el caso, el nuevo gobierno lopezobradorista goza de una legitimidad democrática incuestionable. Su desafío mayor en el corto plazo será traducir esa legitimidad en eficacia gubernamental.
2. No se pueden cosechar calmas sembrando vientos. Y eso puede justamente ocurrir al nuevo presidente electo, a sus consejeros y asesores, y a sus equipos de campaña. La coalición electoral que llevó al triunfo de AMLO ha quedado desde ahora formalmente disuelta para tratar de convertirse en una suerte de coalición promotora de gobierno, instrumentadora de los cambios que prometió generosamente en campaña. Los beneficios de una eficaz estrategia cacha-votos alimentada por la retórica de la “mafia del poder” y que centró sus propuestas en considerar que la corrupción es la causa de todos nuestros males públicos, ahora tiene que absorber los costos de los pleitos, ambigüedades y vacíos que acompañaron también la obtención de los beneficios político-electorales de la campaña presidencial.
3. Tener el poder no es lo mismo que ejercer el poder. La construcción de una candidatura triunfadora supone pactar con dios besando al diablo. Es construir una imagen apoyada en los soportes políticos de los aliados, sin reparar demasiado en la coherencia de las coaliciones, de los programas y de las promesas. El pragmatismo es el instrumento y la brújula de las campañas, asumiendo los riesgos de compañeros de viaje que podrían ser considerados indeseables en cualquier otra circunstancia. Pero el periodo postelectoral significa un rápido proceso de rehechura de las alianzas para gestionar los conflictos y los cambios de cara al proceso de gobierno, al acto mismo de gobernar. A partir de ahora, diseñar decisiones de políticas públicas supone un conjunto de arreglos políticos estratégicos para que las políticas posean mínimos de factibilidad y de eficacia para el nuevo gobierno.
4. En una democracia electoral representativa y pluralista el ganador nunca gana todo. Y eso parece que ocurrirá otra vez en el caso mexicano. La oposición política al lopezobradorismo tendrá la mitad de la representación en el Congreso, y aunque Morena ha alcanzado cinco de los gubernaturas en juego, la mayor parte de los ejecutivos de los gobiernos estatales son dominados por otros partidos políticos. Eso significa que el nuevo ejecutivo federal tendrá que negociar permanentemente con la oposición para múltiples decisiones y acciones públicas, frente a un mapa muy complicado de intereses, actores y fuerzas políticas locales y nacionales. El fantasma del gobierno dividido y del presidencialismo débil vuelve a aparecer en el horizonte político nacional y eso significa siempre, para mal o para bien, la necesidad de ceder espacios, reconocer límites, potenciar alianzas, para tratar de mantener umbrales satisfactorios de gobernabilidad política y gobernanza institucional.
5. En política, prometer no empobrece; lo que perjudica es cumplir. A partir de ahora, el desgaste del nuevo gobierno ha comenzado. Las ilusiones, promesas y anticipos verbales del candidato van a comenzar a pasar las pesadas facturas de las realidades de todos los días, en todos los temas. Las promesas del político en campaña tendrán que resolverlas como puedan los funcionarios y asesores del presidente electo. Eso recuerda a las palabras del rey Luis XIV, al referirse a los políticos: “todo hombre que puede comprometerse sin razón, se vuelve al poco tiempo capaz de retractarse sin vergüenza” (citado por Escalante, 2011). La abultada agenda de transformaciones del país que anunció AMLO tendrá que ser priorizada y calendarizada por operadores, asesores y consejeros. Lo interesante será saber cuáles son esas prioridades y cuántas de ellas podrán ser cumplidas.
b) Dilemas, tensiones y restricciones del nuevo
gobierno educativo
El sabio profesor florentino Nicolás Maquiavelo —frecuentemente tan citado pero tan poco leído— afirmaba que un buen príncipe siempre tiene que aspirar a conjugar “fortuna y virtud”, es decir, tomar decisiones que guíen sus acciones en un sentido deseado —que no puede ser otro que la obtención y el reconocimiento de su poder y del gobierno que dirige— pero que debe también considerar las determinaciones que la fortuna —es decir, la suerte, el azar— juegan en los resultados del ejercicio político práctico (Maquiavelo, N., 1976).
Esa combinación suele ser complicada y, a menudo, imposible. Maquiavelo afirmaba que “ninguna cosa hace estimar tanto a un príncipe como las grandes empresas y el dar de sí excepcionales ejemplos”. Grandes empresas como grandes reformas, o transformaciones, o iniciativas, exigen por lo tanto una combinación adecuada de prudencia, fortuna y virtud, acompañadas siempre de un relato convincente, persuasivo y claro, sobre la necesidad o la bondad de emprender un nuevo camino de transformaciones desde el gobierno.
Pero para los profesionales de la política las circunstancias siempre determinan los comportamientos. El sabio Maquiavelo afirmaba que casi no hay político que no tenga “el ánimo dispuesto a girar según los vientos y variaciones que la fortuna le ordene”. En un contexto de competencia electoral, la retórica política busca sumar adhesiones y simpatías, con el propósito de alimentar la base social y electoral que permita ganar e incrementar su legitimidad política. Los dichos de campaña tienen sentido en el marco del “modo electoral” que asumió el lopezobradorismo en búsqueda de votos de los ciudadanos. Pero el “modo de gobierno” tiene, inevitablemente, otra lógica de operación, dirigida ya no a la búsqueda de votos, sino a la eficacia gubernativa. Pasar del modo electoral al modo gubernativo exige cambiar las relaciones entre los argumentos, los dichos y los hechos.
Esto ocurre en todos los campos de la acción pública, incluyendo, por supuesto, el educativo. El significado de la “cancelación” de la reforma educativa tiene ahora que ser traducido y explicado con detalle y precisión. Esa frase de campaña le trajo a AMLO la confirmación de aliados y simpatizantes, pero también le granjeó confirmar a viejos y nuevos adversarios. ¿Qué tipo de proyecto reformador, o restaurador, de la educación básica plantea el lopezobradorismo? ¿Quiénes serán sus aliados prácticos, tácticos y estratégicos? ¿Cómo se construirá la agenda y los contenidos de una nueva reforma educativa? Muy probablemente, las dirigencias aparentemente antagónicas del SNTE y la CNTE serán potencialmente consideradas como aliados inevitables del nuevo proceso reformador (o contrarreformador, o reformador de la reforma), pues los costos de actuar en solitario pueden o podrían ser muy altos para el nuevo gobierno.
En educación superior, las incógnitas rebasan con creces las respuestas. Más allá de las generalidades, como las de admisión universal o la de becas para todos los jóvenes que promocionó generosamente AMLO en sus decenas de mítines y entrevistas, no se sabe muy bien ni el qué ni el cómo ni el cuándo, ni quiénes se encargarán de diseñar una propuesta de política educativa para este nivel que tenga que lidiar con temas como el de la calidad, el financiamiento público, las bombas estalladas y las de relojería que son las pensiones y jubilaciones del profesorado universitario, la autonomía universitaria, el papel de las universidades privadas, el instrumental regulatorio adecuado para un sistema masificado y heterogéneo, las relaciones de la ciencia, la tecnología y la innovación, el papel y los perfiles del posgrado.
Estas preguntas y temas exigen decisiones de gobierno para traducirlas en agenda y programa. Definir el ordenamiento, la organización y las prioridades gubernamentales en el sector requieren de cierto trabajo intelectual y de un análisis sistémico de las capacidades institucionales para abordar la agenda, pero también de un “cálculo de complejidad” y la valoración del carácter estratégico, táctico o pragmático de las propuestas de solución en tanto problemas públicos. Desde esta perspectiva, el gobierno educativo significa el conjunto de estructuras, agencias y actores que permiten formular una agenda, tematizar y organizar las prioridades del gobierno, y definir las decisiones estratégicas, las políticas y los programas públicos necesarios para incidir en el abordaje y la (posible) resolución de los problemas de la educación mexicana para los próximos años.
En todos los niveles del sistema educativo —el básico, el medio y el superior, incluyendo el posgrado— el problema del gobierno educativo de despliega en dos direcciones. De un lado, hacia la dimensión de la gobernabilidad sistémica. Del otro, hacia la dimensión de la gobernanza
