en cuestión en América Latina.
La tercera parte aborda “Grupos y situaciones de mayor vulnerabilidad”. Así, en el capítulo 24 Mónica Roqué estudia las implicaciones de la pandemia para las personas adultas mayores, que conforman el grupo etario que mayor tasa de letalidad presenta frente al virus. Se describe el escenario demográfico actual en la región y el país, los niveles de pobreza que afectan a las personas mayores, la insuficiencia de recursos invertidos en salud y cuidados de las personas mayores, el derecho de las mujeres a envejecer con dignidad, las implicaciones del principio de no discriminación en el campo específico de las personas mayores, el derecho al uso de las nuevas tecnologías y las políticas sectoriales (incluidos protocolos específicos y el programa Residencias Cuidadas) que está implementando el Estado argentino. Hacia el final se presentan conclusiones y se plantean desafíos en materia de inversión en salud y cuidados de larga duración, protocolos sanitarios, participación y estadísticas.
En el capítulo 25 Pilar Arcidiácono y Gustavo Gamallo analizan el potencial y las implicaciones de las políticas sociales, en particular el IFE, en el campo de la pobreza, el trabajo informal y la desocupación. Dando cuenta del deterioro económico y social agravado por la pandemia, se estudian las medidas oficiales que han venido implementándose en los últimos años sin mucha coherencia, así como la amplia batería de transferencias masivas de ingresos desplegadas desde el ASPO, orientadas a enfrentar el deterioro en los ingresos, profundizando en las complejidades, las limitaciones y los desafíos que entraña el IFE, aportando así argumentos e información útiles para el debate en torno al establecimiento de la renta ciudadana básica en la Argentina y en particular los dilemas “universalismo/incondicionalidad” versus “focalización/condicionalidad”.
En el capítulo 26 Agustina Palacios y Verónica González Bonet estudian la situación de las personas con discapacidad. Comienzan abordando la triple dimensión de condición, situación y posición de la discapacidad. Explican que las personas con discapacidad tienen mayor riesgo de contraer Covid-19, enfrentan barreras adicionales para recibir atención médica, y sufren las consecuencias discriminatorias de una serie de acciones estatales, por ejemplo, en materia de protocolos médicos. Al analizar el marco jurídico internacional de los derechos de las personas con discapacidad, se incluyen no discriminación, accesibilidad, ajustes razonables y apoyos, interseccionalidad, así como la situación de las personas institucionalizadas y la participación e igualdad en la evaluación del impacto. Se estudian las políticas sectoriales implementadas en la Argentina y se propone la deconstrucción hacia un modelo de igualdad inclusiva incorporando las dimensiones redistributiva, de reconocimiento, participativa y de ajustes. Finalmente, se destaca la toma de conciencia como una base fundamental en el ejercicio de derechos.
En el capítulo 27 Natalia Gherardi aborda la problemática de la violencia de género durante la pandemia. De acuerdo con las estadísticas ofrecidas, el confinamiento en el hogar como única estrategia eficaz contra la Covid-19 se ha traducido en un notable aumento de la violencia doméstica por razones de género. A su vez, la comunidad LGBTIQ+ se ha visto más expuesta a la ya habitual violencia institucional. Como advierte la autora, el femicidio nunca estuvo en cuarentena. Primero se describen las recomendaciones pertinentes de los organismos internacionales y regionales de protección de derechos humanos, luego se analizan datos que dan cuenta de la dimensión creciente del problema de las violencias por razones de género en el país, junto con las medidas adoptadas para responder a la crisis y mitigar sus consecuencias en las vidas de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Se considera específicamente el rol asumido por el Poder Judicial como garante de los derechos humanos. Finalmente, se propone reflexionar sobre algunos aprendizajes que ofrecen los meses transcurridos, junto a una serie de recomendaciones de políticas públicas.
En el capítulo 28 Sebastián Waisgrais analiza el impacto negativo de la emergencia de salud pública y la recesión económica sobre las múltiples dimensiones del bienestar de niñas, niños y adolescentes. Primero se caracteriza la situación de la niñez y el impacto de la pandemia en indicadores tradicionales de pobreza monetaria, centrándose en la desigualdad que, en el caso de mujeres, niñas y adolescentes, se ve exacerbada. Luego se analiza el impacto concreto en algunas dimensiones clave del bienestar de la niñez a partir de dos encuestas implementadas por Unicef Argentina en abril y julio de 2020, incluyendo los ingresos laborales, las transferencias sociales, la situación de la primera infancia y la adolescencia, y la violencia al interior de los hogares. Se describen los principales mecanismos de protección de ingresos existentes en el país y sus –limitados– efectos paliativos para la pobreza, y se presentan algunas propuestas de reformas para avanzar hacia una progresiva universalidad de la protección social.
En el capítulo 29 Gabriela Fernández y Carla Gerber estudian cómo la Covid-19 ha afectado los derechos de las personas migrantes en la Argentina. Primero explican la respuesta de la Organización Internacional para las Migraciones y del sistema de la ONU en el marco de la pandemia por Covid-19 para indagar luego en el marco normativo migratorio internacional y nacional. Describen los flujos migratorios recientes en el país y la forma en la que la emergencia sanitaria provoca una crisis simultánea de movilidad humana. A su vez, la crisis económica golpea de manera diferenciada a las y los migrantes y las comunidades que dependen de ellas y ellos. También presentan las principales medidas adoptadas por el gobierno argentino en materia de control fronterizo, regularización migratoria y apoyo económico a las personas migrantes. Finalmente, se realizan recomendaciones, se ofrecen buenas prácticas y se explican desafíos a futuro, en particular los referidos a la gestión de fronteras.
En el capítulo 30 Silvina Ramírez estudia la situación de los pueblos indígenas, identificados como un grupo de riesgo por la normativa oficial para la definición de “caso sospechoso”. Partiendo del hecho de que este grupo enfrenta –y ha enfrentado históricamente– situaciones de desigualdad estructural y de vulneración de sus derechos, la pandemia ha implicado una profundización de las amenazas ya existentes que se materializan en un agravamiento de condiciones sanitarias ya pésimas antes de la pandemia (incluyendo enfermedades endémicas y concomitantes) y en el recrudecimiento de la violencia física e institucional contra esas comunidades (muchas veces amparándose en la impunidad que ofrecen las medidas de aislamiento preventivo). También se destaca cómo las comunidades indígenas organizan internamente sus propias medidas de aislamiento y prevención sanitaria durante la pandemia, y se explica por qué las cosmovisiones indígenas, en las que el respeto de la naturaleza es central, deberían constituir un elemento principal en las políticas de desarrollo.
En el capítulo 31 Juan Cruz Goñi estudia la situación de la población carcelaria durante la pandemia. Primero señala la complejidad que supone enfrentar la emergencia sanitaria en el marco de una emergencia carcelaria. A pesar de la situación de emergencia carcelaria preexistente y de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, el gobierno evitó tomar las medidas necesarias para descongestionar seriamente los espacios de encierro. En reemplazo, las autoridades estatales acudieron a un método de liberación por goteo judicial. Los tibios ensayos judiciales destinados a reducir la población carcelaria con un cierto alcance general confrontaron con una enérgica reacción social, movilizada insidiosamente desde los medios de comunicación masiva, que pusieron en escena una nueva ola de populismo penal “desde abajo”. Finalmente, se reflexiona sobre la influencia de estas pulsiones punitivistas en la modelación de las decisiones que las autoridades políticas y judiciales han adoptado en relación con las poblaciones privadas de su libertad.
La cuarta parte es prospectiva, compuesta por el capítulo 32 en el que con Alicia Ely Yamin tratamos de articular una agenda transformadora. Primero se explica la urgencia y la conveniencia estratégica de implementar cambios ahora mismo, para luego presentar propuestas referidas a los sistemas de salud como instituciones sociales básicas, la regulación de la producción y el trabajo, las finanzas para la promoción de los derechos humanos, las políticas fiscales y tributarias progresivas, la universalización de la protección social, la participación ciudadana en la toma de decisiones, la economía de cuidados, la economía verde y la cooperación internacional
