Las reformas procuran reducir los gastos del presupuesto y mejorar el equilibrio fiscal, lo cual es lógico, pero tienen consecuencias sociales adversas, como el cierre de cafeterías a precio subsidiado para los trabajadores a los que se les abona una suma insuficiente para comprar sus almuerzos. Otras parecen ser racionales como la terminación de las escuelas secundarias en el campo y de miles de sedes universitarias municipales y del programa de trabajadores sociales, el establecimiento de cuotas de entrada en las universidades y el endurecimiento de los exámenes de ingreso, y el recorte sustancial de la matrícula en humanidades y educación física simultáneo al aumento en la de ciencias naturales y matemáticas. Los recortes en los servicios de salud afectarán adversamente a la población, esa será la consecuencia de las reducciones en el personal, el cierre de varios hospitales y clínicas, el recorte a la mitad de los médicos de familia (por su exportación a Venezuela, Brasil y otros países), y el de las pruebas de diagnóstico y otras costosas, mientras se incrementa el uso de la medicina herbolaria y la acupuntura. Asimismo, la reforma de las pensiones aumentó las edades de retiro en cinco años para ambos géneros y estableció contribuciones a los trabajadores a medida que aumenten sus salarios.
La reforma social más difícil es terminar con el racionamiento. Aunque las cuotas son muy magras y sólo cubren las necesidades de alimentos entre siete y diez días al mes, el sistema es vital para los grupos de menor ingreso que no reciben remesas del exterior; de ahí que su eliminación enfrente oposición. Ya desde 1995 los economistas cubanos habían advertido que el racionamiento —por su carácter universal— beneficia al grupo de alto ingreso que no lo necesita, por lo cual recomendaron sustituir el subsidio a los productos por subsidios a las personas, o sea, eliminar el racionamiento y establecer un sistema de asistencia social focalizado en los necesitados. Raúl Castro finalmente aceptó este consejo y comenzó, de forma gradual, a extraer artículos de la libreta para venderlos a precio de mercado que es cuatro veces mayor al precio de racionamiento: carne, tubérculos, manteca, garbanzos, cigarrillos, dentífrico, detergente, jabón y bombonas de gas. De igual modo recortó a la mitad la cuota de frijoles y huevos, y en 20% la del azúcar. Además ha habido incrementos de tarifas de servicios públicos y de precios en las tiendas en divisas.
Un serio obstáculo es que la mayoría de las medidas resumidas, así como la explicada en la sección anterior, han aumentado la población vulnerable y generado un creciente problema social: alza sustancial de precios de alimentos y servicios públicos; despidos que han duplicado la tasa de desempleo abierto; menor acceso a los médicos de familia y cierre de establecimientos de salud. Raúl prometió que la población afectada y necesitada no quedaría desprotegida, pero de hecho ha ocurrido una severa contracción de la asistencia social (eso se discutirá después). Los acuerdos del VI Congreso en 2011 estipularon dar por terminada la asistencia a los beneficiarios con familiares que puedan ayudarlos; una medida contraria al nivel generalizado de necesidad en Cuba. Aunque es adecuada una focalización para determinar qué beneficiarios no están de verdad necesitados, los recortes trascienden lo razonable, sobre todo por la expansión de la población en vulnerabilidad.
Las reformas sino-vietnamitas en buena medida han desmontado los sistemas de pensiones y de salud que se ligaban principalmente a las grandes empresas estatales que fueron descentralizadas en su mayor parte; la educación requiere de ciertos copagos formales o informales, y la protección social en las zonas rurales no desarrolladas se ha deteriorado. Por lo tanto, en estos países, las reformas en el financiamiento de los servicios sociales son más radicales, pero han provocado problemas sociales y brechas enormes en el ingreso que ahora tratan de enfrentar.
Compraventa de viviendas
La reforma urbana de 1960 prohibió la compraventa y arriendo de viviendas, estableció que los propietarios de viviendas sólo podrían quedarse con aquella en que vivían, virtualmente prohibió la construcción de viviendas privadas, estipuló que los arrendatarios pagasen el arriendo mensual al Estado y que después de veinte años se convirtiesen en propietarios de su vivienda, y eliminó la hipoteca. El resultado positivo de estas medidas fue que la inmensa mayoría de la población es dueña de su hogar, pero los efectos adversos fueron más grandes. Como el gobierno construyó menos viviendas respecto del crecimiento de la población y otro porcentaje fue destruido por falta de mantenimiento o por huracanes, el déficit habitacional sobrepasa oficialmente las 600 000 unidades, pero un millón de acuerdo con mis cálculos. Para aliviar este problema social, considerado como el más serio de la revolución, se permitió la construcción privada de viviendas (esfuerzo propio) y la “permuta” o trueque de viviendas supuestamente de similar valor, pero que en la práctica desató una enorme burocracia y corrupción.
La reforma del sector de la vivienda introdujo avances positivos: autoriza la compraventa de viviendas a cubanos y extranjeros residentes permanentes, al precio libremente fijado por vendedor y comprador; permite la propiedad de una segunda vivienda de recreación en el campo o la playa; y concede el derecho de heredar la vivienda y pasarla a familiares de cubanos que emigran. Otras disposiciones liberan el precio de los materiales de construcción para venderlos a costo de mercado, eliminan el subsidio en este rubro a la par que conceden créditos a los pobres y al grupo de bajo ingreso para comprar materiales más baratos; otorgan algunas exenciones de impuestos; expanden los microcréditos estatales, un 90% de los cuales son para construir o reparar viviendas, y reintroducen la garantía prendaria aunque siga ausente la hipoteca inmobiliaria. Esta reforma es trascendental ya que permite que la vivienda congelada por más de medio siglo puedan ahora venderse para cambiar de residencia o generar capital, además de estar orientada al mercado que fija los precios.
Pero hay obstáculos y trabas. El registro inmobiliario fue virtualmente abandonado en Cuba porque nadie se preocupaba de inscribir su vivienda o actualizar su estado; un intento de crear un catastro nacional al comienzo de la revolución se abortó. Para efectuar una compraventa, la propiedad debe encontrarse inscrita en el registro inmobiliario, pero sólo 17% lo ha hecho; además la transacción debe ser efectuada ante notario público, pero el número de estos profesionales es insuficiente; hasta septiembre de 2013 no se permitían los agentes inmobiliarios, aunque en la práctica operaban; la publicidad para la compraventa utiliza medios rudimentarios (carteles en lugares donde se reúnen vendedores y compradores), y aunque hay un par de sitios de Internet para estos fines, su acceso a la población es muy limitado. La prohibición de que los extranjeros no residentes compren vivienda impide legalmente la inversión de la diáspora cubana, aunque hay información de que lo contrario suceda mediante triquiñuelas de todo tipo. La prohibición a los arquitectos de ejercer por cuenta propia es un escollo a la construcción y reparación de viviendas.
En China y Vietnam no sólo se permite la inversión extranjera en el sector de la vivienda sino que se procura y ha sido un factor crucial en el boom económico de ambos países; por supuesto, los extranjeros pueden comprar viviendas, así que en esto sus reformas son también mucho más avanzadas.
Inversión extranjera
La inversión interna en Cuba representa la mitad del promedio de América Latina, lo que ha inducido a una baja tasa de crecimiento económico del país. Según Marino Murillo, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación de las Reformas, se requieren entre dos mil y dos mil quinientos millones de dólares anuales para que despegue la economía a un crecimiento razonable (Granma, 5 de octubre de 2014). Para lograrlo se aprobó en abril de 2014 una nueva ley de inversión extranjera que entró en vigor a fines de junio.
La nueva ley tiene avances respecto a la de 1995. Extiende la inversión extranjera a todos los sectores excepto salud, educación y fuerzas armadas. Exime el pago del impuesto sobre ingresos personales, el de la fuerza de trabajo y el aduanero para ciertas importaciones; el de utilidades por ocho años, y el impuesto sobre ventas por un año. Permite abrir cuentas en divisas en bancos extranjeros, así como la importación y exportación directas (lo último ya existía en la ley previa, pero no se
