barriales y los habitantes.
[14] La noción de frontera antagónica de Laclau (2009: 110) concibe a la sociedad como dos campos irreductibles estructurados alrededor de dos cadenas equivalenciales incompatibles. La cadena equivalencial refiere a la acumulación de demandas insatisfechas y una creciente incapacidad del sistema institucional para absorberlas de manera diferenciada –cada una de ellas por separado–, lo cual establece entre ellas una afinidad. Laclau propone el ejemplo de migrantes agrarios que se han establecido en una villa y reclaman por el problema de vivienda. Si la demanda no es satisfecha, la gente puede comenzar a percibir que sus vecinos tienen otras demandas igualmente insatisfechas, tales como problemas de agua, de salud o de educación. Si las peticiones continúan sin solución, el resultado puede ser “el surgimiento de un abismo cada vez mayor que separe el sistema institucional de la población” (2009: 98-99).
[15] En cuanto a las relocalizaciones de la Cuenca Matanza-Riachuelo en el ámbito de la ciudad, entre 2013 y 2014 participamos en “desayunos intelectuales” organizados por el Instituto de Vivienda con el objeto de mejorar su implementación, y presentamos un informe sobre la problemática al Juzgado Federal Nº 2 de Morón a cargo de la ejecución de la causa, así como al Área Social de auditoría de las relocalizaciones de la Cámara Federal de San Martín. Junto con un equipo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y a pedido del Instituto de Vivienda, en 2016 elaboramos una evaluación y un posterior informe sobre el impacto socioeconómico de las relocalizaciones de los vecinos provenientes de la Villa 21-24 en el barrio Padre Mugica de Villa Lugano. Además de estas intervenciones específicas en la cuenca, nuestro equipo de investigación llevó adelante distintas experiencias de antropología colaborativa en barrios populares. Del año 2005 en adelante y en el marco del conflicto legal sobre la Villa Rodrigo Bueno, redactamos un informe antropológico que fue anexado al expediente judicial; participamos en audiencias públicas judiciales y encuentros legislativos; presentamos un amicus curiae con una propuesta de urbanización sustentable de la villa en el Tribunal Superior de Justicia, a pedido de la Defensoría General de la Ciudad (véase capítulo 1 de este volumen y Carman y otros, 2014). Durante los últimos años, también participamos y brindamos asistencia técnica en las mesas de trabajo por la (re)urbanización de esta villa. A esto se suman otras actividades de transferencia, como la confección de un informe sobre el asentamiento La Veredita solicitado por el juzgado interviniente; la realización y el estreno de un documental sobre la relocalización de la Villa 26; la capacitación, por medio de talleres, de equipos técnicos municipales a cargo de políticas de relocalización en la Cuenca Matanza-Riachuelo y de (re)urbanización en la Villa 31; la participación en mesas de trabajo de la Villa 31 y la Villa 20; y la colaboración en la redacción del Acuerdo por la urbanización de villas promovido por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, del cual participaron más de ochenta organizaciones.
[16] Como señala Fassin (2016: 75-77), la asignación de un recurso escaso a personas para las que están en juego las condiciones materiales y, en algunos casos, hasta biológicas de la existencia, plantea el problema de la elección trágica.
[17] Como diría Bajtín (2008 [1952]), el hablante nunca es un primer hablante; no hay un hablante fundado en la nada, sino en un permanente diálogo con otros.
[18] Algo similar sucedió durante la audiencia pública del primer caso de vivienda digna tramitado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En abril de 2012, la Corte ordenó al gobierno porteño que garantizase el derecho a la vivienda y brindase una solución habitacional a Sonia Yolanda Quisberth Castro y su hijo de 6 años, enfermo de una encefalopatía crónica, quienes vivían en situación de calle porque la Secretaría de Desarrollo Social porteña no les había renovado un magro subsidio habitacional de 700 pesos. En la audiencia pública del caso, celebrada en septiembre de 2011, la entonces ministra de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires y luego gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se desentendió de la responsabilidad estatal de brindar una solución habitacional a esta y otras familias en grave situación de vulnerabilidad argumentando que los hogares de tránsito y paradores del gobierno de la ciudad constituían una respuesta habitacional. Sin rodeos, la ministra presentó esa política de la emergencia –hogares masivos, sin intimidad y donde solo se puede pernoctar– como si fuese una política habitacional y redujo la obligación estatal a brindar abrigo. En un sentido coincidente, Verón (2017) analiza los paradores y hogares del gobierno de la ciudad como dispositivos de asistencia que buscan legitimarse como una solución válida al déficit habitacional.
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