una agenda transformadora e inclusiva.
En el capítulo 6 Roberto Gargarella analiza las complejas relaciones entre democracia y emergencia en América Latina, focalizando en el uso de poderes de emergencia en situaciones de crisis y la necesidad de seguir los procedimientos democráticos establecidos, el uso de la institución del “estado de sitio” no declarado, el valor epistémico de la deliberación democrática en tiempos de crisis, la comprensión predominante del principio de separación de poderes y el diálogo constitucional, el problema de la “erosión democrática” en perspectiva histórica, las amenazas de las desigualdades económicas existentes y la creciente crisis económica, con la correlativa necesidad de fomentar el diálogo y la deliberación “extrainstitucional”, así como el respeto de la protesta social.
En el capítulo 7 Corina Rodríguez Enríquez presenta una perspectiva feminista en la pandemia y más allá. Las implicaciones económicas y sociales de la pandemia son en realidad una versión acelerada de los riesgos que el actual sistema económico-social acarrea para la sostenibilidad de la vida y, con ello, la necesidad de transformarlo. El ASPO y la recesión económica han visibilizado y exacerbado de manera brutal la persistencia de las desigualdades de género y la interseccionalidad de estas. Se analiza también si y en qué medida las acciones estatales específicas para contener el virus y la recesión han asumido enfoque de género. Se refiere también a la renegociación de la deuda con el FMI y sus implicaciones para la (des)igualdad en el país. Finalmente, siendo la “nueva normalidad” un terreno en disputa, se propone una agenda transformadora feminista, en la que la reorganización de los cuidados juega un rol central, junto a una red de garantía básica de ingresos y la redefinición y el reconocimiento de los trabajos esenciales y socialmente útiles.
En el capítulo 8 Henry Jiménez Guanipa y María Barraco abordan la relación entre Covid-19 y cambio climático y se interrogan si de aquella resultarán transformaciones en beneficio de los derechos humanos. Primero se analiza cómo interactúan Covid-19 y cambio climático: la creciente degradación ambiental potencia las amenazas epidemiológicas. Luego se hace referencia a las más recientes acciones estatales en el campo ambiental comparado frente a la pandemia: las que flexibilizan la protección ambiental y las que asumen una ruta verde y de participación ciudadana. Seguidamente se destaca cómo la Covid-19 y el cambio climático tienen el potencial de impulsar innovaciones apoyadas en las nuevas tecnologías y que servirían de catalizadores para alcanzar una sociedad sostenible, para después estudiar el desafío del cambio climático desde la perspectiva argentina, incluyendo la normativa y jurisprudencia nacionales sensibles a la necesidad de transitar hacia un mundo más sustentable, así como las políticas públicas pertinentes que ya se están implementando. Concluye que la pandemia misma y el uso de nuevas tecnologías podrían conducirnos a un escenario donde enfrentar la pobreza y la desigualdad sea una agenda mucho más pragmática y realizable, pero para eso se requiere el impulso de las ciudadanas y los ciudadanos, así como el compromiso efectivo y concreto de los sectores públicos (regulaciones e incentivos fiscales) y privados.
En el capítulo 9 junto con Laura Clérico estudiamos los efectos de la pandemia, la crisis económico-social y las desigualdades sobre el derecho de propiedad privada. Analizamos los efectos de la regulación económica de emergencia sobre el derecho de propiedad en un contexto signado por las profundas desigualdades, repasando los estándares jurídicos interamericanos y nacionales para dirimir controversias entre el derecho de propiedad y otros derechos. Sostenemos que tales tensiones deben ser analizadas no como casos aislados sino tomando en cuenta el contexto ampliado, la complejidad estructural del sistema económico-social, las desigualdades que ha venido perpetuando y la obligación del Estado de revertir esas situaciones y asegurar la realización de los derechos humanos mediante acciones eficaces. Los exámenes de idoneidad y de proporcionalidad deben tener en cuenta tanto la situación de especial vulnerabilidad de las poblaciones como la posición de ventaja estructural de algunos de los actores que podrían llegar a atacar la constitucionalidad de alguna de las medidas que buscan promover derechos sociales, basados en el derecho de propiedad. También estudiamos si las medidas de regulación económica de emergencia podrían justificar la activación de los tratados bilaterales de inversión, cómo debe funcionar la protección de patentes medicinales (incluidas las vacunas) en el actual contexto, y si y cómo la pandemia incide sobre el derecho de los acreedores del Estado en el marco de la reestructuración de la deuda y la exigibilidad de ciertas deudas privadas.
La segunda parte reúne textos sobre los “Derechos humanos afectados”. En el capítulo 10 Mario Pecheny presenta una serie de reflexiones en torno al derecho a la salud en el contexto de la pandemia. Primero presenta las coordenadas conceptuales que plantean una sinergia e indivisibilidad entre salud y derechos humanos, y luego los puntos centrales de una perspectiva latinoamericana que piensa la salud desde un enfoque de vulnerabilidad programática y derechos humanos. Luego se refiere al problema del morir y el final de la vida, y cierra el capítulo con los desafíos relacionados con el vínculo entre salud y derechos humanos en relación con la pandemia de Covid-19 y lo que vendrá.
En el capítulo 11 Soledad Buhlman, Jacinta Burijovich, Ana Heredia, Martín Passini y Solana Yoma analizan las implicaciones de la pandemia y el ASPO desde la perspectiva del derecho a la salud mental. Señalan que existe en el país un déficit en políticas concretas que permitan abordar la salud mental en su complejidad en el actual contexto, así como una proliferación de recomendaciones acerca de cómo deberían ser los cuidados en este campo, pero que no son acompañadas por recursos que faciliten su implementación. El capítulo describe la situación de internación por motivos de salud mental, que no es descomprimida con una desinstitucionalización coordinada, la no implementación del compromiso de poner fin a los manicomios en 2020, las limitadas estrategias estatales implementadas durante la pandemia, las políticas de proximidad en salud mental para acompañar las medidas de aislamiento y el impacto de la pandemia en las representaciones sociales sobre la salud mental. También aporta reflexiones en torno a la relación de productividad, normalidad y padecimiento, y finalmente plantea la urgencia de implementar lo pendiente: líneas estratégicas en materia de salud mental para la pandemia y la pospandemia, lo que incluye estrategias integrales para el cuidado de la salud.
En el capítulo 12 María Florencia Pasquale aborda las problemáticas vinculadas al derecho a la vivienda. ¿En qué medida la exigencia del aislamiento preventivo es realista para millones de personas? El texto da cuenta del enorme déficit habitacional que atraviesa el país y encuentra un correlato entre el mayor nivel de contagios en el AMBA y la grave situación que se registra en esa zona en materia de acceso a la vivienda en términos de calidad constructiva y hacinamiento. Se analizan los aspectos jurídicos nacionales e internacional del derecho a la vivienda, y se focaliza en tres situaciones críticas: las villas y los asentamientos informales, las personas en situación de calle, y los alquileres e hipotecas.
En el capítulo 13 Patricia Aguirre lleva a cabo un estudio antropológico de cómo el derecho a la alimentación es afectado antes, durante y después de la cuarentena. El sistema agroalimentario basado en un modelo extractivista, que internaliza las ganancias y externaliza los costos ambientales, explica en gran medida los problemas de alimentación –particularmente la precarización del consumo alimentario– y sanitarios preexistentes. Los programas de asistencia alimentaria han resultado ineficaces y consolidado una cultura clientelar. Aquellos problemas subsisten durante la cuarentena, y se agravan con las restricciones propias del aislamiento preventivo y las restricciones de circulación frente a las que el Estado ha implementado una serie de medidas sectoriales –aunque imperfectas– para asegurar el abastecimiento de alimentos y la disposición de ingresos mínimos. El modelo extractivista y el consumo alimentario dirigido por la industria solo se pueden revertir si se trabaja sobre el consumo (por ejemplo, regulando la publicidad) y estimulando las cadenas cortas, ferias francas y certificaciones: producir con sostenibilidad, distribuir con equidad y consumir en comensalidad.
En el capítulo 14 Claudia Danani aborda el derecho a la protección social, analizándolo primero en su progresión histórica en el mundo y luego en profundidad en la Argentina,
