faz represiva de sus intervenciones estuvo fuertemente contenida. El ejercicio de la mediación y la negociación era uno de los recursos políticos más habituales de los gendarmes. Sin embargo, esa función política que impregnó las intervenciones quedó opacada por una narrativa que subrayaba las medidas tendientes a la desmilitarización policial para extirpar los resabios autoritarios de la última dictadura, exigía una auténtica conducción civil que subordinara a los uniformados para expropiarles su “autonomía” (es decir, su capacidad política), sostenía la prohibición del derecho a la sindicalización, y se resistía a expandir la solución penal a conflictos socioeconómicos, políticos y culturales. En rigor, esa narrativa fue desbordada por la creciente gravitación de los gendarmes en la cotidianidad de los vecinos como reguladores, negociadores, mediadores y/o represores de la conflictividad.
El agotamiento de sus habilidades negociadoras, sus limitaciones en el ejercicio de la política de negociación y sus difíciles y enmarañadas condiciones laborales figuran entre las principales causas que los llevaron a recurrir a la fuerza. La Gendarmería administró muchos cortes de rutas o de calles canalizando las demandas de los manifestantes hacia las agencias de gobierno correspondientes –Desarrollo Social, Salud, Obras Públicas o Trabajo– en los distintos niveles del Estado (nacional, provincial y municipal). Ahora bien: esa manera de ejercer la mediación política apeló a una estrategia de la que la política, en su forma más habitual, carece. Mientras esta última solo puede sancionar mediante la quita de recursos, protección y asistencia, los y las integrantes de una fuerza armada pueden valerse de la violencia en sus diferentes versiones, como detenciones y encarcelamientos, amenazas y hostigamientos. Estas alternativas son parte de las prácticas que dan sentido a esta forma de la política militarizada.
Llegar adonde el Estado no llega
El Proyecto X –como se conocía en la jerga de la Gendarmería a la base de datos sobre “hábitos” y “movimientos” de “cabecillas” (políticos o gremiales)– permite apreciar la faceta política de su accionar. Más allá de su ilegalidad –o junto con ella–, fue un recurso para el ejercicio de la soberanía estatal. Su carácter ilegal –denunciado en febrero de 2012 por dirigentes de partidos de izquierda, organizaciones de derechos humanos y políticos opositores al gobierno de la presidenta Cristina Fernández– opacó la lógica de su existencia. Aquello que tanto las denuncias como las explicaciones de los denunciados rechazaban mostraba, por la negativa, la faz política de la Gendarmería. En sus acusaciones, la dirigencia opositora de izquierda planteaba que se obtenía información con “metodología” propia del “espionaje político” –prohibida por la Ley de Inteligencia Nacional–, para generar causas judiciales contra dirigentes gremiales que en aquellos tiempos organizaban piquetes en la zona norte del Conurbano. En respuesta a esto, la Gendarmería y el Ministerio de Seguridad argumentaron que la información se generaba a pedido de la justicia, y no por iniciativa propia. Para los acusadores, lejos de atenuar el problema, esta situación mostraba la conversión de la protesta gremial en delito. Entre tantas acusaciones y justificaciones, que incluyeron un discurso de la entonces presidenta, se pudieron conocer las circunstancias en que se recababa esa información. La Gendarmería le respondió por escrito al juez federal que entendía en la causa y su planteo no hizo más que ratificar la versión de los denunciantes, según la cual esa forma de espionaje había generado cientos de causas judiciales contra los dirigentes y “criminalizado la protesta”. ¿En qué consistía la tarea política asumida por la Gendarmería en la gestión de esta población conflictiva en aumento?
Según la versión del Ministerio de Seguridad, la base de datos consistía en un software al que había recurrido la justicia federal y provincial en unas 5000 causas. Su diseño original databa de 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, y había sido actualizada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner. En sus primeros años de existencia, se alimentó del trabajo político de la Gendarmería, orientado a “contener”, “negociar”, “evitar” y/o “encauzar” las protestas sociales bajo la forma de piquetes. En el momento del escándalo, se conoció que los dirigentes de izquierda habían sido perseguidos judicialmente con información producida en las manifestaciones y cortes sobre la autopista Panamericana, jurisdicción del Destacamento Móvil Antidisturbios 1 de la Gendarmería en Campo de Mayo, intensificados a partir de 2009.
De las declaraciones de tres gendarmes –dos varones y una mujer, integrantes de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales– ante la secretaria del juez que entendía en la causa se desprende la faz política de sus prácticas. En sus testimonios señalaron que se les había ordenado “constituirse en el lugar” de la manifestación, y además aportaron al expediente fotos tomadas por ellos, que fueron reproducidas en la página <www.plazademayo.com>. En ese expediente, la oficial de la Gendarmería:
Manifiesta que aproximadamente una hora después del corte, los manifestantes se retiraron voluntariamente y en forma pacífica, debido a las negociaciones realizadas por Gendarmería, desconociendo realmente quién llevó a cabo las charlas. Señala que en las fotos obtenidas se observa a Néstor Pitrola y Vilma Ripoll, quienes apoyaban la movilización y los reclamos de los manifestantes. Señala que el avance del corte no pudo ser contenido por personal vial de Gendarmería, pero luego, sobre la base de las negociaciones, todo se pudo aclarar, logrando la liberación de la ruta sin que se cometieran desmanes ni enfrentamientos.[6]
El énfasis en las negociaciones indica que la circulación del personal de la fuerza sin uniforme, prohibido por el protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad, era el modo en que los supuestos “espías” complementaban la tarea de los negociadores, quienes debían “charlar” con los cabecillas. Todo apunta a que la intensificación de los cortes por parte de trabajadores despedidos a partir de 2009 y la dificultad política para gestionarlos dejaron en manos de la Gendarmería y de ciertos funcionarios judiciales la criminalización de la protesta, a través de la persecución de los cabecillas por “alteración del orden público”. Así lo explica en julio de 2013 la diputada Myriam Bregman, querellante en la causa por espionaje, en una nota periodística donde responde al rechazo de la entonces presidente CFK a su acusación:
Bregman contó que la mayoría de esas instrucciones adjuntadas en la causa “son de 2009, año cuando aún estaba Héctor Schenone como jefe de Gendarmería”. Y señaló que esas indicaciones destacaban “la importancia de perseguir y vigilar a todos esos sectores porque se venía en el mundo una crisis económica, y por lo tanto había que evitar así futuras situaciones de alteración del orden público”.[7]
El rechazo, la denuncia y la acusación cuestionaban el contenido político de las prácticas de los y las gendarmes, y al mismo tiempo lo confirmaban. El hecho es que, como veremos, en cada tipo de intervención –ya fuera en poblaciones de frontera, barrios segregados u organizaciones políticas– la Gendarmería convocada para gestionar poblaciones que bordeaban la estatalidad desplegaba también tareas de inteligencia y reunía información obtenida de referentes barriales, gremiales y políticos para ganar consentimiento, negociar y/o reprimir.
En este proceso, la militarización intensificaba el componente político de las prácticas de los agentes de esta fuerza, que era rechazada por buena parte del arco político progresista, lo que potenciaba la ambigüedad respecto de sus verdaderas funciones. Como señala Jean-Paul Brodeur, todo policiamiento, visible o secreto, imprime un ordenamiento político:
El alto policiamiento, es decir, la vigilancia, el seguimiento y el mantenimiento de archivos secretos sobre la actividad cotidiana, es en realidad el paradigma de toda la vigilancia política […] busca amenazas potenciales en un intento sistemático por preservar la distribución del poder en una sociedad determinada (Brodeur, 1983: 513).
Al respecto, Peter Manning aclara:
Es la política en nombre del policiamiento, o más específicamente el policiamiento como política (Manning, 2012: 6; la traducción me pertenece).
Esa politicidad de las prácticas
