bien, Sandford Borins (2012) señala que:
[l]a innovación en el sector público por lo general, implica nuevos métodos de entrega de los servicios públicos. En ocasiones, el sector público desarrolla nuevos programas, que podía pensarse en ellos como análogos a los nuevos productos del sector privado. (p. 5)
La innovación en el sector público se enfoca principalmente en hacer perfectible la Administración Pública de acuerdo con los principios modernos que siempre ha abanderado: la eficiencia y la eficacia en las organizaciones públicas. Lo que pretende es una mejora que podría considerarse como incremental en los servicios y productos.
Si bien la innovación en el sector público retoma las características modernas de la Administración Pública, no está desprovista de un objetivo propio del sector público que consiste en crear valor público. Para Geoff Mulgan (2007),
[…] the simplest definition is that the public sector innovation is about new ideas that work at creating public value. The ideas have to be at least in part new (rather than improvements); they have to be taken up (rather than just being good ideas); and they have to be useful. (p. 6)
El autor señala como clave del proceso de innovación el lograr que las ideas implementadas cumplan una función acorde con los objetivos de la organización, de manera que las mejoras sean pertinentes para el usuario. En todo caso, esta perspectiva continúa apegada a una visión economicista y eficientista de los procesos de innovación. Incluso puede percibirse cierta ponderación entre los logros administrativos del sector público y privado, ya que se orienta al mejoramiento de servicios; principalmente, proveen mejores valores para la competencia y solamente se tiene en cuenta el apoyo de los funcionarios de la organización. De esta manera, los esfuerzos se centran únicamente en la estructura interna del Gobierno.
En resumen, la innovación en el sector público se concentra en la mejora de procesos, servicios y productos con base en las dinámicas organizacionales internas del Gobierno. Allí, desde la generación de ideas hasta la implementación de estas depende únicamente de la organización y de sus funcionarios sin tener en cuenta a los demás actores y, en el caso de los ciudadanos, su interacción es unidireccional y, en el mejor de los casos, solo consultiva. El anterior balance no pretende rechazar los avances de la innovación en el sector público, ya que perseguir la eficiencia es fundamental cuando se trata de la administración de los recursos públicos. No obstante, esta lógica no transforma ningún relacionamiento del Estado con otros actores; solo los integra de manera funcional a la formulación de nuevas políticas públicas.
En cambio, con la innovación pública no solo se trata de incluir nuevos conocimientos o metodologías en el proceso administrativo, sino que se trata de orientar los procesos hacia una gobernanza colaborativa que tenga como objetivo la creación de valor público mediante la integración al proceso de la ciudadanía. Este concepto de innovación pública propone así renovar los procesos de la Administración Pública y la formulación, diseño e implementación de las políticas públicas a partir de un cambio en la relación saber-poder que sustenta el Estado, lo cual posibilitaría mayor democratización mediante la interacción de múltiples actores y saberes.
La gobernanza colaborativa como base de los procesos de innovación pública tiene sus antecedentes en el concepto de gobierno en red, que se fundamenta en la comunicación y articulación fluida entre las diferentes instituciones y niveles del Estado e incluye la integración de otros sectores al sistema (Moore, 2009). Este antecedente siembra una de las características principales de la innovación pública: la integración y participación activa, colaborativa, de diferentes actores sociales y la ciudadanía en el proceso de construcción de políticas públicas.
Debe quedar claro que no se trata de incluir nuevas perspectivas a la resolución de problemas públicos de manera consultiva o meramente formal, sino de establecer una colaboración fluida entre múltiples actores (cocreación) que puedan aportar su conocimiento, creatividad y recursos para generar una nueva solución que supere una simple sumatoria o promedio de perspectivas (Bommert, 2010, p. 4). Entender la innovación pública desde esta perspectiva implica abandonar la definición común de la innovación como un proceso o producto totalmente nuevo que surge de una invención, y más bien ampliar este concepto a cualquier conocimiento nuevo que permita nutrir una nueva forma de abordar, entender y replantear los problemas que buscamos resolver (Zurbriggen y González, 2014, p. 339). En definitiva, es introducir una nueva narrativa en la intervención de la realidad.
Lo anterior debe servirnos como punto de partida para comprender que la lógica con la cual abordamos los problemas no puede limitarse a la participación de múltiples actores, sino que se trata de lograr que su relacionamiento involucre un cambio en su racionalidad: debe ser encaminado a apartarse de las estructuras tecnocráticas y transitar hacia una nueva forma de conocimiento colectivo, que debe entenderse como un proceso deliberativo y democrático de intervención de la realidad. Esta nueva forma de relacionamiento conlleva un aspecto clave para la innovación pública: el rompimiento de la relación saber-poder clásica del Estado.
Para abordar este tema deben ser consideradas las implicaciones de ese cambio. En primer lugar, se trata de reconocer la importancia de una construcción conjunta de los problemas que se abordan y, por otro lado, el conocimiento limitado, parcial, que poseen las distintas instituciones del Estado. Asimismo, se debe considerar que el punto de partida se encuentra en el conocimiento no experto. Entonces, hay que entender que la innovación sucede al situar, reconocer y valorar el conocimiento de cada uno de los actores. En otras palabras, se trata de abordar los problemas públicos desde una perspectiva centrada en el ciudadano y no centrada en el Estado o el experto.
Innovar requiere valorar la producción de conocimiento colectivo como punto de partida para la cocreación, romper con el monopolio tradicional del conocimiento que usualmente encarnan las instituciones y el Estado (bajo el supuesto de acercarse a una realidad controlada de la que tienen total conocimiento) y, en cambio, asumir un conocimiento plural (Brugué, Blanco y Boada, 2014, p. 22).
La realidad está configurada desde diversas perspectivas que, a partir del intercambio, el disenso y el consenso, construyen conocimiento nuevo y refuerzan la idea de una construcción de lo público como un espacio común y de naturaleza política. Mediante un proceso deliberativo y participativo, este intercambio hará posible una organización distinta entre los actores, que emplee como principio organizador la colaboración entre ellos según la complejidad y la pluralidad de nuestra realidad social. Para ello es clave que los actores asuman un compromiso cívico con el proceso de generar valor público; esto incluye una ciudadanía organizada y activa y a los funcionarios en su rol de facilitadores.
La ciudadanía aparece también en un rol innovador, puesto que usualmente solo conocemos su rol como clientes o como usuarios; como administrado pasivo. En primera instancia, cuando se asume a la ciudadanía como un cliente, este debe depender aún del principio de la democracia representativa y solo toma decisiones cada vez que elige. Si este principio fracasa, continuamos en la tragicomedia del ciudadano teóricamente soberano del poder pero anulado en la toma de decisiones. Por otro lado, asumir al ciudadano como un usuario limita su posibilidad de participación a elegir un servicio o producto que se le ofrece eventualmente y lo encierra en una dinámica completamente individual (Agger y Hedensted, 2017).
La potencialidad del ciudadano como cocreador va más allá de la oportunidad de representarse directamente en la toma de decisiones con más frecuencia y sin necesidad de un intermediario para ello. Además de eso, le otorga un rol totalmente activo en la construcción del valor público y permite la entrada de un conocimiento situado y contextualizado al diseño de las políticas públicas, teniendo en cuenta
