se obligue a la vinculación a las ineficientes UBPC, CPA y granjas estatales, en vez de fomentar cooperativas voluntarias entre los usufructuarios.[7] El marabú cubre la mitad de la tierra otorgada en usufructo y ha de ser erradicado para comenzar a producir, pero está vedado usar crédito estatal para ese fin, lo cual es ilógico. Alrededor de 77% de los usufructuarios carece de experiencia en la agricultura; la ley de 2012 estipula que el gobierno ofrece entrenamiento, pero no ha informado en qué medida lo ha aplicado. El gobierno fija el precio del acopio por debajo del precio de mercado, lo cual opera como un impuesto e incentivo para “desviar” la venta de parte de la cosecha al gobierno. Hay fuertes restricciones para contratar trabajadores no familiares y la dimensión de la inversión se limita al 1% del tamaño máximo de la parcela, desincentivos que oficialmente se justifican para evitar la concentración de la riqueza. Por su parte, los microcréditos estatales son muy insuficientes, y las normas para solicitar usufructo, firmar el contrato y extenderlo, y aprobar una inversión, son muy complejas y tortuosas, lo cual es otro impedimento. A pesar de la reducción del acopio arriba notada, la mayoría de los productos agrícolas están excluidos, al menos para el período 2013-2014.
El usufructo cubano es mucho más modesto que lo logrado por las reformas agrícolas china y vietnamita, lo que se debe a que en éstas los contratos son por tiempo indefinido (en lugar de los diez años prorrogables sometidos a condiciones onerosas de Cuba), y los granjeros deciden qué sembrar, a quién vender, y fijan el precio de acuerdo con la oferta y la demanda (no hay acopio ni precios fijados por el gobierno). A pesar de estas diferencias, dentro del contexto histórico del socialismo cubano, el usufructo es un movimiento hacia el mercado, aunque muy limitado.
Despido de empleados estatales innecesarios y expansión del sector no estatal
Según cifras oficiales, en 2010 había entre 1.3 y 1.8 millones de empleados estatales excedentes o innecesarios (“plantillas infladas”), es decir, entre 26 y 36% de la fuerza laboral ocupada. En trabajos previos, he demostrado que la bajísima tasa de desempleo visible o abierto (1.6% en 2008, equivalente a pleno empleo; una de las más bajas del mundo) se había logrado mediante el desempleo “oculto”, o sea, con subutilización de mano de obra, subempleo o contratación de empleo estatal innecesario, lo cual provocaba una reducción de la productividad laboral y del salario. El enorme costo de esta política obligó a que en 2011 se reconociera el problema y la necesidad de despedir el excedente laboral. Pero, a fin de posibilitar los despidos, fue esencial expandir el sector “no estatal” que comprende el usufructo, el empleo por cuenta propia, y a los miembros de cooperativas de producción no agrícola y de servicios.
Bajo la revolución no hay antecedente de estos despidos; además, aunque el cuentapropismo ha existido desde la década de los setenta, nunca había alcanzado la magnitud actual, ni tampoco se habían permitido cooperativas no agrícolas y de servicios. Respecto a la propiedad, los cuentapropistas son dueños de su negocio si bien, como en el usufructo, el Estado mantiene la propiedad del inmueble rentado a los miembros de las nuevas cooperativas, las cuales manejan el negocio y se quedan con sus ganancias. Es otro movimiento hacia el mercado.
Hay progresos en la expansión del sector no estatal. Las ocupaciones por cuenta propia se han duplicado y se han autorizado unas 250 cooperativas de producción no agrícola y de servicios. Las cooperativas pagan una renta mensual al Estado, compran los insumos necesarios y fijan los precios de sus productos o servicios (esto último también lo aplican los cuentapropistas). Con el propósito de ganar más, los cooperativistas reciben un incentivo para mejorar el local y los servicios ofertados. Cuentapropistas y cooperativistas han sido autorizados a vender, comprar y arrendar a entidades estatales incluyendo las turísticas, contratar empleados asalariados sin límite (además de los familiares), abrir cuentas bancarias, recibir microcréditos, y comprar insumos en los incipientes mercados al por mayor creados en tres provincias a mediados de 2013.
No obstante, existen obstáculos y desincentivos importantes. Las ocupaciones son muy específicas y no cualificadas (payasos, carretilleros, aguadores, cuidadores de baños); y apenas hay unas pocas cualificadas (traductores y agentes inmobiliarios y de seguros). No se permite a los graduados universitarios ejercer por cuenta propia; así, un arquitecto puede trabajar como taxista, pero no ejercer su profesión en el sector privado (aunque se reporta que lo hacen ilegalmente). La regulación y control estatales son excesivos: para que las cooperativas sean aprobadas deben pasar por cuatro instancias y la decisión final la toma el Consejo de Ministros; los inspectores agobian a los cuentapropistas e imponen multas; recientes directivas fijan normas detalladas de control de calidad. Las licencias e impuestos son también excesivos; el fijado a la contratación laboral paga una tasa que se incrementa con el número de empleados contratado. Se penaliza así a los que crean más empleo privado y conspira contra la meta del gobierno de despedir a los trabajadores innecesarios mediante la creación de empleo no estatal (lo que oficialmente se justifica señalando que de este modo se evita la concentración de la riqueza). El microcrédito y los insumos son insuficientes, y los mercados al por mayor viven una etapa experimental. La incertidumbre debida a la historia previa de altas y bajas en el cuentapropismo se agrava con disposiciones recientes, como la cancelación de los vendedores que tenían puestos en los portales de La Habana, la fijación de altos impuestos a la venta de productos importados y su posterior prohibición, y la clausura de locales de cine y de juegos electrónicos. En enero de 2014 se promulgó una ley que establece las sanciones a las violaciones cometidas por los cuentapropistas, lo que incluye multas, decomiso y clausura del negocio. Por último, la burocracia es un fuerte obstaculizador, no sólo por razones ideológicas, sino, en buena medida, por conflicto de interés; así, al administrador de un restaurante estatal que ofrece mala comida y peor servicio no le conviene que un paladar cercano brinde excelente comida y servicio eficiente.
Es indudable que en esta área las reformas sino-vietnamitas han avanzado mucho más que las cubanas, pues el empleo en el sector privado va más allá del cuentapropismo y cooperativas, se contrata numerosa mano de obra asalariada, mientras que los profesionales pueden trabajar por cuenta propia o para el sector privado.
Reducción de gratuidades, servicios sociales y racionamiento
El costo creciente de los servicios sociales (educación, salud, pensiones, vivienda, asistencia social) alcanzó su cénit en 2007-2008 con 55% del presupuesto y 37% del PIB, las mayores proporciones en la región. La educación y la salud son universales y gratuitas, los trabajadores no pagaban contribución para las pensiones (las mujeres se retiraban con 55 años, y los hombres, con 60; entre las edades más bajas en la región), y la gran mayoría de la población es dueña de su vivienda. Había otras “gratuidades” como la venta de artículos racionados a un precio inferior a su costo y las cafeterías en los centros de trabajo con precios subsidiados. A partir de 2003, bajo la “Batalla de Ideas” lanzada por Fidel, se crearon tres mil campos universitarios municipales gratuitos que subieron el porcentaje de la población con educación superior, además se aumentó de manera colosal la matrícula en carreras de humanidades a la par que descendió la matrícula en ciencias naturales y matemáticas, ambas esenciales para el desarrollo. Fidel también creó programas ineficaces como los trabajadores sociales que se usaron para controlar el fraude en el expendio de gasolina. A pesar de su alto costo, estos servicios descendían en calidad: la pensión promedio real cayó a la mitad desde 1989; debido a la aguda escasez de maestros (por el bajo salario) hubo que crear “maestros emergentes” entrenados en pocos meses con lo que el nivel de los estudiantes entrantes en las universidades empeoraba; la planta física, el equipo y la atención de la salud también se deterioraban. La situación se agrava porque Cuba tiene la segunda población más envejecida del continente, un proceso que crece con rapidez y eleva notablemente el costo de la salud y de las pensiones. Obvio que todo esto en el mediano y largo plazo era inviable en términos financieros. Raúl Castro, reconociendo estos problemas, afirmó que los servicios sociales serían supeditados a los recursos fiscales y el crecimiento económico, por lo que creó un programa para reducirlos y eliminar el racionamiento. Nunca antes en la fase de revolución
