cuatro de cada diez jóvenes entre 19 y 23 años tiene acceso a la universidad. Por otro lado, existen brechas de desigualdad social que también se reflejan en la divergencia educativa superior: los jóvenes de los deciles de las familias de ingresos más altos y de mayor escolaridad de los padres tienen cinco veces más posibilidades de acceso que los jóvenes de los familias de ingreso más bajos y de padres con escolaridades más bajas. Eso se traduce en un efecto de sobrerrepresentación de los estratos altos y medios respecto de los estratos más bajos de la sociedad mexicana.
Las políticas de modernización y de calidad instrumentadas en los últimos treinta años no han podido resolver este déficit de inclusión y equidad. Tenemos un sector público sobrerregulado coexistiendo con un sector privado cuasirregulado o subregulado compuesto por un puñado de instituciones de élite de alto costo y alta selectividad y miles de establecimientos particulares de bajo costo y baja selectividad.
El lopezobradorismo no ha mostrado un posicionamiento claro sobre las políticas hacia este sector, más allá de algunos pronunciamientos sobre becas para todos los jóvenes, o acceso universal a la educación superior. Sin embargo, revisar justamente las políticas de acceso y de regulación del sistema superior implica considerar por lo menos cuatro temas políticamente delicados e importantes: el tema del financiamiento; el de la autonomía de las universidades públicas y de las instituciones públicas no universitarias (universidades e institutos tecnológicos, escuelas normales superiores, universidad pedagógica nacional); el del papel y regulaciones de las instituciones privadas; y el de la articulación de la ciencia, la tecnología y la innovación con el desarrollo nacional, que incluye subtemas clave como el del Sistema Nacional de Investigadores o el de la expansión del posgrado.
En cualquier caso, la promesa de una cuarta gran transformación nacional anunciada por el nuevo presidente incluye la construcción de un nuevo arreglo institucional en el sector de la educación superior, que supone evaluar y reformar el paradigma bifronte que ha caracterizado la acción pública federal en este campo durante las pasadas tres décadas.
Gobierno educativo: gobernabilidad o gobernanza
Finalmente, pero no al último, me parece que el tema del gobierno de la educación es fundamental para articular cualquier proceso reformador dirigido a resolver consistentemente los problemas críticos del sector en el mediano y largo plazos. Aquí, la herencia de los últimos años se caracteriza por una tensión permanente entre la gestión de los conflictos y la gestión de los cambios. Asumiendo de entrada que cualquier proyecto de transformación institucional implica riesgos de ingobernabilidad, también es preciso reconocer que la gestión de los cambios supone la creación de estructuras y coaliciones mínimas que disminuyan la conflictividad y aseguren umbrales satisfactorios —no óptimos— de gobernabilidad para el procesamiento e instrumentación de las reformas. Atendiendo las lecciones del pasado reciente de la educación mexicana, concluimos que puede haber gobernabilidad sin gobernanza, pero no gobernanza sin gobernabilidad.
Aquí aparecen en el escenario la valoración del tipo y calidad de los posibles aliados y adversarios de las reformas. Pero de manera relevante supone la revisión del tipo de gobierno que requiere un sistema educativo flojamente articulado, heterogéneo, naturalmente complejo, y atravesado por inconsistencias, inequidades y desigualdades de muy diverso alcance, tipo y profundidad. ¿Reformas normativas y regulativas? ¿Descentralización o centralización de las decisiones clave? ¿Creación de nuevas agencias gubernamentales, con los riesgos de la burocratización que ya conocemos? ¿Esquemas de coordinación flexibles y claros, con reglas mínimas de orientación, evaluación y presupuestación a nivel federal, estatal y municipal? ¿Evaluación de los aprendizajes y los desempeños escolares como tarea del gobierno y sus agencias? Estas cuestiones, me parece, están en el horizonte de los dilemas que habitan el tema del gobierno educativo.
Reflexiones finales
El ánimo de renovación y optimismo que parece inundar nuestra vida pública luego del proceso electoral es una buena oportunidad para revisar, valorar e imaginar un nuevo futuro para la educación nacional. El gobierno entrante, que parece representar la inauguración de un nuevo ciclo para la democracia mexicana —con sus riesgos, vacíos y ambigüedades—, tiene frente a sí un amplio territorio educativo que exige definir prioridades y decisiones estratégicas.
El problema, como siempre, es el tiempo, el “maldito factor tiempo”, como solía denominar el fallecido sociólogo chileno Norbert Lechner a esa tensión permanente e inevitable entre el tiempo político y el tiempo social. Para el caso mexicano lo sabemos muy bien desde que comenzó la era de la alternancia: los primeros tres años son claves para promover coaliciones y definir agendas, programas e instrumentar acciones del gobierno. Ya ha comenzado a configurarse un relato sexenal que promete crecimiento, prosperidad y desarrollo para todos (la “cuarta transformación” que prometió López Obrador en campaña). Lo que esperamos en los próximos meses son las señales claras de un cambio sustancial en la educación que atienda los déficits de la acción gubernamental y reconozca los logros que en el pasado remoto y reciente han caracterizado el desempeño educativo nacional. De otro modo, se corre el riesgo de que un nuevo príncipe, en el afán de cambiarlo todo para que nada cambie —justo como el viejo síndrome de Lampedusa—, termine expulsando a nuestros ángeles junto con los intentos de exorcizar a nuestros demonios.
Referencias
Acosta Silva, Adrián (2018), “La educación como espectáculo”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, Vol. XXIII, N.77, abril-junio, 2018, COMIE, México, pp. 627-641.
Escalante Gonzalbo, Fernando (2011), El Principito, o sea oficio de políticos, Cal y Arena, México.
Maquiavelo, Nicolás, El Príncipe, Aguilar, México, 1976.
16 Esta es una versión ampliada y modificada del texto de la conferencia presentada en el foro de discusión “Educación en México: políticas y reformas”, organizado por la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 6 de julio de 2018, Tlaxcala.
Corrupción académica: ángeles y demonios17
Ya se sabe: la vida académica no es ni ha sido nunca un lugar inmune a las prácticas de corrupción que existen en la sociedad general. Aunque los campus universitarios son representados como sitios apacibles asociados a la reflexión intelectual, la investigación científica y el debate político, la irrupción de pequeños escándalos mundanos sacude de vez en cuando la imagen de tranquilidad cotidiana en sus bibliotecas, aulas y edificios. Acoso, chantaje, sobornos, simulaciones, plagios académicos, mal uso de los dineros públicos, forman parte de la colección de comportamientos que se comentan en voz baja en diversas universidades, pero que provocan en ocasiones escándalos, escenas de indignación moral, reclamos airados a las autoridades, pleitos entre las comunidades universitarias, denuncias penales. Las causas son variadas; los hechos específicos, múltiples, pero lo que destaca es el manto de invisibilidad individual y colectiva que cubre frecuentemente buena parte de esos comportamientos que lastiman la vida académica e institucional universitaria.
Ni los códigos del political correctness ni los protocolos de ética institucional han logrado inhibir la aparición de casos donde el plagio, el obsequio de calificaciones a cambio de favores sexuales, la laxitud en la elaboración de exámenes de grado o en la confección de tesis profesionales o aun de posgrado aparecen en España, en México, en Gran Bretaña, en Estados Unidos o en Alemania. Es muy conocido el hecho de la existencia de políticos o funcionarios prominentes que, al mismo tiempo que se dedican a las labores propias de su oficio, estudian carreras o posgrados universitarios, tratando de obtener con ellos la legitimidad académica o intelectual que necesitan para fortalecer sus trayectorias políticas o burocráticas presentes o futuras. Tampoco es desconocido el hecho
