sector de los “desheredados” donde las prácticas de corrupción encuentran un contexto de bajo riesgo y alta impunidad. Ahí la manera más burda de corrupción aparece en forma de acoso sexual. Las mujeres —en su mayoría estudiantes, pero también no pocas profesoras— son el segmento que concentra abrumadoramente la mayor cantidad de prácticas de acoso por parte tanto de profesores más o menos respetados, como de burócratas universitarios de alto o bajo rango. La denuncia suele ser una decisión muy cara para quienes son objeto del acoso, pues, en tanto delito, supone careos, dichos, que difícilmente pueden ser comprobables.
Pero sea en el tema sexual, en el uso de los recursos públicos o en el ámbito estrictamente académico, la corrupción es una bestia multiforme. Desde hace tiempo el fenómeno dejó de ser solamente una colección de anécdotas y chismes para convertirse en un comportamiento social más complejo y profundo. Aunque los actos de corrupción son individuales y ocurren en contextos específicos, las dimensiones, componentes y alcances de esas prácticas forman parte del orden institucional universitario contemporáneo, y su magnitud se ha vuelto mayor debido a los procesos de masificación que la educación superior ha experimentado en los últimos treinta años. Después de todo, la universidad es una institución de poder, que confiere títulos, diplomas y certificaciones, que contribuye significativamente a la movilidad social ascendente, asigna posiciones y puestos, que recibe y distribuye recursos, que proporciona status, un sitio, un lugar, a los individuos y grupos en la vida social, política y académica.
Por ello, por ese poder institucional, la universidad se ha consolidado como un espacio política y socialmente apreciado. Ahí se configuran redes familiares y sociales que frecuentemente se expresan también como redes políticas, académicas y profesionales. Pero esta dinámica no se deriva automáticamente de una lógica de corrupción, pues la configuración del capital académico e intelectual de grupos e individuos pasa también por prácticas de probidad y exigencias éticas que se heredan de generación en generación en las distintas disciplinas científicas y campos profesionales que coexisten en la universidad. Ese es en realidad el núcleo duro, simbólico y práctico de la legitimidad y prestigio institucional de la vida universitaria.
El problema de la corrupción es que no sabemos muy bien cómo identificarla y enfrentarla con eficacia. En el ámbito sexual, hay un orden institucional —un “orden de género”, dirían las especialistas del tema— que naturaliza el acoso y el chantaje como prácticas cotidianas, y se expresa en los códigos de comportamiento de profesores y autoridades, que supone complicidad y umbrales de tolerancia, digamos, muy elásticos. En el ámbito académico, hay también un orden que tiene que ver con el trato diferencial hacia políticos y famosos, pero que coexiste con los efectos perversos de las políticas de calidad que determinan los apoyos y recursos externos a las universidades: contratación de profesores con doctorados de dudosa reputación, exigencias de altas tasas de eficiencia terminal de estudiantes de licenciatura o posgrado, producción de indicadores de éxito laboral de los egresados. En el ámbito administrativo, el desvío de recursos, la malversación de fondos, son prácticas que muestran el lado más grotesco e irritante de la corrupción.
El fenómeno, sus evidencias, sus complejidades, están ahí. El problema es que no sabemos muy bien cómo reconocerlo y qué hacer con él. Cuando el orden institucional naturaliza o vuelve invisibles esas prácticas, tenemos dificultades mayores para diferenciar, matizar, distinguir las distintas formas de corrupción universitaria. Y los actos de fe nunca son suficientes para exorcizar sus demonios sin correr el riesgo de expulsar también a nuestros ángeles.
17 Campus Milenio, 21de junio de 2018.
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