de los derechos humanos en Barranca fue, por lo tanto, determinada por las experiencias compartidas por la gente en nombre de quienes ellos hablaban y las comunidades en las que ellos vivían.
Barranca ha sido descrita como el “corazón del activismo” en Colombia.24 Aunque Colombia ha sido dominada por largo tiempo por los partidos Liberal y Conservador, así como por extensas redes clientelistas asociadas por dichos partidos, Barranca desarrolló una marca propia de inconformismo. La destacada longevidad y combatividad de los movimientos sociales de la ciudad se debe a su historia como un enclave de refinamiento de petróleo y a la generalizada identificación entre los barranqueños con la política nacionalista, obrera y antiestablecimiento.25 En las palabras de Irene Villamizar, quien ha trabajado por décadas como maestra y activista comunitaria en los barrios surorientales pobres: “Aquí este pueblo no es de los ricos”.26 Las entrevistas que llevé a cabo con líderes populares que experimentaron el cambio en dirección a los derechos humanos en Barranca durante los años ochenta revelan una relación directa entre la agitación social, la violencia política y la renovación de la protesta popular. En Barranca, los derechos humanos no fueron ni una utopía ni un simple instrumento, fueron acogidos por una diversidad de fuerzas sociales progresivas y fueron intensamente debatidos. Tampoco desplazaron la cultura de rebeldía que animaba el impulso para alcanzar el cambio.
Para comprender la represión paramilitar
Mi investigación examina la intersección del activismo de derechos humanos con el paramilitarismo y los procesos de formación del Estado. El advenimiento de los derechos humanos en los años ochenta alteró el paisaje político de la violencia en el Magdalena Medio. Las protestas realizadas por los movimientos campesinos en la región arrojaron luz sobre los patrones de conducta abusiva de las fuerzas armadas colombianas. A medida que se multiplicaron los esfuerzos para documentar y exponer los asesinatos extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la tortura, lo hicieron también las amenazas en su contra. Esta reacción tuvo lugar en el contexto de una oleada mayor de violencia de contrainsurgencia que arrasó con el campo y llegó a la ciudad para mediados de la década. En Barrancabermeja el uso de automóviles y motocicletas sin placas por asesinos que utilizaban vestimenta de civiles fue denunciado por los activistas de derechos humanos como evidencia de operaciones encubiertas que estaban siendo ejecutadas por las fuerzas de seguridad del Estado. La creación de escuadrones de la muerte paramilitares durante este período empañó la responsabilidad del Estado por las violaciones de los derechos humanos. Esta fue una continuación de la política del estado de sitio y la exclusión por otros medios, mediante la cual los mandos militares justificaron la supresión de las libertades civiles en nombre de la seguridad nacional, tal como fue el caso durante los grandes paros de los trabajadores del petróleo y los paros cívicos de los años setenta. El Ejército y la Policía se mantuvieron inquietos respecto al orden público en Barrancabermeja y sus zonas circundantes, pero la principal razón de los asesinatos fue la mayoría de las veces velada. Los activistas de derechos humanos denunciaron estas contradicciones. En su informe de 2005 sobre Barrancabermeja, el Banco de Datos de Violencia Política escribe: “La filosofía de la estrategia paramilitar es salvar las apariencias y confundir, es decir, pretender que el Estado no aparezca como autor de todos estos crímenes sino que los hechos sucios de violencia queden en la incertidumbre de si los hicieron agentes del Estado o lo que han dado en llamar las fuerzas oscuras”.27
Los grupos paramilitares se refieren a una serie variada y global de fenómenos históricos. Mejor conocidas para los historiadores de Europa en el siglo XX son las milicias paramilitares vinculadas a los movimientos políticos, como el Sturmabteilung o SA, asociada con el Partido Nazi en Alemania.28 Los paramilitares vinculados a fuerzas de seguridad del Estado más que a movimientos políticos incluyeron una diversidad de grupos legales, tales como el Special Task Force en Sri Lanka, y grupos ilegales, como los Tigres de Arkan en Serbia. Académicos y activistas preocupados con la violencia política en América Latina han escrito ampliamente acerca de los grupos paramilitares legales e ilegales dedicados a la contrainsurgencia. Grupos legales han sido formados bajo la supervisión del Estado en El Salvador (Organización Democrática Nacionalista) y en Guatemala (Patrullas de Autodefensa Civil), así como en Colombia (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada).29 Grupos ilegales han incluido a los llamados ‘escuadrones de la muerte’ que operan dentro de la estructura militar en Chile (Caravana de la Muerte), en Argentina (Alianza Anticomunista Argentina) y en Perú (Grupo Colina), al igual que en Colombia (Alianza Americana Anticomunista).30 Grupos ilegales capaces de llevar a cabo operaciones militares a gran escala también han sido establecidos en tiempos de guerra, notoriamente en Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia).
Los primeros grupos paramilitares modernos colombianos fueron creados por las autoridades regionales en los años cincuenta durante La Violencia y estaban aliados o bien con el Partido Conservador o con el Partido Liberal. Durante el intervalo entre La Violencia y el período más reciente de conflicto armado, continuaron existiendo grupos tales como los contrachusmas, aliados con el Partido Conservador y que efectuaban operaciones de limpieza política, así como asesinatos por venganza.31 La segunda oleada de grupos paramilitares colombianos apareció en los años setenta como ‘escuadrones de la muerte’ organizados por los militares colombianos.32 Estos eran pequeñas unidades dedicadas primordialmente a la tortura y a la ejecución extrajudicial. La siguiente oleada de grupos paramilitares apareció a principios de los años ochenta fundados por traficantes de drogas y élites rurales en el sur del Magdalena Medio. Grupos como Muerte a Secuestradores y otros similares respaldados por Pablo Escobar estaban integrados por cientos de hombres en armas, incluyendo a soldados en servicio activo.
Las organizaciones paramilitares presentes en la región del Magdalena Medio cumplen dos propósitos estrechamente interrelacionados: la contrainsurgencia y el tráfico de drogas. Han tratado de lograr estas metas gemelas atacando a individuos y comunidades bajo la sospecha de ayudar y simpatizar con las guerrillas, así como otros que eran percibidos como opositores a sus intereses en una región dada. Con el fin de hacer avanzar sus metas, los grupos paramilitares han practicado por largo tiempo varios medios de control político, económico y social violento. Ejemplos de ataques paramilitares incluyen asesinatos individuales y masivos, al igual que amenazas de muerte, torturas, desplazamiento forzoso y desaparición, a menudo dirigidos contra activistas de los movimientos sociales y líderes comunitarios, incluyendo a funcionarios, clérigos y maestros, entre otros. Desde los años ochenta, los líderes paramilitares en la región han encontrado aliados dispuestos entre los mandos militares que comparten su aversión a las guerrillas. Los grupos paramilitares que trabajaban con los militares competían con las guerrillas por el control del territorio y las rutas de tráfico comercial usadas para fines legales e ilegales, incluyendo, pero sin limitarse, a la producción y a la exportación de cocaína. Sin embargo, los paramilitares y las guerrillas solo en raras ocasiones se enfrentaron en combate abierto. En lugar de ello, el conflicto entre los paramilitares y las fuerzas guerrilleras tuvo como resultado una oleada de víctimas civiles. Investigadores del gobierno colombiano han calculado que el 81 % de los 220 000 muertos en el conflicto armado de Colombia entre 1958 y 2012 fueron civiles. De los pocos soldados, paramilitares y guerrilleros que han muerto, la mayoría fueron asesinados fuera de combate.33
Históricamente, el estado legal de los grupos paramilitares ha sido ambiguo. En 1987, el manual militar colombiano Reglamentos para el combate de contrainsurgencia alentaba a organizar unidades paramilitares o “comités de autodefensa”.34 Ese mismo año, el periódico El Tiempo contabilizó ocho grupos paramilitares que afirmaban tener una presencia nacional, así como más de cien ejemplos regionales, incluyendo nueve en el Magdalena Medio.35 En 1989, el gobierno colombiano declaró ilegales a todos los grupos paramilitares, pero, para ese entonces, ya era demasiado tarde para recuperar el poder cedido a terceros en la lucha de contrainsurgencia.36 En 1994, el gobierno del presidente César Gaviria usó su poder y declaró la emergencia
