gobierno educativo (Acosta, 2018).
En el pasado reciente del sector, los problemas de gobernabilidad y de gobernanza han coexistido empíricamente. El impulso a la reforma educativa que se inició en el marco del Pacto por México anunciado desde principios de 2013, al inicio del gobierno peñanietista, fue anunciado explícitamente como una estrategia de cambio cuyo propósito central era “recobrar la autoridad del Estado” en la educación. A partir de un diagnóstico catastrófico del sector, el gobierno federal tomó la decisión de reformarlo a través de un proyecto centrado en la carrera magisterial y la evaluación docente, que significó básicamente la modificación de las reglas de ingreso, promoción y mejora del profesorado, la reforma a las funciones y atribuciones del INEE, y, tardíamente, años después, hacia 2017, mediante el diseño de un “nuevo modelo educativo” orientado a la mejora de la calidad de la educación mexicana.
Más allá de los contenidos, las contradicciones y los efectos no deseados (o perversos) de las reformas, o de las inconsistencias lógicas de su diseño e instrumentación, lo que importa destacar es el hecho de que de manera explícita, el gobierno federal asumió que el núcleo de las reformas descansaba en la capacidad de gestión e instrumentación de los cambios —la gobernanza educativa—, para lo cual se tomó la decisión de construir un andamiaje legal-normativo y una coalición política promotora de las reformas —integrada por el gobierno federal, los gobiernos estatales, partidos políticos, organismos empresariales y asociaciones civiles, y la burocracia sindical del SNTE—, que permitieran gestionar de manera efectiva los cambios y ajustes asociados al proyecto reformador.
Sin embargo, como bien sabemos, los conflictos estallaron en diversas arenas y espacios de la educación básica. El espectáculo de movilizaciones, violencia, huelgas, marchas y paros dominó el escenario educativo nacional en diversas entidades y ciudades del país. Mientras que en algunos territorios y poblaciones las reformas se instrumentaron de manera “suave”, en otros las iniciativas y acciones reformadoras fueron furiosamente bloqueadas y cuestionadas. En el ámbito intelectual y académico, las reformas produjeron reacciones encontradas, que se expresaron en posturas diversas: el apoyo franco o cauto de los críticos y los escépticos respecto tanto de las propuestas de reforma, como de los críticos a la misma (Acosta, A., 2018).
En este escenario, la gestión del conflicto se convirtió en la bestia negra de las reformas educativas. Los problemas de gobernanza considerados como el núcleo duro de la acción del gobierno fueron desplazados sistemáticamente por los problemas de gobernabilidad del sector. La tensión entre cambios y conflictos se convirtió en la seña de identidad de una reforma que aún requiere ser valorada y evaluada en sus distintas dimensiones, alcances y componentes. Quizá ha llegado el momento de iniciar la autopsia de una reforma que no logró consolidarse en el ánimo público.
c) El futuro educativo y el nuevo gobierno
La hora de gobernar, de hacer gobierno, ha comenzado para el lopezobradorismo. En las próximas semanas y meses asistiremos al proceso de transición de la administración pública federal que culminará con la toma de posesión del nuevo presidente de la república el 1 de diciembre de este año. Durante este periodo se forjará la agenda gubernamental básica que dará sentido al programa de gobierno sexenal y a los programas sectoriales respectivos.
La formulación teórica y las evidencias empíricas del campo del análisis de las políticas y del papel de los gobiernos nacionales en la gestión de los asuntos públicos indican que ninguna política ocurre en el vacío histórico e institucional. En cada campo de la acción pública hay legados, herencias, estructuras e intereses que determinan de manera significativa las posibilidades de acción de un nuevo gobierno. Esa característica fundamental estará presente, sin duda, en el campo educativo mexicano.
Lo interesante del momento mexicano es la fuerza con la que llega un nuevo gobierno a enfrentar la combinación de déficits y logros que se han acumulado en cada sector. Y aquí, el lopezobradorismo llega con una fuerza política y social como no había ocurrido en ninguna otra experiencia de alternancia desde el año 2000. El viejo sistema de partidos concentrado en tres grandes fuerzas (PRI, PAN y PRD) ha sido sustituido por una fuerza hegemónica inocultable representada por Morena, una organización pragmática, no ideológica, que absorbe intereses diversos y contradictorios, que combina rasgos del nacionalismo posrevolucionario, tendencias al hiperpresidencialismo, prácticas de neocorporativismo y neopopulismo, junto con elementos del socialismo cristiano, del conservadurismo moral (aportados por el Partido Encuentro Social, el PES), y unos toques del radicalismo revolucionario marxista, o más bien, neostalinista (aportados por el Partido del Trabajo, el PT). Claramente antineoliberal, el perfil del nuevo gobierno anticipa una transición interesante y un conjunto de desafíos inéditos para un gobierno electo democráticamente.
Para el sector educativo, la transición perfila tres tipos de asuntos que, desde mi punto de vista, constituyen el núcleo estratégico de la acción y las decisiones del gobierno para el periodo 2018-2024. El primero de ellos tiene que ver con la reforma educativa diseñada e instrumentada de manera accidentada y heterogénea por el actual gobierno federal. El segundo tiene que ver con el paradigma de políticas y el sistema de creencias que predomina desde hace treinta años en la educación superior. El tercero tiene que ver con el problema del gobierno educativo.
En aras del tiempo, me concentraré en enunciar brevemente los contenidos y características de cada uno de estos tres asuntos y de sus respectivos dilemas, reconociendo que tanto su complejidad, como los dilemas educativos, requieren mayores elementos explicativos.
Reforma educativa: destruir la reforma, reformar la reforma o promover una nueva reforma educativa
Durante su campaña, AMLO se refirió a la reforma como una “falsa reforma”, concentrada solamente en lo laboral y no en lo educativo. Habló en muchas ocasiones de que cancelaría o suspendería la reforma, aunque en uno de los debates afirmó también que probablemente conservaría algunos aspectos considerados en la reforma peñanietista. Estas ambigüedades corresponden claramente al modo electoral del lopezobradorismo, que ahora, enfilado al “modo gubernativo” tendrán que ser explicadas, argumentadas y organizadas en un proyecto con mayor precisión y claridad.
Aquí el punto conflictivo, delicado, tiene que ver con la evaluación docente. Muy probablemente, la primera acción del nuevo gobierno será la suspensión de la evaluación tal y como está planteada, para iniciar una metaevaluación de la reforma (“evaluar la evaluación”), y diseñar un nuevo sistema evaluativo no sólo de los docentes, sino también de los diferentes perfiles de los maestros y de los muy diversos tipos de contextos en los cuales se desarrollan los procesos socioeconómicos, pedagógicos, educativos y cognitivos que influyen en el desempeño escolar de los niños y los jóvenes mexicanos.
Pero el foco de atención de una nueva reforma, cualquiera que esta sea, tiene que ver con los aprendizajes. Si el fin de todo sistema educativo es lograr aprendizajes significativos, adecuados y pertinentes para la formación intelectual y cognitiva de niños y jóvenes, es necesario colocar a la evaluación como un medio para alcanzar los fines y no al revés, como frecuentemente han sostenido los críticos de la reforma peñanietista. Aquí, sin embargo, hay muchas dudas: ¿cuál es o puede ser el papel del INEE en el proceso? ¿De qué manera participarán los maestros y maestras? ¿Cómo se organizará la participación de partes interesadas (gobernadores, empresarios, partidos políticos, padres de familia, expertos, grupos de interés, grupos de presión) a lo largo del proceso? ¿Cómo se legitimarán las propuestas de reforma y de qué manera se instrumentarán?
Educación superior: continuidad o ruptura con el paradigma de políticas en educación superior
La educación superior se caracteriza hoy por varias paradojas y tensiones. Con más de 7 mil establecimientos públicos y privados, que albergan a más de 4 millones de estudiantes y a más de 370 mil
