tomaba años. Autoriza empresas con capital totalmente extranjero (estipulado en la ley previa, en la práctica 49%). Permite ser inversionista a las “personas jurídicas” cubanas residentes en la isla, y de manera implícita a los cubanos residentes en el exterior. Ofrece garantías a los inversionistas extranjeros incluyendo indemnización en caso de expropiación. Se espera que la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM) sea un imán para la inversión extranjera.
La ley no cambia ciertas normas previas o agrega limitantes. Continúa la contratación del personal a través de agencias estatales autorizadas; el inversor extranjero no puede escoger su personal o despedirlo, tiene que recibir el que le ofrezca la agencia estatal (salvo los de alto nivel); si surge un conflicto con un empleado, debe someterlo a la agencia para su resolución. Mantiene la entrega de los salarios en divisas por la empresa extranjera al gobierno y éste, a su vez, paga una fracción de lo cobrado a los trabajadores en pesos y la diferencia se la queda el Estado, lo cual es un desincentivo (el inversor puede crear un fondo de estimulación sobre sus utilidades para distribuir entre el personal).[8] Prohíbe ser inversionista a las “personas naturales” y a los trabajadores por cuenta propia, pero lo autoriza para las cooperativas. Los inversionistas extranjeros pueden ser expropiados por motivo de utilidad pública o interés social; en varios casos se deja la solución de conflictos a los tribunales locales y no a la corte de arbitraje internacional.
Las reformas sino-vietnamitas han extendido notablemente la inversión extranjera, lo cual ha sido un factor esencial para el boom económico de ambos países, los cuales han logrado de las más altas tasas de crecimiento en el mundo.
Actualización del modelo económico
He dejado para el final la reforma más difícil: la “actualización del modelo”. Los acuerdos del VI Congreso no transforman sustancialmente el modelo actual, sino pretenden actualizarlo en forma gradual, asegurando que se mantendrá el predominio del plan central y de la propiedad estatal sobre el mercado y la propiedad no estatal (la palabra “privada” no era mencionada en los acuerdos, pero se aceptó en 2014). No hay pautas en los acuerdos sobre el rol específico de cada sector y sus interacciones, además de que hay muchos vacíos y aspectos claves vagos del modelo.
Las secciones anteriores demuestran que las reformas estructurales están orientadas al mercado, y los acuerdos del Congreso le dan a éste un rol mayor al que tuvo en la revolución desde 1961 cuando se inició la planificación central, si bien, en ambos frentes, Cuba sigue muy rezagada respecto de las reformas sino-vietnamitas. Varios economistas cubanos consideran erróneo que se mantenga un modelo donde predomina la planificación central, del cual la historia ha probado (en la antigua Unión Soviética y la Europa Oriental, en China y Vietnam, así como en Cuba) su ineficiencia, y el cual ha provocado los problemas económicos que lo llevaron al fracaso. Algunas de las reformas que se comenzaron a implementar en 2014 —la desregulación de empresas estatales clave, el autofinanciamiento de las mismas, el cierre de aquellas con pérdidas sostenidas, la creación de fondos para inversión y mejora de salarios con parte de las ganancias— fueron intentadas antes en Cuba (en los decenios de los setenta y los ochenta), y luego abandonadas. Otra barrera para el éxito de las reformas es el empeño de los dirigentes en “evitar la concentración de la riqueza”, por ejemplo, la tasa impositiva progresiva al empleo en el sector no estatal, y las restricciones a la inversión y contratación en el usufructo. Esa obsesión ideológica ignora las grandes desigualdades en el ingreso que actualmente existen en Cuba y que están creciendo.
Evaluación de los efectos micro y macro de las reformas
En general, las reformas administrativas y no estructurales (las menos complejas y significativas) han tenido resultados positivos inmediatos (aunque algunas, como la lucha contra la corrupción, no cejan); mientras que las reformas estructurales (las más complejas y trascendentes), en su mayor parte no han mostrado efectos claros y tangibles. Esta sección se concentra en las principales reformas estructurales analizadas en la sección previa, distinguiendo entre sus efectos micro y macro. Se debe señalar que una barrera para concretar la evaluación es que no se han publicado series estadísticas sobre los resultados de las reformas, lo que debería ser una tarea de la comisión a cargo de la implementación de las mismas. Las cifras disponibles provienen de discursos de los dirigentes o de periódicos oficiales, y se dan aisladas y no siempre son consistentes (la información que sigue data de entre fines de 2012 y mediados de 2014, según los casos).
Efectos micro
Los efectos micro resumen las cifras acerca del impacto de las reformas en el número y tendencia de los protagonistas principales, en las hectáreas repartidas en usufructo, en los recortes presupuestarios en servicios sociales, en las casas vendidas, etc. Siempre que es posible se contrastan las metas con lo realmente alcanzado. Al menos que se especifique, las cifras y cálculos de esta sección proceden de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) (2013, 2014).
a) Usufructo. A mediados de 2014 se habían repartido 1.6 millones de hectáreas de tierra estatal ociosa —58% del total disponible— a 174 275 usufructuarios, de los que el 98% eran individuos (el número parece estar estancado). Entre 2007 y 2012 se cambió la distribución porcentual de la tierra cultivada entre los distintos productores (Estado, UBPC, CPA, y las más privadas CCS): el total de tierra agrícola no cultivada se redujo en 62%; mientras que la tierra estatal y en manos de las UBPC-CPA declinó, aquella en poder del sector privado y de las CCS aumentó, en este último grupo debe estar el usufructo. Lo opuesto ocurrió con la tierra cultivada. Según dos estimados, a fines de 2012, entre 33 y 54% de la tierra en usufructo no estaba aún en producción, probablemente por causa de los obstáculos analizados.
b) Despido de empleados estatales innecesarios. A fines de 2012 se había despedido a 365 000 de estos empleados, 36% de la meta oficial de un millón de despidos a fines de 2011 y 20% de la meta de 1.8 millones de despidos en 2015 (no hay cifras más recientes). Esto se ha debido a que el número de trabajos creados en el sector no estatal ha sido insuficiente para absorber a los desempleados. En todo caso, la tasa de desempleo abierto creció de 1.6% en 2008 a 3.3% en 2013, aun así ésta es la cifra más baja en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2013).
c) Cuentapropistas y cooperativistas. Entre 2006 y 2014, las ocupaciones por cuenta propia autorizadas crecieron de 157 a 218, agregándose algunas actividades cualificadas importantes, como “gestor de compra y venta de vivienda,” pero sin autorizar a los profesionales. A mediados de 2014 había un registro de 467 000 cuentapropistas, si bien, al sustraer los existentes antes de las reformas, el neto era de 314 400, o 17% de la meta de 1.8 millones en 2015. Habría que cuadriplicar el número total en año y medio para cumplir dicha meta. Del total de cuentapropistas en 2012, sólo 18% habían sido despedidos de sus puestos públicos, y el resto eran informales que probablemente han legalizado su situación, así como pensionados. Las cooperativas de producción no agrícola y de servicios comenzaron de forma experimental en 2011 con barberos, peluqueras y manicuras; en mayo de 2014 se habían autorizado 498 en múltiples campos, pero sólo operaba la mitad (Granma, 23 junio 2014). El número total de miembros de dichas cooperativas no se ha revelado, pero se reportan 5500 en las de barberos, peluqueras y manicuras (Bohemia, 6 de agosto 2013). El cuentapropismo no ha crecido como se proyectaba para absorber a los despedidos del sector estatal, mientras que el grueso de las nuevas cooperativas se aprobó en 2014 aunque la mitad no está operando, por lo que el plan de despidos está muy rezagado. Raúl Castro ha dicho que el corto tiempo transcurrido no permite todavía evaluar el resultado de estas cooperativas (Castro, 2013).
d) Gratuidades y servicios sociales. Con los recortes, los servicios sociales han disminuido su peso en el presupuesto de gastos corrientes para pasar de 55.4 a 51.1% en el período 2007-2013, en tanto que en el PIB cayeron de 33.6 a 27.3%. Mas la reducción fue dispareja: los renglones más afectados fueron la asistencia social, la vivienda y la salud, mientras
