradadas social y racialmente, a través de su permanente hostigamiento. Pero nos distanciamos de Fassin porque –en el caso estudiado– el “control” no fue el único modo, ni tampoco el predominante, en que se percibió y se ejerció la dimensión política de las operaciones de Gendarmería. Sus intervenciones abrieron un abanico que consiguió alcanzar legitimidades que, sin ser consensuadas, han sido no obstante persistentes.
Las operaciones de la Gendarmería a través de sus diferentes agregados –destacamentos móviles antidisturbios, escuadrones de frontera o unidades de policía de proximidad– se valieron de esquemas de acción para gestionar diversos tipos de conflictos: comunidades originarias mapuches y guaraníes, trabajadores despedidos que cortaban calles o las autopistas Panamericana o Ricchieri, bagayeros en la frontera con Bolivia, villeros habitantes del Conurbano y la CABA, ocupantes “ilegales” de tierras urbanas, entre otros. Con su presencia, mediación, amenazas y/o represión, los gendarmes contribuyeron a dar cauce a esas situaciones. Pese a que su carácter
