investigaciones científicas y periodísticas en todo el mundo, las tasas de mortalidad del virus pueden llegar a multiplicarse entre las poblaciones en situación de vulnerabilidad. América Latina es la región más desigual del mundo y es también, a agosto de 2020, la que registra más fallecidas por Covid-19.
Pero no es el virus lo que discrimina, sino las personas y la infraestructura social y económica que imponen unas (pocas) personas a otras (muchas): el retraimiento de los Estados en áreas profundamente sensibles para los derechos humanos –tales como vivienda, salud y educación–, un sistema económico-jurídico que legitima la concentración del capital hasta el paroxismo, un mercado del trabajo que institucionaliza la explotación laboral, la creciente protección de patentes monopólicas, la naturalización de políticas fiscales regresivas, así como la mercantilización de derechos económicos y sociales explican un escenario en el que las desigualdades y la consiguiente pobreza se encuentran asociadas a mayores niveles de contagio y letalidad de la Covid-19 así como a la violación de derechos sociales y económicos. Pensemos, por ejemplo, qué tan practicable es la recomendación sanitaria de “lavarse las manos regularmente y quedarse en casa” para una gran parte de la población que, como Ramona, no tiene acceso al agua potable ni a una vivienda adecuada. O que las compras esenciales se realicen en línea cuando un alto porcentaje de la población no puede acceder a una tarjeta de crédito, o que no se viaje en transporte público cuando no existen opciones disponibles de transporte privado. O que la escolarización continúe por medios digitales, cuando un alto porcentaje de la población tiene acceso muy limitado a internet (ver el capítulo 16 de Nancy Cardinaux).
Así, no debe sorprender que esté emergiendo la noción de soberanía estratégica que está poniendo ahora el foco en la responsabilidad y correlativo poder de los Estados nacionales para proteger eficazmente la salud de sus respectivas poblaciones y asegurar resiliencia suficiente para garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales (Acemoglu y Robinson, 2019) y con ello la reproducción social: un modelo económico centrado en las necesidades y los derechos humanos de las personas antes que en la expansión del capital. Esta noción de soberanía estratégica desafía algunos pactos que se habían forjado durante la hiperglobalización, como aquellos referidos al ilimitado flujo del comercio internacional, la protección de las inversiones extranjeras, la libre circulación de personas por el mundo, la inviolabilidad de las patentes intelectuales, la desregulación de capitales financieros, la financiarización de prácticamente todos los aspectos de la vida (Laval y Dardot, 2013), la flexibilización laboral, la minimización de los sistemas de protección social, la disciplina fiscal cortoplacista y la mercantilización de servicios públicos esenciales –siendo la salud la nave insignia–. Revertir esas tendencias no parece ser una mala noticia para los derechos humanos.
De hecho, como advierte Ignacio Ramonet (2020), los gritos de agonía de los miles de personas enfermas y muertas por no disponer de camas en las unidades de cuidados intensivos condenarán por largo tiempo a los fanáticos de las privatizaciones, de los recortes y de las políticas de austeridad. Cada uno de los países de ingresos bajos que siguió en los últimos tres años la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de recortar o congelar el empleo público ya ha sido identificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como atravesando déficits críticos en materia de trabajadoras y trabajadores del sector (ActionAid, 2020), que a su vez afecta de manera diferenciada a los grupos más vulnerables.
Si la nueva normalidad es un oxímoron que continuará beneficiando a las elites o si en cambio entraña una verdadera agenda transformadora depende de todas y todos nosotros. Es algo que se construye día a día, antes que nada, a partir de la confrontación de ideas. Si imaginar primero y asegurar después que en las crisis una serie de ideas estén flotando en el aire ofrece alguna ventaja para implementar una cierta agenda, pensar y poner ya en palabras una perspectiva de derechos humanos para enfrentar la pandemia y motorizar un cambio transformador en nuestra sociedad, es algo cuya trascendencia nunca podríamos sobrestimar. De hecho, cuando observamos que países con similares PBI registran en el contexto de la pandemia muy disímiles resultados en cuanto al nivel de protección de los derechos a la vida y la salud, así como de otros derechos, es obvio que además de contar con recursos los Estados necesitan desplegar un “buen gobierno”, sobre cuya noción los derechos humanos deben formar parte central. El paradigma de los derechos humanos debe guiar la modelación, el diseño y la implementación de las políticas públicas.
Así, este libro no asume un enfoque minimalista de los derechos humanos, intentando solo reducir el sufrimiento, sino que sale al cruce de las desigualdades extremas y el cambio climático con una cosmovisión y agenda de trabajo que son comprehensivas, consistentes y sustentables. Los derechos humanos pueden ser una guía de gobierno.
Responsabilidad de todas y todos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás” (art. 29). Ese mismo artículo dispone que “toda persona tiene deberes respecto a la comunidad”. La vigencia de los derechos humanos implica un proyecto y esfuerzo colectivo. Así, proveer una respuesta enraizada en los derechos humanos para enfrentar la pandemia y sus efectos sociales y económicos debe entrañar no solo construir conocimiento y proponer políticas públicas para proteger y promover los derechos de las personas sino también poner énfasis en las responsabilidades correlativas del conjunto de actoras y actores, incluyendo tanto al Estado, las organizaciones internacionales, los sujetos no estatales (empresas, medios, clínicas, etc.) como a las personas (Sikkink, 2020).
Y no se trata solo de señalar quién ha sido la o el culpable de una determinada violación de derechos humanos sino también de indicar qué debemos hacer para abordar la pandemia y los problemas estructurales que explican su impacto diferenciado. Se trata de nuestra responsabilidad política frente a las injusticias estructurales (Young, 2011), que debe y puede traducirse en obligaciones concretas, tal como lo proponen los capítulos en este libro.
Así, sabemos que tenemos el derecho a circular, pero tenemos la responsabilidad de no exponer a las y los demás al riesgo de contagio; tenemos el derecho a protestar, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo de un modo que no ponga en riesgo la salud pública; tenemos el derecho a que el Estado despliegue políticas fiscales que protejan a los grupos más expuestos, pero tenemos la obligación de pagar los impuestos; tenemos el derecho a que los bienes y servicios esenciales continúen fluyendo, pero tenemos la responsabilidad de respetar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que hacen que ello sea posible; tenemos el derecho a pensar y expresar nuestras opiniones acerca de cuáles serían las políticas sanitarias más adecuadas, pero tenemos la responsabilidad de respetar las que han sido aprobadas, en particular aquellas que coinciden con las recomendadas por la OMS, no incitar a su quebrantamiento ni propalar noticias falsas. No tenemos la obligación personal de ser ciudadanas y ciudadanos virtuosos o defensores de los derechos humanos, pero, como miembros de una comunidad política, tenemos el deber cívico de contribuir a que otras y otros miembros puedan realizar sus derechos.
De alguna manera, el quebrantamiento de las disposiciones de aislamiento y distanciamiento como medidas para prevenir la propagación del virus, que explicaría en gran medida por qué a agosto de 2020 continúa aumentando el número de contagios y muertes, es indicativo de la necesidad de fortalecer la cultura de los derechos humanos como proyecto colectivo. Obviamente, el machaque de la gripecita, la infectadura y la economía primero erosiona cualquier política sanitaria, por eso mismo debe ponerse el mismo empeño en asegurar que las medidas de distanciamiento se cumplan, que en fortalecer el sentido de responsabilidad individual frente a la comunidad. En este punto es donde se hace imprescindible el diálogo entre las ciencias médicas, las ciencias sociales y la política.
Guías de derechos humanos para tomar decisiones
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