los jornaleros perdieron el ingreso monetario por esa actividad. Esto llevó a que los cafetales se descuidaran dificultando más su posterior recuperación, cuando los precios del café finalmente subieron. Otros campesinos optaron por cambiar el uso de la tierra. Unos asolaron parte de los cafetales para sembrar maíz y garantizar así al menos el sustento básico. En regiones propicias para la ganadería, como El Limar, algunos cafetales se transformaron en potreros (Agudo, 2004). La crisis del café truncó una de las vías para la movilidad social y las esperanzas de quienes vieron en este cultivo una alternativa para mejorar sus condiciones de vida.[54]
El otro hecho que marcó profundamente esta década fue el levantamiento zapatista de 1994, cuyas repercusiones se sintieron en 1995, aunque Tila vivía conflictos muy serios desde antes.[55] Río Grande y Cantioc no padecieron la violencia que hubo en otras partes de la región chol, sobre todo en la cabecera y las zonas bajas, pero sí muchas de sus consecuencias. La confrontación alcanzó niveles extremos en la región debido al surgimiento de la organización Desarrollo, Paz y Justicia, conocida como Paz y Justicia, que se proponía detener el avance del zapatismo, atajando las invasiones de tierras (que ya se habían dado en la región), y del perredismo, en la contienda electoral. Asimismo, se oponía al trabajo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas —inspirado en la teología de la liberación y la teología india—, a la que consideraba simpatizante y partidaria de aquellas dos fuerzas.
Paz y Justicia se formó en 1995 y la encabezaron maestros bilingües choles con experiencia en luchas magisteriales, que representaban los intereses de algunas asociaciones ganaderas de Salto de Agua y de Palenque. La relación con los ganaderos le granjeó el apoyo de los aliados de aquéllos en el pri de Tila (cdhfbc, 1996; Agudo, 2005a). El propósito formal de Paz y Justicia era el fomento de proyectos productivos en la región, para lo cual recibió numerosos recursos del Estado. Sin embargo, la organización condicionó el apoyo a la pertenencia al pri; asimismo, fue acusada de desviar estos recursos a la compra de armas y de organizar y operar como un cuerpo paramilitar. A lo largo del conflicto hubo decenas de muertos, miles de desplazados, mayoritariamente zapatistas y perredistas, además de robo de ganado y destrucción de la propiedad de las víctimas (cdhfbc, 1996; Harvey, 2000; Agudo, 2005a); y al mismo tiempo se dio la militarización de la región.[56]
Para Río Grande y Cantioc, estas circunstancias políticas más amplias se entrelazaron con elementos de su propia dinámica. La mayor diferenciación dentro de las localidades choles, resultado de los procesos descritos en este capítulo, impulsó en simultáneo dos procesos distintos. Por un lado, un grupo de ejidatarios beneficiado por la movilidad social —los maestros bilingües— comenzó a disputar el poder económico y político en manos de los ladinos de la cabecera. Por otro, esta diferenciación social y económica generó mayor competencia y agudizó los conflictos respecto a los recursos al alcance dentro del grupo de los ejidatarios: tierras, apoyos de gobierno y participación en las nuevas formas de riqueza, así como en torno a las nuevas formas de prestigio. Por ejemplo, la disputa por un banco de grava en Crucero, municipio de Tila, enfrentó violentamente a miembros de este poblado, en un momento en que la acelerada urbanización demandaba este tipo de recursos para la construcción de viviendas, en especial en la cabecera municipal. Sucedió lo mismo con la construcción de la carretera, pues surgieron las primeras líneas de transporte que han provocado disputas entre los ejidatarios indígenas por la participación en el negocio.
Un proceso semejante lo describe Jan Rus, en este caso, para localidades tzotziles de Los Altos:
A medida que menguaron fuentes de ingresos “externas” disponibles para los indígenas —trabajo agrícola migrante, empleos en obras de construcción del sector público y arrendamiento de tierras para agricultura de subsistencia—, las comunidades se dividieron en facciones y se pelearon entre ellas por el control de los recursos “internos” dentro de sus propios municipios, tierras comunales, agua, bosques o ayuda gubernamental entregada al conjunto de la comunidad … [Algunos bandos] acabaron por acudir a las organizaciones e instituciones no indígenas para que los apoyaran: partidos políticos, iglesias, incluso agencias gubernamentales que competían entre sí (Rus, 2009b: 176-177).
Muchos de los conflictos de décadas anteriores —por ejemplo, entre campesinos y comerciantes por el fundo legal; entre las autoridades ejidales y las municipales por el cobro de impuestos y servicios correspondientes al fundo legal; entre maestros ladinos estatales y federales inicialmente, y la posterior oposición de éstos a los maestros bilingües choles; entre el pri (cnc) y el pst, y entre el Inmecafé y la Unión de Uniones— se reactivaron bajo una nueva presentación o sigla. En unos casos fue como organizaciones y partidos políticos (pri, prd, zapatismo, Paz y Justicia y Socama); en otros como iglesias (católica, católica de la teología de la liberación, diversas denominaciones protestantes) (Coello, 1998). Las emergentes tensiones sociales se expresaron de modo semejante en estos términos. Hubo localidades que se afiliaron en su mayoría a opciones determinadas. Así, Río Grande se acercó al zapatismo, llamado “la organización”, y al prd; mientras que en Cantioc una parte permaneció con el pri y otra con el prd. En otros lugares, como en El Limar, el faccionalismo desgarró el tejido social (Agudo, 2005a). Hacia 2003 la expresión más violenta del conflicto en la región se apaciguó, a ritmos diferentes en distintos lugares. Sin embargo, aún ahora hay momentos en que las tensiones aumentan en forma considerable —así sucede durante las elecciones para presidente municipal de Tila—, pero no han alcanzado los niveles de violencia del pasado.
En términos generales, los procesos de cambio estructural y social continúan en la línea de lo señalado. Se trata de sociedades rurales que están dejando de serlo, a partir de su inserción en la producción para el mercado, la migración, el trabajo asalariado o la especialización productiva y ocupacional. Las formas de organización social que se basaban en el parentesco, la edad y el género, dan paso ahora —a ritmos diferentes— a relaciones fundadas en el desempeño individual, en las capacidades adquiridas por medio de la educación y la experiencia urbana, en la participación política y en organizaciones religiosas. La resultante diferenciación socioeconómica ha hecho posible la movilidad social de algunos sectores, que han sacado ventaja de esta circunstancia, pero no todos han podido acceder a ella.
Si, como dice Giddens (2000), las transformaciones del capitalismo (temprano y tardío) son mucho más profundas que cualquiera de las que existieron en la historia social, es necesario conocer su impacto en la dinámica social local. A partir del contexto histórico aquí perfilado, profundizaré en otros capítulos en dos dimensiones del fenómeno. Por un lado, reconstruiré el tejido social más fino (formas de organización social, jerarquías de género y edad, relaciones de poder y desigualdades sociales, conflictos intrafamiliares y sociales, expectativas) para destacar que existe diferente vulnerabilidad al suicidio entre los grupos sociales locales. Coincido con Chua, quien plantea que para analizar el suicidio en determinado lugar y época hay que atender a “la conjunción particular de las condiciones históricas, sociales y culturales en las que la violencia en contra del cuerpo puede acumular valor social, económico y político dentro de contextos transaccionales situados” (Chua, 2009: 17).[57] Por otro, este contexto histórico será el telón de fondo para analizar los cambios en las concepciones culturales de la causalidad suicida.
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