desigualdades y pobreza estructurales sería violatorio de las obligaciones internacionales en materia de derechos económicos y sociales: no puede llamarse libre a alguien que no cuente con los medios sociales necesarios para ejercer su propia autonomía (Honneth, 2014). No en vano la Convención Americana de Derechos Humanos establece que solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos (Preámbulo).
Estas deben comprenderse como parte de las condiciones necesarias de participación de todo ser humano en los procesos decisorios que llevan a la construcción de instituciones, adopción de políticas concretas y/o elección de autoridades, que permitirían suponer legitimidad democrática para ellas. Así, un funcionamiento más participativo de la democracia, que incluya a todas las instancias del Estado, es esencial a fin de promover la proliferación de múltiples entramados sociopolíticos capaces de potenciar transformaciones en línea con los mandatos de los derechos humanos. Del mismo modo, la reducción de las desigualdades y la plena realización de los derechos económicos y sociales resultan cruciales para que los grupos más favorecidos no colonicen los procesos políticos (Alston, 2015).
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Los derechos humanos tienen una función científica, jurídica y política. Es cierto que no pueden reemplazar a las ciencias sociales en su función de explicarnos de manera crítica qué es y cómo funciona el poder, pero pueden aportar luces acerca de los intrincados procesos económicos, financieros, sociales y jurídicos que perpetúan las desigualdades. La conexión que se establece crecientemente entre paraísos fiscales y derecho a la protección social, o entre sostenibilidad de la deuda pública y derecho a la salud, la denuncia de los derechos humanos frente a la protección exorbitante que ofrecen los tratados bilaterales de inversión, o los vínculos entre políticas económicas de ajuste y derechos sexuales y reproductivos, son todos ejemplos de esa contribución.
Los derechos humanos también prescriben una cierta regulación de la producción, el trabajo, el consumo y las finanzas que es beneficiosa para el medio ambiente y las subjetividades. Por ejemplo, los Estados no deberían proporcionar subsidios (rescates) y otros beneficios de emergencia a sectores cuya existencia está en contradicción directa con el Acuerdo de París. Los derechos humanos también exigen una regulación estricta de la publicidad comercial dirigida a niñas y niños, a quienes desde temprana edad se les infunde una cultura de consumo excesivo y endeudamiento; y, en el ámbito financiero, a fin de evitar discriminación en razón del estatus económico, las primas de riesgo deberían reembolsarse una vez que el capital prestado ha sido pagado.
Es cierto que, usualmente, comprobamos que un número de mandatos de los derechos humanos son ignorados en la práctica, pero no es por culpa de los derechos humanos mismos sino a pesar de ellos. Los derechos humanos son el resultado de luchas sociales y políticas, con lo que no solo contribuyen, en algún punto, a comprender las relaciones de poder, sino que, sobre todo, tratan de modificarlas. Por eso es tan importante tratar de comprender y divulgar cómo es el mundo al que se aspira con la realización de los derechos humanos y las herramientas que ofrecen a través de ellos para cambiarlo.
Los derechos humanos traen consigo el mandato de interpelar el poder que se ejerce de manera abusiva. Por eso mismo los capítulos de este libro son capaces de ofrecer una agenda novoepocal, transformadora económica, social y medioambientalmente, y basada en estándares de derechos humanos hoy vigentes. El enfoque de derechos humanos enriquece y estimula los espacios de reflexión crítica y potencia los procesos de transformación social, forjando una matriz del aprendizaje donde la escucha, la empatía, el compromiso, la participación, la inclusión y el respeto de la naturaleza pueden reproducirse. El discurso de los derechos humanos disputa la regulación del goce que ha monopolizado un sistema montado en el consumo y la depredación del ecosistema entero.
Este libro no solo prueba el dolor que la Covid-19 ha traído al mundo y a la Argentina específicamente, así como las causas estructurales que explican que las y los menos beneficiados por el sistema económico sean quienes más padecen las consecuencias de la pandemia, sino que ofrece una hoja de ruta anclada en los derechos humanos para transformar la realidad, para hacerla más justa, más libre, más sustentable. Esto no significa caer inadvertidamente en la trampa del colonialismo epistemológico: cuando observamos de cerca la dinámica de la sala de máquinas del derecho internacional de los derechos humanos vemos que, en términos generales, son, en su gran mayoría, los países del Sur global los que han estado detrás de iniciativas multilaterales con cierta vocación transformadora en el ámbito de la economía y los derechos humanos, mientras que, por el contrario, en gran medida los países industrializados han sido los que han intentado frenarlas o tornarlas ineficaces. Esto es evidente en las regulaciones en materia de propiedad de los recursos naturales, reestructuración de deuda, flujos ilícitos de fondos, ayuda oficial al desarrollo, inversiones extranjeras directas, comercio internacional, protección de patentes, regulación del mercado laboral, arquitectura financiera internacional, reformas económicas, impuestos, y empresas y derechos humanos. A modo de ejemplo podemos observar que Estados Unidos nunca ratificó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Aun así, es necesario producir un conocimiento emancipador desde América Latina (Santos, 2020) que se articule a su vez con una estrategia multilateral de progresión del derecho internacional que promueva el desarrollo sustentable e inclusivo. La resistencia a las dictaduras de la región y la transición a la democracia nos mostraron el enorme potencial cultural, político e instrumental que ofrecen los derechos humanos cuando son traccionados en el terreno de las acciones políticas y sociales, y potenciados con alianzas internacionales.
Se necesita redoblar los esfuerzos por informar el diseño y la implementación de las políticas públicas con una perspectiva de derechos humanos desde las ciencias sociales, que lidian con una materia prima tan o más compleja que los virus. Este ha sido el mensaje de la ONU (2020b) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2020) al recomendar que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos y que toda restricción o limitación que se imponga a estos con la finalidad de proteger la salud en el marco de la Covid-19 cumpla con los requisitos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos (legalidad, proporcionalidad y legitimidad del fin). También ese mensaje destaca la necesidad de avanzar en la coordinación regional y global para enfrentar la crisis ocasionada por la pandemia y con participación de personas y grupos de la sociedad civil y del sector privado.
La ciencia saldrá fortalecida de la pandemia. Habrá así, seguramente, menos lugar para el oscurantismo y la mentira en la lucha por el cambio climático. Pero las pandemias, sus efectos sobre la sociedad y el diseño de políticas sanitarias son algo demasiado complejo como para que baste un abordaje médico (todas y todos formamos la naturaleza) que focaliza en la supervivencia. La medicina y las políticas sanitarias deben reconocer el valor epistémico de la “otredad”, materializada en los derechos humanos, mientras que estos deben captar las complejidades científicas y los cálculos racionales de las decisiones sanitarias (ver el capítulo 10 de Mario Pecheny). A partir de este diálogo interdisciplinario, que alienta este libro, podríamos abordar esta pregunta fundamental: ¿qué es una política sanitaria legítima y eficaz desde un enfoque de derechos humanos?
También habrá que estar atentas y atentos a que las decisiones de los Estados más poderosos no entrañen un embate contra la eficacia de los sistemas de protección de los derechos humanos. Llegado el caso: ¿qué arsenal analítico se podrá utilizar para entender si y cómo el poder de los Estados se ha desbocado en sus intentos por capear la pandemia? En este punto, podrá descubrirse la enorme capacidad científica, jurídica y política de los derechos humanos para dirimir de manera sustentable problemas de alta complejidad que involucran intereses poderosos. Al mismo tiempo, reconoceremos cuán inadecuadas son muchas de nuestras instituciones
