pandemia. Reconociendo sus graves consecuencias sociales en el país, explica cuál es la capacidad de protección de la sociedad que puede esperarse de las instituciones vigentes y qué mecanismos y recursos necesitan ser movilizados ahora. Se presentan las medidas más relevantes implementadas por el gobierno argentino en el actual contexto y se argumenta por qué el ingreso universal es hoy una medida crucial para una sociedad protectora y la vigencia de los derechos humanos.
En el capítulo 15 Liber Martin estudia la relación entre la pandemia, el derecho al agua y saneamiento y la desigualdad. Comienza por revisar los presupuestos, el contenido y los límites de tal derecho humano, luego identifica las implicaciones particulares y los nudos problemáticos que sus dimensiones presentan durante la pandemia, y propone tanto medidas paliativas de corte reactivo como políticas de carácter estructural y preventivo respecto de enfermedades asociadas al agua. Los efectos adversos sobre los derechos humanos asociados a la desigualdad y discriminación provocadas por la pobreza hídrica se incrementan en contextos de crisis sanitaria, económica y la adopción de medidas como el aislamiento social.
En el capítulo 16 Nancy Cardinaux estudia cómo la Covid-19 atraviesa el derecho a la educación y el acceso a los bienes culturales. Se describen los contornos legales del derecho a la educación desde sus condiciones de asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad y cómo fueron afectadas por el ASPO en los niveles inicial, primario, secundario y universitario. Claramente, los efectos del ASPO sobre la escolaridad profundizaron una serie de desigualdades preexistentes y generaron nuevas. En el apartado final se presentan los principales desafíos en materia educativa.
En el capítulo 17 Silvia Serrano Guzmán describe y analiza los principios de igualdad y prohibición de discriminación así como las interseccionalidades en la pandemia, desde la perspectiva del derecho argentino, interamericano e internacional. Las diversas formas de discriminación se han materializado en la prevalencia en contagios y muertes en grupos tradicionalmente desaventajados, en su discriminación en el acceso a bienes y servicios de salud, así como en los impactos desproporcionados de las medidas de salud pública. Se estudian los presupuestos conceptuales sobre discriminación e interseccionalidad; luego, cómo opera en la práctica la discriminación contra grupos desaventajados durante la pandemia y, finalmente, los tipos de medidas que los Estados deberían implementar para prevenir y compensar la discriminación.
En el capítulo 18 Horacio Etchichury y Magdalena Álvarez analizan el impacto negativo de la pandemia y la recesión sobre el derecho al trabajo, dando cuenta del notable aumento del desempleo. Partiendo de las fuentes jurídicas internacionales y constitucionales, se describen los contornos del derecho al trabajo que resultan relevantes en el contexto de pandemia, y luego se presentan las medidas de emergencia implementadas que incluyen licencias preventivas, subsidios a empresas, habilitación de rebajas salariales, provisión de elementos, participación del personal, cobertura de la enfermedad y teletrabajo. También se destaca la necesidad de generar garantías de trabajo y empleos de calidad, de repensar obligaciones del Estado y las y los particulares como resultado del derecho a trabajar, y de llevar adelante evaluaciones del impacto de las medidas gubernamentales sobre ese mismo derecho.
En el capítulo 19 Julieta Rossi examina la situación del derecho de acceso a la justicia. Primero presenta las recomendaciones emitidas por instancias internacionales de derechos humanos sobre el funcionamiento de los poderes judiciales y el acceso a la justicia, y luego describe cómo la administración de justicia en la Argentina redujo su actividad a un mínimo mientras que asumió un rol más bien pasivo frente al estado de excepción y la protección de los derechos humanos durante la emergencia. Luego se analiza la actuación de la justicia en vulneraciones específicas de derechos puestas de manifiesto y agravadas por la pandemia, en los campos de acceso a la salud, agua potable y educación de personas y niñas y niños que habitan en asentamientos precarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el derecho a la salud de personas internadas en hospitales psiquiátricos y privadas de libertad en cárceles y comisarías, los juicios en los que se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, y en el acceso a prestaciones sociales de emergencia y la violencia de género. Finalmente, se ofrecen reflexiones en torno a la oportunidad que la emergencia ofrece para poner en agenda la necesidad de llevar adelante reformas estructurales en la administración de justicia.
En el capítulo 20 Laura Pautassi aborda las implicaciones de la pandemia en el ámbito del derecho al cuidado, planteando que este derecho continúa siendo, aun frente a su asombrosa centralidad durante la pandemia, una variable de ajuste en el que las mujeres son sus principales afectadas. El núcleo duro de la desigualdad en el tiempo y las tareas se ha visto incrementado durante la pandemia, siendo la economía no monetaria de los hogares lo que está garantizando la continuidad del aislamiento preventivo y el cuidado. Se analizan la situación de crisis de cuidado previa a la Covid-19 y las reconfiguraciones que el cuidado ha promovido a partir de la crisis sanitaria. A la luz de la naturalización del cuidado como una responsabilidad femenina se estudian específicamente las implicaciones del aislamiento en las casas, la composición feminizada del sector de salud y de los cuidados de personas mayores. Aun registrándose ciertas acciones estatales en el último tiempo, no existe un desarrollo de mecanismos institucionales para afrontar las debilitadas capacidades de las mujeres para asumir la renovada crisis de cuidados ni para garantizar el derecho al cuidado de manera integral –y no feminizada–.
En el capítulo 21 Roberto Saba analiza la relación entre pandemia, vigilancia masiva, seguimiento personalizado y derecho a la privacidad. Por ahora el aislamiento es la única forma eficaz de reducir los contagios, pero esta medida provoca serios efectos sobre la economía y sobre una amplia gama de derechos humanos. Frente a ello, se han propuesto e implementado sistemas para detectar y aislar a las infectadas y los infectados, para lo cual los gobiernos se valen de nuevas tecnologías, el big data y la inteligencia artificial a fin de acceder a información de las personas y rastrear sus movimientos. El riesgo que entrañan estos sistemas de rastreo es alto: esa información puede ser obtenida violando derechos, o accedida como consecuencia de fallas en la seguridad de las bases de datos, o hackeadas, o utilizadas para vulnerar los derechos en el presente o en el futuro, tanto por actores públicos como privados. En este escenario complejo, la afectación del derecho a la privacidad es altamente probable, a pesar de lo cual no parece ser una preocupación en la opinión pública, incluso en la comunidad de derechos humanos. El texto repasa las experiencias comparadas y argentina en el uso de estas tecnologías, así como las propuestas de medidas y estándares para proteger los derechos potencialmente afectados.
En el capítulo 22 Andrés Rossetti estudia de qué modo los derechos a la circulación, reunión y participación son afectados por el ASPO y ofrece criterios para evaluar si tales restricciones se encuentran justificadas. Primero describe el reconocimiento nacional e internacional de tales derechos y las posibles formas constitucionales previstas para enfrentar la situación de emergencia. Luego estudia las posibles tensiones frente a la restricción a estos derechos en situaciones de emergencia (por ejemplo, en lo que se refiere al ejercicio de la autonomía individual y la salud pública), las medidas adoptadas en la Argentina y su merituación a la luz de los estándares pertinentes, en particular el principio de razonabilidad.
En el capítulo 23 Damián Loreti estudia la incidencia de la pandemia sobre los derechos a la expresión y a la información. Efectúa un análisis de las convenciones internacionales pertinentes en cuanto a la posibilidad de suspender los derechos a la expresión e información en el marco de un estado de emergencia, así como de los puntos críticos identificados por los sistemas internacional e interamericano de protección de derechos humanos, incluyendo el acceso a la información pública en poder de las autoridades de salud, el acceso a internet, la protección y promoción de los medios independientes, la desinformación sobre salud pública, así como la supervisión o cibervigilancia sobre la salud pública. Las restricciones a los derechos estudiados en ese capítulo deben cumplir con los requerimientos de legalidad formal previa y precisa, atender a la garantía de un fin legítimo y ser absolutamente necesarias: al mismo tiempo que cumplen el resguardo del fin legítimo, deben ser
