enemigos de Estados seculares y financistas de actividades terroristas. Existe una profunda división entre la mayoría musulmana chiita y la mayoría de los Estados sunitas. Turquía ocupa una posición especial en este grupo, un candidato permanente para ser miembro de la Unión Europea y un miembro importante de la OTAN.
Hay un sexto grupo formado por Estados latinoamericanos, antiguas colonias, subdesarrolladas, desarmadas, que constantemente se quejan de que Estados Unidos no les presta atención, no comprende sus preocupaciones y no responde a las solicitudes de recursos para financiar su desarrollo. Los centroamericanos y el Caribe se distinguen de los sudamericanos por su tamaño y su gran población de inmigrantes en Estados Unidos. México, como miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pensó que había alcanzado un estatus especial, algo que no sucedió, como lo revela el persistente intento de levantar un muro en su frontera con Estados Unidos.
El séptimo grupo de “provincias”, generalmente objeto de aún menos atención y respeto por parte de la metrópoli, está compuesto por Estados africanos.
Los Estados asiáticos forman un octavo grupo (especial) de “provincias” que han tenido relativamente éxito en su desarrollo e inserción en la economía mundial. Muchos de ellos tienen vínculos particulares con el imperio estadounidense, como Corea del Sur, Filipinas e Indonesia, y tienen acuerdos militares. La creciente influencia económica y política china en la región los convierte en un objeto de atención y preocupación para Estados Unidos, pero no los elimina del estado de provincia. Catorce de los países asiáticos son vecinos de China y entre ellos hay tres poseedores de armas nucleares. India es miembro de este grupo.
La importancia de una “provincia” para el imperio varía según su proximidad e importancia en relación con los conflictos, las tensiones y las situaciones políticas regionales. Esta importancia puede crecer mucho y luego, si la situación política cambia, declinar y desaparecer.
Soberanía
La soberanía, en palabras de Alberto Fernández, presidente de la Nación Argentina, es multidimensional. El concepto se aplica a la Argentina, pero también a Brasil y a todos los países periféricos.
La soberanía, cuyo titular es el pueblo, constituye el derecho de un pueblo a organizar social, política, militar y económicamente su sociedad y su Estado de acuerdo con su historia, con sus valores, con sus objetivos, con sus aspiraciones, con sus experiencias.
El ejercicio efectivo, y no solo retórico, de la soberanía depende del potencial del país y de las vulnerabilidades de naturaleza política, económica, tecnológica, militar, ideológica, a las que está sujeta su sociedad.
El objetivo de los imperios siempre ha sido evitar el ejercicio de la soberanía por parte de sus “provincias” o limitar su “autonomía”. En el imperio, el ejercicio de la soberanía plena es exclusivo de las metrópolis y está prohibido a las “provincias”.
En el imperio americano, que se inauguró en 1945, Washington estableció reglas informales que deben ser obedecidas por los gobiernos de las “provincias”, formalmente nacionales, soberanos e iguales, miembros de las Naciones Unidas, bajo pena de castigo; reglas que, de hecho, limitan su soberanía. Estas reglas –que son flexibles, pues dependen de la ubicación geopolítica de la “provincia”, el momento político internacional, el momento nacional y el momento político del gobierno “provincial”– son las siguientes:
Tener una economía de mercado capitalista, consagrada en la legislación.
Tener una economía comercialmente abierta.
Tener una economía abierta al capital extranjero en cualquier área o actividad.
Tener un grado mínimo de intervención del Estado, como regulador y emprendedor.
Dar igual trato a las compañías de capital local y a las extranjeras.
No ejercer control sobre los medios de comunicación.
Tener un sistema político de pluralidad de partidos y elecciones periódicas.
Respetar los derechos humanos tradicionales (políticos y sociales).
No restringir la acción de las ONG extranjeras.
No celebrar acuerdos, especialmente militares, con Rusia y China, y con “provincias” en estado de rebelión.
Apoyar las iniciativas de política internacional del imperio.
Todas las técnicas de guerra híbrida (ONG, activistas, interferencia en elecciones, “agentes” externos) en la periferia del imperio se han mejorado para implementar estas reglas y derrocar a los gobiernos que se oponen a ellas.
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En ciertos momentos, debido a circunstancias políticas, económicas o sociales, el gobierno de una “provincia” emprende iniciativas que contradicen una o más de las reglas del imperio y, por lo tanto, se convierte en una “provincia rebelde”, un Estado paria, clasificado como tal por la metrópoli.
La campaña política, económica y mediática para promover el cambio de régimen, es decir, para promover un golpe de Estado para derrocar a un gobierno que Estados Unidos (el imperio) considera “hostil”, incluye el financiamiento de grupos de oposición y sanciones económicas unilaterales, y se desarrolla en varias etapas (que se superponen) de denuncia al gobierno “hostil” por los principales medios regionales y los medios mundiales, con la ayuda de la academia.
Los mecanismos del imperio para someterse al gobierno rebelde se mueven de manera coordinada y muy similar en todos los casos, en el contexto de una operación de guerra híbrida. El imperio acusa al gobierno provincial “rebelde” de ser una dictadura cruel y un gobierno corrupto, tolerar y patrocinar el narcotráfico, oprimir a su población con violencia, no cumplir con sus compromisos internacionales, sofocar la libertad de prensa, arrestar y torturar a los opositores; matar de hambre a la población más pobre, ser una amenaza militar para el imperio y para los Estados vecinos.
Las tácticas de la estrategia de control de la “provincia rebelde” y de derrocar a su gobierno (cambio de régimen) se realizan a través de quejas de ONG, difusión de estudios altamente críticos realizados por organizaciones internacionales, organización política y financiera y promoción de grupos de oposición, campaña internacional de desinformación de medios, quejas de exmiembros del gobierno rebelde provincial y sanciones económicas unilaterales (e ilegales).
Las cuatro “provincias rebeldes” más notables en este momento son Cuba, Venezuela, Irán y Corea del Norte. No representan una amenaza militar o económica para el imperio, pero son, sobre todo, un “mal ejemplo” para las otras “provincias”, cuando buscan seguir políticas de desarrollo autónomas soberanas y no subordinadas.
Esta estrategia de propaganda y cambio de régimen tiene como objetivo crear el “clima de opinión” para la aprobación de sanciones por parte del Consejo de Seguridad y finalmente obtener la autorización para la intervención “humanitaria”, lo que sería una obligación de la comunidad internacional.
Una forma de deponer al gobierno de una “provincia rebelde” es la formación de una fuerza multilateral de los países vecinos que se considerarían “amenazados” por el gobierno dictatorial y agresivo de aquella. Otra forma, hoy más utilizada por el imperio, es
