febrero de 2020– aumentando notablemente desde la llegada del virus a la Argentina (ONU, 2020a), es difícil cuantificar en qué medida la amplia batería de medidas generales y sectoriales –muchas de ellas analizadas a lo largo de este libro– adoptadas por el gobierno durante 2020 (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2020) ha logrado contener el impacto del colapso económico y social provocado por la pandemia. También deberíamos incorporar a este análisis el impacto propio de la recesión global y de la crisis de la deuda. En cualquier caso, la centralidad social, económica y fiscal del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pareciera poner de manifiesto el comienzo de un cambio de paradigma en materia de políticas sociales y derechos humanos, donde la pobreza no es un hecho natural ni tolerable, y, con ello, la ineludible necesidad de avanzar hacia un sistema fiscal y tributario más progresivo.
Un número de capítulos da cuenta de los déficits, las tensiones y los desafíos que se registran en contexto de pandemia en los ámbitos de los derechos a la educación, vivienda, alimentación, protección social, trabajo, cuidado, libre expresión, circulación, participación, a la información, privacidad, acceso a la justicia y debido proceso. Esto renueva la necesidad de actualizar, revitalizar y potenciar los pilares de los derechos humanos como guías para todas las acciones estatales. Ello requiere, de manera creciente, determinadas acciones –antes que omisiones– por parte del Estado.
Salvo limitadas intervenciones en juzgados de instancias inferiores, ha sido pasmosa la ausencia del Poder Judicial en el debate sobre las normas constitucionales aplicables en estado de emergencia y, salvo contadísimas excepciones (ver el capítulo 19 de Julieta Rossi), para evaluar la razonabilidad de las medidas restrictivas de derechos y para responder o canalizar las demandas de personas afectadas en sus derechos así como de grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
Las mujeres, niñas y adolescentes registran mayores niveles de empobrecimiento, desempleo y violencia como consecuencia del ASPO y la recesión, así como una mayor exposición frente al virus. Esto no debe sorprendernos, es una consecuencia natural de las prácticas, las normas y los estereotipos de género, económicos, sociales y culturales discriminatorios arraigados que afectan a las mujeres desde tiempos inmemoriales. La sobrecarga de trabajos de cuidados no remunerados sobre sus espaldas, acentuando la asimetría pre-Covid-19, explica por qué el ASPO ha sido viable en la práctica. Al mismo tiempo nos indica que un abordaje de la pandemia y la recesión que no adopte un enfoque que promueva la igualdad sustantiva, poniendo una fuerte inversión pública en la economía de cuidados en el centro de cualquier plan, estará destinado a perpetuar la discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes. Esta ética del cuidado, contradictora elemental de la ética utilitarista que prima en el sistema-mundo capitalista, tiene que ser uno de los puntos del debate sobre la era pospandemia.
El principio de no discriminación, y la atención particularizada que exigen los grupos en situación de vulnerabilidad, debería informar todas las políticas públicas. Estos grupos incluyen a adultas y adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, migrantes, personas que viven en la pobreza, desocupadas y desocupados o con trabajos informales y precarios, personas con discapacidad, LGBTIQ+, pueblos indígenas, personas en contextos de encierro, deudoras y deudores hipotecarios, personas en situación de calle, personas esclavizadas, en situación de trabajo forzado o trata, entre otras. Los capítulos del libro estudian la situación particular de muchos de esos grupos, describiendo los problemas, desafíos y las acciones estatales implementadas.
Por ejemplo, cuando en marzo de 2020 se autorizó a las personas con discapacidad a circular por las vías de uso público para amortiguar los efectos del confinamiento, se les recomendó desde la Agencia Nacional de Discapacidad que “vistan el color azul en alguna prenda de su ropa o una cinta azul en el brazo”. Si bien a los pocos días se tuvo que revertir esa exigencia por las obvias implicaciones discriminatorias, este caso nos da la pauta de la necesidad de transversalizar de manera integrada los derechos humanos en todas las áreas del Estado. Otro tanto se puede señalar respecto de las personas encarceladas y la posibilidad de cumplir prisión domiciliaria: la pulsión punitivista licuó el enfoque de derechos humanos. En materia educativa la brecha digital que traduce desigualdades socioeconómicas estructurales preexistentes explica el impacto diferenciado sobre el derecho a la educación según el quintil en el que se ubica cada estudiante y su familia. Aunque el Estado está desplegando políticas de emergencia para intentar paliar este déficit, aquí también se evidencia la necesidad de avanzar con una agenda transformadora, tal como se propone en el último capítulo.
Los capítulos
Con este capítulo introductorio, el libro se compone de 32 capítulos. La primera parte focaliza en las “Miradas generales sobre la pandemia, las políticas sanitarias y la recesión económica” y comienza con el capítulo capítulo 2 escrito por Flávia Piovesan y Mariela Morales Antoniazzi, en el que se estudian en profundidad las implicaciones de los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos en el marco de la pandemia. El argumento central es que la Covid-19 ha generado una interpretación “a la inversa” de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos por cuanto la salvaguarda de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales requiere la garantía de los derechos civiles y políticos, no solo a la inversa. Se explican las bases normativas internacionales y regionales de los principios de interdependencia e indivisibilidad, se enfatiza en la interpretación a la inversa tomando el caso argentino como referencia, se esboza el potencial del discurso académico para afianzar el lenguaje de la indivisibilidad e interdependencia y se presentan comentarios finales sobre los ejes transversales del acervo común de la humanidad para afrontar la nueva realidad.
En el capítulo 3 Elvira Domínguez Redondo estudia las lagunas –intencionadas– del derecho internacional en la delimitación de obligaciones del Estado y sus implicaciones en el abordaje de la pandemia. Los Estados han tenido una respuesta abrumadoramente “westfaliana” frente la pandemia, priorizando reacciones estatales sin mayor coordinación. Al asumir los Estados un rol de gerente principal de la crisis, se ha facilitado la utilización del marco normativo de los derechos humanos para dilucidar las obligaciones estatales. Así, se ha puesto nuevamente en evidencia la utilización de “categorías” (civiles y políticos versus económicos, sociales y culturales) de derechos humanos, lo que explica por qué en Europa se ha puesto un mayor énfasis en el principio de diligencia debida para evitar pérdidas de vidas antes que en proteger la salud y otros derechos económicos y sociales, tal como ha hecho la Comisión Interamericana como reacción frente a la pandemia. De todos modos, se hace evidente la necesidad de aunar esfuerzos para concretar las obligaciones de los Estados en materia de estructuras sanitarias y de buen gobierno capaces de abordar crisis de salud pública y los déficits más amplios en materia de derechos económicos y sociales. El capítulo también estudia el (limitado) alcance extraterritorial de tal deber de diligencia debida, que hoy se limita al Reglamento Sanitario Internacional de la OMS adoptado en 2005, que establece el deber de cooperación internacional.
En el capítulo 4 Gonzalo Assusa y Gabriel Kessler abordan las continuidades y complejidades de la trama social de las desigualdades y su transversalidad en América Latina y el país. El texto se centra y profundiza en tres dimensiones de la desigualdad en la Argentina en el contexto de la pandemia y la recesión: las desigualdades de ingresos y en el mercado de trabajo, las desigualdades espaciales y las desigualdades en términos de conectividad. La pandemia vuelve más relevantes y explícitas las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que inciden tanto sobre las posibilidades diferenciadas de supervivencia material como sobre los riesgos para la salud propios del virus, con lo cual la reducción de las desigualdades es hoy más necesaria que nunca.
En el capítulo 5 junto con Alfredo Calcagno desmontamos la falacia “economía versus derechos humanos”, explicamos la situación económica y social de la Argentina a principios de 2020, el impacto económico y social de la pandemia, las acciones públicas que se están implementando para capearlo, incluyendo el apoyo a familias y empresas, y, finalmente, realizamos un balance preliminar del resultado
