algunas entrevistas con oficiales y suboficiales en actividad y en disponibilidad[13] como consecuencia de aquella protesta, e incluso con retirados. Recogí distintas versiones de la disidencia y el inconformismo de quienes, aun estando fuera de servicio, seguían sintiéndose gendarmes y pensaban herramientas para mejorar el bienestar de sus camaradas. Fui contactada por uno de esos oficiales, ya retirado, para integrar equipos multidisciplinarios que pudieran asistir a las fuerzas de seguridad y policiales en temas de bienestar en todo el país. Misión que me interesó pero no llegó a concretarse.
La última etapa del trabajo de campo me permitió abordar una vez más el espacio operativo, recorrer las unidades de prevención barrial de Cinturón Sur, los escuadrones y destacamentos de Buenos Aires y del interior, y conversar con el personal de todos los grados sin restricciones. Esta etapa se vio facilitada por el vínculo construido durante las anteriores y por haber ganado la edición 2017 del concurso de proyectos de investigación científico-tecnológicos (PICT) del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología con el tema “Estado y seguridad pública. Obediencia, desobediencia y autoridad en las fuerzas policiales y de seguridad en la Argentina contemporánea”. A la Dirección Nacional le interesaba el tema porque había reincorporado a 95 de los 108 destituidos por la protesta de octubre, y no podía supervisar su reintegración. Sin embargo, la desaparición de Santiago Maldonado demoró el acceso hasta que finalmente las autoridades políticas autorizaron el estudio con el único pedido de que fuéramos prudentes y reservados. Seguimos la indicación hasta la represión de diciembre de 2017, cuando la Gendarmería hizo su bautismo de fuego como fuerza antidisturbios en jurisdicción de la CABA con motivo del tratamiento parlamentario de la ley previsional, y fue encontrado el cuerpo sin heridas de Santiago Maldonado. Fue entonces cuando produje algunos textos de divulgación de esta última etapa de trabajo de campo, los que envié apenas publicados a las máximas autoridades de la fuerza.[14]
Sin duda, el punto de inflexión en mi vínculo de casi diez años con gendarmes de diversa jerarquía fue la mencionada intervención en un medio gráfico de circulación nacional durante el conflicto protagonizado por gendarmes y prefectos en octubre de 2012. Mi postura no convalidó el argumento de buena parte del gobierno de entonces, según el cual el objetivo era “desestabilizar” y propiciar un “golpe de Estado”. En aquel momento recibí un llamado del subdirector nacional de la Gendarmería, que me dijo estar de acuerdo conmigo y expresó las enormes dificultades de los oficiales superiores para entender y abordar en profundidad los problemas del personal. En la ecuación había otro elemento nada despreciable: la gran desconfianza del ala política hacia las fuerzas de seguridad, en las que paradójicamente no dejaba de fundarse la última ratio de su autoridad.
El hecho de haber aportado una visión diferente de aquella sostenida por parte del oficialismo de turno me ubicó entre quienes podían dialogar con ellos. Eso fue posible en parte porque, como antropóloga, contaba con las herramientas para conocer, teórica y empíricamente, la visión que tienen sobre sus vidas aquellos cuyo mundo pretendemos conocer. Deambular entre gendarmes, habitar sus aulas, oficinas, patrulleros y contenedores, caminar con ellos, entender su sufrimiento, su bronca, su agresión y sus alegrías, y situarlos en un contexto compartido con nosotros y en procesos sociopolíticos comunes menos evidentes, suspende el miedo y con ello la cosmovisión que divide amigos de enemigos, culpables de inocentes, autoritarios de democráticos, militares de civiles, víctimas de victimarios. La perspectiva que propongo indica que esa serie de oposiciones niega la cesión de un trabajo político que ni militantes, ni funcionarios, ni referentes consiguen hacer por sí solos, como sí ocurría en las primeras décadas de la joven democracia. Y pone en evidencia su transferencia tácita a quienes la narrativa democratizadora en la Argentina expropió sus capacidades políticas.
Sobre la estructura del libro
En rigor, este libro se propone tomar la Gendarmería como un caso que ilumine la dimensión política de un proceso asumido como de “seguridad” en un contexto en el cual otros modos de protección estatal se tornaron insuficientes para gestionar ciertas poblaciones. Es también una lente para explicar de qué manera los obstáculos de esa forma de administrar poblaciones se expresaron en los cuerpos, las emociones y el sentido de servir a la fuerza e impusieron nuevos cercos a ese ejercicio de la soberanía estatal. De tal suerte que la propia agencia estatal fue mutando de maneras más o menos imperceptibles y con ello –y no solo por este proceso–, lejos de ser inerte, mutó también el sentido de lo militar.
Para dar cuenta de la combinación de aspectos que conlleva ese proceso político, nuestro punto de vista se orientará a entender el modo en que los y las gendarmes construyeron el ambiente operacional donde intervenían, cómo lo pensaban y sostenían (Ruffa, 2014) aun cuando lo criticaran o reprobaran. Desde esta perspectiva, que mira el ejercicio del poder de “abajo hacia arriba”, las cuestiones a atender se desplazan de aquellas que fijan las agendas públicas democratizadoras en cuanto a “seguridad”. Así, lo primero que se advierte es la discordancia entre la agencia puesta a gestionar ciertos problemas y la fuente que los origina, un aspecto dejado al margen de las transformaciones de la democracia real en los inicios del siglo XXI en la Argentina.
Bajo esta orientación, los tres primeros capítulos se sitúan en los tres principales ambientes operacionales donde actúan los y las gendarmes, en tanto que el capítulo 4 analiza y describe la lógica de las mutaciones del servicio de esta fuerza militar políticamente amplificada. El capítulo 1 describe las operaciones del último destacamento móvil antidisturbios, la unidad considerada “más militar” por la propia Gendarmería. Creado en 2011 para administrar, junto con el Destacamento Móvil 1, las poblaciones que expresaban sus demandas en la vía pública del AMBA, su análisis ilumina las implicancias del modo más violento del ejercicio político estatal. Al mismo tiempo, nos muestra un ambiente operacional caracterizado por las precarias condiciones laborales del personal que debe gestionar a quienes fueron expulsados o relegados del mercado de trabajo formal. Negociar, aguantar, reprimir, golpear, gasear, sufrir, caer o morir: esos eran los movimientos que fijaban el criterio político que se ponía en acto ante los piquetes y manifestaciones callejeras.
El capítulo 2 se ocupa de la gestión de poblaciones en la frontera norte, el ambiente operacional tradicional de los Centinelas de la Patria: un escuadrón de frontera en una de las zonas “más calientes” del límite con Bolivia, desde la perspectiva de la Gendarmería. El homicidio de un bagayero durante un patrullaje será el acontecimiento que nos permitirá mostrar la agresividad de los y las gendarmes como un “momento” de la impotencia contenida. Pero a la vez nos guiará hacia el origen de ese sentimiento: la constatación cotidiana –por parte de estos agentes– del fracaso en administrar –mediante controles con decomisos aleatorios o sistemáticos– a una población cuyo principal medio de vida es el bagayeo. Ese homicidio articuló la crisis de un ambiente operacional horadado por los conflictos en la organización del personal y sostenido por una trama local de agentes federales, cuyo equilibrio fue desestabilizado por la creciente legitimidad de los bagayeros y su trabajo: el así llamado “comercio ilegal”.
El siguiente capítulo analiza cómo el conflicto en torno al trabajo policial –resistido por los y las gendarmes– amplía la faz política del servicio. Desplazados de manera progresiva hacia un escenario desconocido –las villas del AMBA–, los gendarmes produjeron un ambiente operacional con retazos de experiencias profesionales y personales. Los relatos sobre quienes se “adaptaron” y sobre quienes sucumbieron describen la consolidación de esta forma de administrar poblaciones que el Estado declara al borde de la soberanía estatal, jurídica y ciudadana. En el camino, la institucionalización de estas operaciones impugnó el carácter militar de la fuerza.
El capítulo 4 recoge una serie de alteraciones del servicio destacadas en los capítulos anteriores para explicar cómo, en el contexto de coexistencia entre el posneoliberalismo y el ideal del Estado benefactor, la asunción tácita de la acción política que demanda su servicio y la expropiación de su capacidad para ejercerla mutaron el sentido de la obediencia para los gendarmes. La puerta de acceso a esas mutaciones fue la combinación entre la monetización del servicio y la sociabilidad,
