y a los que se les fueron asignando a lo largo de los últimos treinta años. Lamentablemente, esta cuestión estuvo fuera del alcance de este equipo de investigación, al menos en esta etapa.
Luego de esta introducción, los resultados de investigación se han organizado en este libro como se describe enseguida.
En el capítulo I se recuperan los antecedentes del debate nacional e internacional sobre los temas asociados a la evaluación académica de los individuos, los cuales provienen tanto de la literatura especializada como de la prensa nacional. En el II se detalla la metodología utilizada en sus dimensiones cuantitativa y cualitativa. El tercer capítulo está dedicado a la descripción de las estadísticas básicas del SNI mientras que los resultados de la encuesta aplicada a los miembros del SNI vigentes y no vigentes, más las opiniones vertidas en los grupos de discusión y en las entrevistas individuales se incluyen en el capítulo IV.
Por su parte, en el capítulo V se revisan los requisitos establecidos para ingresar y permanecer en las diversas categorías del SNI y la relación de esto con los criterios específicos de evaluación —que son complementarios al Reglamento del SNI—, en las siete áreas que lo integran, así como su evolución reciente. El propósito de este capítulo es triple: a) evalúa en qué medida los criterios de dictaminación por áreas presentan diferencias entre sí al determinar la cantidad o calidad de los productos a evaluar, cuestión que se relaciona con las diferentes percepciones recogidas en la encuesta y con los grupos de discusión según las diferentes disciplinas; b) examina cómo estos criterios interpretan los requisitos reglamentarios: ¿restringen, amplían o precisan los requisitos reglamentarios?, y c) analiza en qué medida las opiniones de los investigadores incluidas en este estudio —publicado en la página web del FCCyT desde 2014— han sido atendidas en las respectivas reformas de dichos instrumentos y cuáles podrían considerarse en otras futuras.
El capítulo VI se dedica al análisis de la relación entre los sistemas de evaluación institucional y el SNI a la luz de diferentes situaciones donde ambos interactúan de modo complementario y se combinan de distintas maneras o, por el contrario, se encuentran del todo desvinculados. Además se abordan las modalidades y problemáticas de la evaluación institucional derivando de ello algunas de las recomendaciones.
Finalmente, el capítulo VII del libro contiene las conclusiones y recomendaciones.
I. La evaluación en la perspectiva internacional y desde las políticas de educación superior y de ciencia y tecnología de 1990 a 2016
Antecedentes y contexto
El objetivo de la revisión de antecedentes que se incluye en este capítulo es ofrecer al lector el panorama más amplio en el que se inscribe la emergencia del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en México. Para ello, a continuación se presentan las características que distinguen a los procesos de evaluación de los académicos, desde una perspectiva internacional. El siguiente aspecto a tratar es el sistema de evaluación de la educación superior en México con el que, a pesar de su autonomía, el SNI guarda una estrecha relación, si bien se extiende a otros ámbitos como el de la investigación científica y la innovación.
Perspectiva internacional
Los propósitos que impulsan la implantación de la evaluación de la educación superior y la investigación científica a nivel internacional han sido variados: transparencia en el uso de los fondos públicos asignados al sector; mejorar la calidad de la educación; estimular la competitividad entre instituciones; verificar las diferencias de calidad en instituciones de reciente creación (públicas o privadas); asignar rangos de prestigio a algunas de ellas de acuerdo a su desempeño; regular las relaciones entre los gobiernos y las instituciones de educación superior (IES); proveer información para estudiantes y empleadores, o para la aplicación de financiamientos; promover comparaciones entre países, y facilitar la movilidad de estudiantes entre instituciones (Brennan, 1998).[1] Una evaluación así responde a un enfoque conductista que induce a la adaptación o readaptación de las instituciones en función de cambios en el contexto social local o internacional. La publicidad debida a resultados comprobados y rankings atrae la atención del público sobre los conceptos de rendición de cuentas y mejora educativa. Las ventajas que se prometen pueden ser financieras, de prestigio o incluso políticas; mientras que para las instituciones de educación superior (IES) y de investigación científica y tecnológica en general son una señal de la necesidad de cambiar y de acceder a prácticas de las cuales depende la obtención de dichas ventajas.
Para que la evaluación funcione y sea creíble es necesario tener sistemas efectivos. Los poderes ejecutivo y legislativo de los que depende el financiamiento de las instituciones son actualmente más inquisitivos en cuanto al uso de los recursos públicos. Las instituciones evaluadas entienden que la autonomía jurídica o técnica no está exenta de la obligación de rendir cuentas. La evaluación de la calidad del desempeño, por otra parte, busca medir lo peculiar de cada institución. El proceso debería de ser sencillo y transparente, de modo que se pueda establecer un tipo específico de comunicación con el público y no solo con el gobierno. Para ello las IES se han visto obligadas a transformar una visión tradicional según la cual la calidad y el buen funcionamiento eran un asunto puramente interno. Si bien antes había razones para sostener esta tesitura, la situación ha cambiado radicalmente. Los condicionamientos sobrevenidos con el financiamiento (en sentido de eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos), el entorno político (referido a conflictos dentro o fuera de los recintos de la educación superior) y los debates más o menos generalizados respecto de la calidad de la educación superior a raíz de su crecimiento junto a los problemas de gestión, han derivado en nuevas formas de presentar cuentas y difundir datos (Massaro, 1998; Dobele, 2015: 411-413).
Desde el punto de vista de los gobiernos, el interés consiste en mantener el control del gasto, y para esto se ha buscado concretar un sistema aceptable de explicación de resultados por parte de las IES y otras instituciones mediante la inducción negociada de mecanismos de evaluación. El objetivo ha sido dar una base consensual a la política oficial de desarrollo científico. Se trata de una medida de control y orientación con la convicción de que es necesario tener un sistema organizado de instituciones y ya no un conjunto de instituciones o de subsistemas dispersos y descoordinados.[2] Es igualmente una respuesta a las presiones que al respecto reciben los gobiernos por parte de la iniciativa privada, de la oposición partidaria, de la opinión pública en general o de organizaciones multinacionales que inciden en las políticas públicas nacionales. En defensa de esto nada mejor que un sistema de información periódica fundamentado en evaluaciones, con relativa abundancia de datos y posibilidad de fundar juicios acerca de la calidad y desempeño de las instituciones observadas. Por este motivo las autoridades apelan a la opinión pública y propician una visión crítica de los problemas de la educación superior[3] buscando así la aprobación de la asignación de los recursos a las instituciones.
Sin perjuicio de que haya cierto grado de cooperación ineludible entre las instituciones así observadas y el gobierno —este porque requiere consenso de las primeras y aquellas porque necesitan los financiamientos condicionados por una evaluación—, la posición de los actores es disímbola: mientras para el gobierno se trata de obtener una información suficiente que justifique la asignación de fondos y su uso, para las instituciones académicas y de investigación el objetivo es sustentar procedimientos que den acceso a fondos, buena relación con las autoridades y justificación ante la sociedad en general (Brennan, 1996). Para los académicos —en especial cuando son evaluados individualmente por sus productos de investigación, tal como sucede en los países latinoamericanos— ha significado un cambio radical en la dinámica del trabajo, pues es viable con base en una evaluación conformar una jerarquía de ingresos y de prestigio distinta de la tradicional (Aboites, 2012).
La evaluación puede justificarse como necesaria en un marco de planeación, pero la inquietud de los evaluados es acerca de sus métodos,
