esto se suma un sinnúmero de prácticas culturales o ambientales de contestación que también involucran a sectores medios, como la realización de murales y festivales artísticos (capítulo 7) o el armado de huertas urbanas en defensa de espacios públicos (capítulo 6).
Como podrá apreciarse en este libro, los sectores más vulnerables también luchan contra la segregación procurando desmarcarse de los estigmas que pesan sobre ellos: ya sea alegando no pertenecer al grupo que los cobija o, por el contrario, reivindicando esa pertenencia; ya sea justificando las circunstancias que desembocaron en su presente o construyendo otros referentes de identidad anclados en un pasado o futuro concebidos como prósperos. Asimismo, ellos procuran su efectiva integración a la ciudad por medio del acceso a los servicios que les son retaceados por el Estado o bien a partir de la judicialización de sus demandas.
La judicialización es una estrategia que ha cobrado relevancia en la ciudad desde los primeros años del nuevo milenio, y supone el involucramiento de alguna instancia del Poder Judicial para exigir la resolución de problemáticas sociales de larga data, en las cuales solía intervenir exclusivamente el Ejecutivo. Se trata de un recurso novedoso para disputar el derecho a la ciudad que coexiste con prácticas “tradicionales” como la movilización política, el trabajo legislativo y el entramado de relaciones personales. Un proceso íntimamente ligado a la judicialización es el de la juridificación, en el cual los distintos participantes incorporan esos enunciados del derecho a su universo simbólico, a la vez que luchan por definir una u otra forma de regulación jurídica como legítima (Azuela, 2006: 14-15, 93 y 485).
En los últimos años, los habitantes de villas y asentamientos del Área Metropolitana de Buenos Aires motorizaron procesos de judicialización y juridificación de sus demandas en articulación con activistas o expertos de ONG, asesorías, defensorías y organizaciones territoriales. Esto dio lugar a un nuevo ciclo en la vinculación entre los gobiernos locales y los sectores que históricamente han reclamado condiciones de vida dignas en la ciudad.
Esta incorporación de la estrategia judicial reforzó ciertas lógicas perversas a las cuales el Estado compelía a actuar a los sectores populares, como las de entregar viviendas solo a los más carecientes o con mayor sufrimiento ambiental. Por otra parte, el activismo judicial sumó nuevos aliados a la defensa de los derechos de estas poblaciones. Fruto de los intercambios entre habitantes y expertos sintonizados con sus padecimientos, se evidencia una sofisticación de las clasificaciones de los sectores populares: los saberes médicos, jurídicos y ambientales circulan cada vez con mayor fluidez en sus narrativas y exigencias de justicia. Al conocimiento adquirido mediante su experiencia práctica en un cierto entorno, los actores locales añaden conocimientos técnico-científicos producto de su interacción con los expertos de las ONG y organismos del Estado.
En un sentido general, los repertorios de resistencia abordados en este libro nos presentan el desafío de no desacreditar aquellas sutiles “trampas” o desobediencias de los sectores subalternos que apenas alcanzamos a comprender.[13] Y es que, al no tener nuestros propios cuerpos comprometidos en entornos represivos, contaminados o bajo amenaza de desalojo, tendemos a apreciar esas luchas –signadas por avances y retrocesos– como desconcertantes.
Como se aborda en el capítulo 1, que algunos referentes de la Villa Rodrigo Bueno estuviesen luchando por la urbanización al mismo tiempo que averiguaban dónde mudarse no dejaba de resultar un contrasentido a las antropólogas allí actuantes, autoras del texto. Y, de igual modo, que esos vecinos desistieran de invitar a otros residentes de la villa a las audiencias públicas convocadas por la jueza de la causa les resultaba antidemocrático, pese a que los primeros tuvieran dudas razonables respecto del perjuicio que estos últimos podían causar en la defensa de la urbanización.
La idea de equivocación controlada de Viveiros de Castro (2010) resulta fructífera para pensar estos malentendidos en las luchas compartidas. El equívoco alude a las disyunciones y desacuerdos ontológicos presentes en un intercambio: los interlocutores no están hablando de la misma cosa, aunque quizás lo ignoren. Dicho equívoco emerge, entonces, como el modo de comunicación por excelencia entre diferentes perspectivas y como una dimensión constitutiva de la labor antropológica.
El examen crítico sobre las presuntas contradicciones de las prácticas populares debe correr en paralelo a la interpelación sobre la aparente coherencia o “desinterés” de nuestras propias acciones en tanto científicos sociales. Se trata de practicar un proyecto de simetrización que ponga en un pie de igualdad conceptual a los científicos sociales y a aquellos de quienes estos se ocupan (Descola, 2016). La simetrización también involucra nuestro descentramiento ontológico en pos de entender de qué manera cierto grupo humano atribuye determinadas características a las entidades, espacios, artefactos o animales para “hacer mundo” con ellos (2016: 176).
En este sentido, buena parte de las reflexiones vertidas en los capítulos de este libro fueron producto no solo de los intercambios con vecinos de los barrios populares, activistas, colegas, trabajadores de ONG u organismos defensores, sino también de los debates con aquellos actores con los que teníamos profundas discrepancias, como los profesionales de una empresa multinacional (capítulo 3) o los trabajadores y funcionarios estatales responsables de la ejecución de ciertas políticas habitacionales (capítulos 1, 2 y 4). Como ya argumentamos con mayor detalle en otro sitio (Carman y otros, 2020), el diálogo de saberes puede producirse incluso entre actores situados del otro lado de la frontera antagónica.[14]
La potencia de un diálogo de saberes entre actores con (casi) insalvables diferencias nos resultó particularmente evidente cuando nuestro equipo de investigación intervino en la elaboración de un protocolo de relocalizaciones respetuosas de los derechos humanos en 2015, en el marco de la política de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Este protocolo procuró evitar que el Instituto de Vivienda, a cargo de las primeras relocalizaciones porteñas, continuara realizando expulsiones arbitrarias, sin participación vecinal y, en los casos más graves, sin contrapartida habitacional (véase Carman, 2017, cap. 1). El protocolo en cuestión fue aprobado por el Instituto de Vivienda en 2016 y replicado el año siguiente en el protocolo confeccionado por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, con actuación en las villas de la zona ribereña. Ambos protocolos fueron incorporados a algunas luchas históricas de los afectados de la cuenca para exigir que las instituciones involucradas en la relocalización cumplan con los lineamientos de la causa judicial correspondiente al saneamiento.
No ahondaremos aquí en esta experiencia de antropología colaborativa,[15] pero basta con enfatizar lo siguiente: el diálogo de saberes producido en coyunturas de antagonismo social supone la puesta en juego de diversas astucias. La primera astucia es el uso de la diplomacia. Si todas las estrategias simbólicas pueden situarse entre los extremos del insulto y la nominación oficial (Bourdieu, 1990: 294), las tratativas con funcionarios posicionados en las antípodas de nuestro pensamiento político nos impiden recurrir al “insulto” –aun en sus variantes eufemizadas–, pues echaría por tierra los acuerdos necesarios para revertir situaciones específicas de injusticia social, espacial o ambiental. La segunda astucia que es necesario poner en juego es la anticipación práctica. Si el diálogo de saberes se hubiera producido exclusivamente entre los sectores populares afectados por diversas políticas de omisión o exceso y todos aquellos actores que sintonizábamos con sus padecimientos –integrantes de asociaciones barriales, defensorías, organismos de derechos humanos–, habríamos “olvidado” anticipar un sinnúmero de conflictos en las negociaciones con los dispositivos estatales. Las apuestas discursivas y prácticas involucradas en estas resistencias conjuntas incluyen una activa posición de réplica y una suerte de antropología especulativa (Saer, 1997: 12-17), en el sentido de combinar lo ya conocido con lo que podría llegar a producirse en un contexto aún más hostil.
Acerca de los capítulos
El capítulo de María Carman, Vanina Lekerman y María Paula Yacovino narra una experiencia de antropología colaborativa en el marco de la causa judicial sobre Rodrigo Bueno, una villa
