la educación alcanzada permitió que algunos continuaran estudios de educación media y superior fuera de sus localidades, y obtener un empleo. Otros optaron por formarse como maestros bilingües de nivel primaria.[40] La educación formal se volvió un medio para el ascenso social, el más importante durante décadas. Como resultado, los maestros indígenas —que ahora contaban con un salario quincenal regular superior a los ingresos de la mayoría de campesinos— comenzaron a jugar un importante papel en las relaciones entre los ejidatarios indígenas y el medio ladino, pues hablaban español, conocían los manejos de la burocracia y sabían desenvolverse en los pueblos y ciudades vecinos con población ladina.[41] En poco tiempo los maestros se ganaron un prestigio y participaron activamente en los asuntos locales. Paulatinamente emprendieron otras actividades económicas (comercio, transporte) a la par de su trabajo docente, y entablaron relaciones con las organizaciones políticas de la región. Hacia las décadas de los ochenta y noventa, los maestros bilingües choles entraron en disputa directa por los espacios económicos y políticos controlados por los ladinos de Tila (Agudo, 2005a; 2005b).
Durante los setenta se amplió en esta zona el espectro de partidos políticos en la contienda regional, y la oferta de opciones religiosas. Por un lado, el recién llegado Partido Socialista de los Trabajadores (pst) se enfrentó al oficial Partido Revolucionario Institucional (pri), y promovió acciones para contrarrestar las prácticas del intermediarismo en la compraventa del café, a la vez que postuló candidatos indígenas para cargos políticos.[42] En oposición a la oficial Confederación Nacional Campesina (cnc) y al Inmecafé, se hizo presente la Unión de Uniones, con asesoría técnica y organizativa a los pequeños productores de café. En su discurso, tanto el pst como la Unión de Uniones se referían a los actores como indígenas y ya no sólo como campesinos.[43] Pobladores tanto de Río Grande como de Cantioc se afiliaron a estas organizaciones, las cuales provocaron divisiones dentro de algunas localidades y fricciones entre éstas. A fines de la década de 1980, el Partido de la Revolución Democrática inició un trabajo político en la región.
Al mismo tiempo, nuevas organizaciones religiosas aparecieron en la región. Una de las primeras fue el grupo evangélico Profecías, que consiguió algunos adeptos, y continúa activo hasta la fecha, junto con varios grupos más. La Iglesia católica, por su parte, jugó un papel político muy importante, principalmente a raíz de las líneas de trabajo pastoral promovidas por la teología de la liberación y la teología india. Bajo estas directrices, algunos ejidatarios pudieron formarse como catequistas, lo que les permitió ganar un nuevo e importante espacio de liderazgo político y moral entre los campesinos. En las décadas de los ochenta y los noventa, estos líderes gozaron de amplio reconocimiento local, semejante al que habían tenido los principales, e impulsaron la organización y movilización comunitaria. Además, implementaron medidas tendientes a aglutinar a sus seguidores: por ejemplo, promovieron la revalorización y rescate de las costumbres y tradiciones indígenas choles, como una manera de enfrentar a los grupos evangélicos. Contribuyeron, junto con algunas organizaciones políticas, a redefinir los términos de las relaciones étnicas entre comerciantes y ejidatarios choles, a los que ahora se referían como ladinos e indígenas; igualmente sucedió con el término “colonia” con el que antes se hacía referencia a las localidades rurales, el cual se sustituyó por el de “comunidad”.[44]
En síntesis, los cambios experimentados por Cantioc y Río Grande entre 1934 y 1980 apuntan en varios sentidos. La transición de una economía de autosubsistencia a una de mercado generó una mayor demanda de tierras por parte de los ejidatarios, lo que sumado al crecimiento demográfico, evidenció los límites de la agricultura como fuente principal de subsistencia. Muchos ejidatarios tuvieron que buscar ingresos monetarios en otras actividades productivas, dentro y fuera de sus localidades. La presencia del Estado, primero con la formación del ejido, y después por medio de sus instituciones educativas y de fomento a la producción agrícola y pecuaria, contribuyó a la diversificación productiva y ocupacional. Estas nuevas actividades permitieron cierta movilidad social a algunos individuos —en particular a los maestros bilingües— y propiciaron una mayor diferenciación socioeconómica. Surgieron nuevos estilos de vida y consumo inspirados en aquellos de las ciudades cercanas que ahora frecuentaban, o en la televisión, una vez que Cantioc y Río Grande contaron con el servicio de electricidad.[45]
A la par de estos cambios aparecieron nuevas formas de autoridad y prestigio locales. El cabildo, la mayordomía y los principales fueron desplazados por las autoridades municipales, pero sobre todo por las ejidales que ocupan hasta la fecha una posición relevante. Si antes se reconocía la autoridad de los hombres de palabra con experiencia probada en los asuntos comunitarios, después fueron los criterios del manejo del español y la habilidad para desempeñarse en el medio ladino los requeridos. El ámbito de acción de los curanderos, cuyas opiniones antes tenían reconocimiento, se redujo exclusivamente a cuestiones de salud o rituales ceremoniales. Los espacios político y religioso se ampliaron progresivamente con la presencia de organizaciones, partidos e instituciones emergentes, mismos que entraron en disputa con los ya establecidos, y provocaron en algunos casos divisiones. Éstos también introdujeron otras posiciones sociales de prestigio y liderazgo: las figuras del catequista y de las autoridades civiles, y los puestos políticos partidistas.
Asimismo, el agotamiento de la agricultura como fuente de subsistencia trajo consecuencias directas al grupo doméstico. Como la autoridad masculina se basaba en el control sobre la tierra, el jefe de familia vio disminuido su poder frente a las nuevas generaciones que encontraron su sustento en un trabajo distinto al agrícola. El grupo doméstico perdió relevancia tanto en su papel de organizador del trabajo como del reparto de sus frutos. Las jerarquías de edad y de género comenzaron a cuestionarse seriamente, lo que incluso alcanzó al ámbito del matrimonio.[46]
La crisis agrícola de los noventa
Durante la década de los noventa, la región enfrentó circunstancias dramáticas. La crisis rural a nivel nacional había iniciado en los ochenta. A principios de esa década, la producción de Chiapas se destinaba al abastecimiento de alimentos y materias primas al país, y mostró cierto crecimiento y diversificación, pero a partir de 1986 dejó de crecer (Villafuerte, 2009). El desplome de los precios del café en el mercado internacional, que inició en 1989 y continuó a la baja durante varios años, afectó seriamente al sector cafetalero nacional, y en especial a los pequeños productores.[47] Para el caso de Chiapas, el valor de la producción total en 1991 fue de $768 111 120, pero un año después, en 1992, bajó a $323 772 120, esto es, a menos de la mitad que un año antes.[48]
El municipio de Tila contaba en 1990 con 67 localidades cafetaleras y 3227 productores, de los cuales 190 eran pequeños propietarios y 3037 ejidatarios/comuneros.[49] Los datos sobre la producción y número de hectáreas dedicadas al café en este municipio entre 1950 y el año 2000, incluyendo ejidos y propiedades privadas, son reveladores en varios sentidos (tabla 2).[50] Por un lado, muestran el rápido incremento de superficie dedicada al café entre las décadas de 1950 y 1970 (de 2345 ha a 9344.6), así como del volumen de la producción (de 2958.74 a 16 164.84 toneladas).[51]
En esta misma década, bajo la presidencia de Salinas de Gortari, el Estado mexicano replanteó su política económica nacional para alinearla a las políticas neoliberales internacionales y al marco de la globalización; para el caso del café, impulsó el libre mercado optando por la desregulación económica y la apertura comercial.[52] Los más afectados por esta política fueron los pequeños productores ya que se eliminó el precio mínimo al campo, el Inmecafé perdió sus funciones regulatorias y de compra de la producción, además de que los campesinos dejaron de percibir los créditos. Fue hasta varios años después que el gobierno federal destinó recursos del programa Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad) para paliar la crítica situación de este
