que a finales de siglo se extendieron hacia el Soconusco, en las partes bajas de Chiapas, donde había muchas tierras disponibles. Poco después la producción cafetalera en fincas alcanzó la región norte, que contaba con tierras aptas para ese cultivo y mano de obra suficiente. En Tila se ubicaron la finca Jonolpak, de la Pennsylvania Plantation Company[11] y la Mumunil (después Morelia y Los Mangos), propiedades de alemanes.[12] En Tumbalá y Salto de Agua se asentó la finca El Triunfo, de la German American Coffee Company,[13] y en Sabanilla, la finca El Progreso,[14] entre las más importantes. El café cosechado en estas propiedades se llevaba a Salto de Agua, desde donde se enviaba por el río Tulijá a los puertos del golfo de México para embarcarlo a Europa y Estados Unidos. El cultivo de café para la agroexportación implicó la integración de la región al mercado capitalista mundial.
Estas empresas contaron con el apoyo estatal para hacerse de amplias extensiones de tierra y de fuerza de trabajo indígena para sus actividades productivas. La instauración de las fincas introdujo nuevas relaciones en la región chol entre los ahora propietarios de la tierra y los campesinos que allí radicaban. Algunos asentamientos indígenas quedaron insertos en las fincas y los pobladores se desempeñaron como sus peones acasillados.[15] El caso de la finca El Triunfo en Tumbalá, documentado en detalle por Alejos (1994a), muestra con crudeza cómo la vida de los campesinos indígenas se transformó radicalmente y fueron reducidos a condiciones extremas de servidumbre y pobreza. En circunstancia diferente se encontró la comunidad de Jolsibaquil, municipio de Tila, que mantuvo una relación estrecha con la finca Mumunil, pues muchos campesinos trabajaban allí como baldíos o asalariados, sin haber sido absorbida totalmente por ella (Pérez, 2002).
Otros asentamientos indígenas de Tila, en contraste, lograron mantener sus tierras y relativa independencia de las empresas agroexportadoras, aunque ocasionalmente algunos individuos trabajaban allí a cambio de un salario. Esto último fue la situación de Río Grande y Cantioc, que permanecieron como rancherías durante este periodo, y continuaron desarrollando una economía de autosubsistencia, sólo con escasos vínculos esporádicos e individuales con las fincas (mapa 2). Sin embargo, la dinámica de las fincas trajo cambios en la configuración regional.
En síntesis, como se desprende de las investigaciones de Alejos (1999; 1994a), Alejos y Ortega (1990) y Agudo (2005a), en las primeras décadas del siglo xx convivían en la región diferentes tipos de unidad productiva, dependiendo de la forma de propiedad sobre la tierra y del destino de los cultivos. Por un lado, había empresas o fincas de propietarios alemanes o estadounidenses que los choles llamaban kaxlanes,[16] las cuales contaban con trabajadores ladinos e indígenas mozos y baldíos, y estaban dedicadas a la producción de café para la agroexportación. Y había ranchos de mediana extensión en manos de propietarios ladinos, con trabajadores indígenas, cuyo producto agrícola estaba originalmente destinado al mercado interno y después a la producción de café.[17] Por el otro lado, estaban los asentamientos indígenas dispersos en terrenos nacionales, algunos practicando una economía de autosubsistencia, otros combinando la agricultura de autoconsumo con el trabajo asalariado en las fincas. El pueblo de Tila, donde se ubica la iglesia colonial, santuario del Cristo Negro,[18] estaba habitado por ladinos funcionarios de la administración pública, el sacerdote y empleados de la iglesia, el cabildo tradicional y la mayordomía indígena. Los indígenas choles permanecían en Tila cuando tenían un cargo cívico o religioso que desempeñar. Las localidades de Río Grande y Cantioc dependían de esta cabecera municipal para asuntos administrativos y religiosos.
Revolución y reforma agraria
La Revolución mexicana tuvo un impacto importante en Chiapas, aunque distinto al que se dio en el resto del país. Los grupos de poder en esta entidad —liberales y conservadores— se unieron y organizaron ejércitos para luchar en contra de la intervención federal, pues veían amenazados sus intereses por las conquistas revolucionarias, en especial la del reparto agrario, que afectaría su control sobre la tierra, y la Ley de Obreros, que les haría perder el control sobre la fuerza de trabajo (Benjamin, 1990; Harvey, 2000).[19] Entre 1914 y 1920, las tropas liberales mapachistas y conservadoras pinedistas de Chiapas se enfrentaron a las fuerzas federales carrancistas. Para la región chol, existen registros del apoyo que estos ejércitos locales exigieron a los finqueros extranjeros, rancheros y población en general.[20] Será en 1920 cuando las fuerzas federales y locales firmen un acuerdo de paz y, en el caso chiapaneco, los terratenientes retoman el poder. Por esta razón, la tenencia de la tierra, así como las relaciones entre propietarios (finqueros y rancheros) y trabajadores indígenas, prácticamente no se vieron afectadas durante la década de 1920 (Alejos y Ortega, 1990).
Sin embargo, algunos cambios significativos se habían gestado durante el conflicto contra la federación. En ese periodo, se desarrollaron otros movimientos que contribuyeron a la politización de las masas proletarias y campesinas. Según Benjamin (1990), el movimiento socialista en la región del Soconusco, que promovió la sindicalización de los obreros y exigió demandas tales como la jornada de trabajo y salarios mínimos, entre otras, impulsó al mismo tiempo los reclamos campesinos por el reparto agrario. A inicios de la década de 1920, por ejemplo, los campesinos choles de Tumbalá sostenían relaciones con varios partidos políticos, como consta en diversos documentos.[21] Además, otros factores incitaron al reparto agrario. Por un lado, las fincas se vieron afectadas por la difícil situación económica internacional, derivada de la Primera Guerra Mundial y la Depresión, al igual que por las luchas entre carrancistas y ejércitos locales que las perjudicaron seriamente. Esta circunstancia llevó a la quiebra y al abandono de algunas de ellas, cuyas tierras quedaron ociosas, a la vista y al alcance de los campesinos. Por otro lado, la visita de Lázaro Cárdenas a la región en 1934 (Alejos, 1999), como candidato a la Presidencia, alentó las aspiraciones de los campesinos ofreciéndoles tierras y mejores condiciones de vida, según cuentan los pobladores de las localidades de estudio que les narraban sus abuelos. Sin duda fue la reforma agraria, resultado de la Revolución e impulsada con vigor posteriormente durante el periodo presidencial de Cárdenas (1934-1940), la que trajo cambios profundos en la tenencia y formas de explotación de la tierra.[22] Aunque los finqueros idearon mecanismos para evadir la reforma agraria, muchas propiedades fueron afectadas, por lo menos parcialmente.[23]
Los pobladores de Tila habían iniciado las gestiones de solicitud de tierras ejidales en 1922,[24] el mismo año en que se reconoció a Tila como municipio libre, y vieron confirmada la dotación el 30 de julio de 1934 (“Resolución en el expediente de dotación”, 1934: 861-862).[25] En total recibieron 5405-00-78 ha (cinco mil cuatrocientas cinco hectáreas, cero áreas, setenta y ocho centiáreas): 2938-52-00 (dos mil novecientas treinta y ocho hectáreas, cincuenta y dos áreas, cero centiáreas) provenían de terrenos nacionales, y las 2466-48-78 (dos mil cuatrocientas sesenta y seis hectáreas, cuarenta y ocho áreas, setenta y ocho centiáreas) restantes de terrenos de la finca cafetalera “Jonolpak de la Pensilvany (sic) Plantation Company”.[26] Fueron 836 “capacitados” los beneficiados por el reparto agrario, pero noventa más no recibieron tierras, por lo que sólo un par de años después, en 1936, se solicitó la primera ampliación del ejido de Tila.
Las rancherías de Río Grande y Cantioc se asentaban desde antes en la fracción proveniente de terrenos nacionales,[27] por lo que la dotación ejidal de 1934 no las afectó tan profundamente como a las que habían vivido bajo el régimen de finca. A Río Grande y Cantioc se les confirmó la posesión de las tierras que ya utilizaban, y el pueblo de Tila fue ratificado como cabecera y centro administrativo y religioso en la región, en el que ahora se asentarían además las autoridades ejidales.
La desaparición de las fincas provocó reajustes muy importantes en la configuración regional, y los ladinos fueron los más beneficiados (Alejos, 1999; Agudo, 2005a). Muchos de los empleados ladinos que habían trabajado en las fincas como
