Orígenes sociales de los derechos humanos. Luis van Isschot
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Los académicos colombianos han desarrollado diversas maneras de categorizar a los paramilitares dependiendo de sus historias específicas, fuentes de financiamiento, estructura de comando, ideología, relación con el Estado o nivel de influencia.38 El caso de Barrancabermeja demuestra la importancia de distinguir entre los grupos paramilitares, por un lado, y las acciones paramilitares llevadas a cabo directamente por fuerzas de seguridad del Estado, por el otro.39 De hecho, las fuerzas de seguridad del Estado usaron tácticas paramilitares en Barrancabermeja y el Magdalena Medio de manera más flagrante que en regiones del país donde los líderes de las AUC proclamaron su autonomía. En decenas de denuncias publicadas por grupos de derechos humanos en Barranca, quienes perpetraron actos de violencia e intimidación son mencionados como presuntos paramilitares. La razón de esto es sencilla. En la mayoría de los casos, los autores no se ponen en evidencia. Incluso cuando supuestos grupos de ‘autodefensa’, como el MAS o las AUC, asumen la responsabilidad de sus actos, los defensores de derechos humanos en Barrancabermeja tienen sumo cuidado de creer lo que ellos dicen. Hacerlo sería aceptar una coartada a la violencia patrocinada por el Estado. El paramilitarismo en Colombia ha sido asociado correctamente con operaciones de contrainsurgencia en zonas rurales de frontera donde la presencia del gobierno civil y los movimientos sociales ha sido históricamente débil.40 El impulso inicial de organizar grupos paramilitares en el Magdalena Medio provino de los vínculos de la contrainsurgencia de traficantes de drogas, terratenientes y comandos de las fuerzas armadas.41 El punto más importante en términos de la distinción en Barranca es, sin embargo, el alcance hasta el cual las fuerzas de seguridad nacional llevaron a cabo directamente ataques clandestinos sobre objetivos no militares en un esfuerzo por suprimir los movimientos sociales fuertes en la ciudad. Desde los años ochenta, los trabajadores de derechos humanos urbanos han prestado una atención importante a las operaciones encubiertas por las fuerzas de seguridad. Tal como se verá, dichas operaciones incluyeron una red secreta de asesinos empleada por la Armada colombiana en los años noventa. No fue sino hasta finales del año 2001 que las autollamadas autodefensas llegaron a proclamar tener una presencia permanente en Barranca.
Fuente: elaborado por John Harmon.
Un nuevo paradigma de protesta social
Los ‘derechos humanos’ son históricamente ideas, prácticas y normas contingentes derivadas de experiencias vividas de autoritarismo, guerra, pobreza y exclusión. Este estudio se enfoca primero y principalmente en los derechos como un paradigma de protesta. He centrado mi atención en el repertorio de acciones usadas por activistas de derechos humanos en Barrancabermeja. Las fuerzas específicas de resistencia organizada a la violencia política surgida en los años ochenta en Barrancabermeja representaron un cambio significativo en cuanto al énfasis para los movimientos populares locales que se habían unido alrededor de reclamos en pro de la justicia social. En ese tiempo, los activistas colombianos llamaron la atención sobre la violencia estatal endémica y modificaron las conversaciones sobre Colombia en las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y dentro de círculos políticos en Washington, D.C., de la “guerra contra las drogas” a los derechos humanos.42 Este giro fue facilitado por la participación de los activistas colombianos en redes no gubernamentales transnacionales ya establecidas.43 De esta manera, la historia de Barrancabermeja está estrechamente relacionada con los movimientos globales en pro de los derechos humanos que aunaron su voz en toda América Latina durante finales de la Guerra Fría. No obstante, el modus operandi de la movilización popular con respecto a los asuntos locales siguió dominando a la capital petrolera de Colombia, desafiando la noción de que los activistas de derechos humanos eran principalmente de orientación transnacional. A diferencia de los abogados que trabajaban en Bogotá, los defensores de derechos humanos con sede en Barranca estaban profundamente involucrados en procesos locales de transformación, incluyendo la política local y el desarrollo económico de base comunitaria. Incluso cuando los activistas en Barranca participaron en debates nacionales y transnacionales en cuanto al impacto del conflicto colombiano sobre las poblaciones civiles y la guerra de las drogas patrocinada por Estados Unidos, los proyectos previos en busca del cambio social continuaron, al igual que lo hicieron las modalidades más importantes de protesta popular, incluyendo la organización de paros cívicos. Tal como se verá, los activistas de los movimientos sociales en Barrancabermeja estaban involucrados en una política de múltiples escalas. Ellos posicionaron al fuerte movimiento cívico de la ciudad dentro de procesos más amplios. Los activistas de derechos humanos en Barranca en los años ochenta estaban inmersos en una lucha para proteger físicamente a la población civil. Al mismo tiempo, se hicieron intentos de vincular este urgente propósito a un análisis de la economía política de la ciudad y la región circundante.
En esta obra se presenta un estudio detallado del movimiento de los derechos humanos comunitario. Apoyado en el trabajo de académicos colombianos que privilegian las fuentes locales, puedo demostrar las maneras en que los derechos humanos se producen socialmente.44 El activismo académico sobre la violencia y los derechos humanos en Colombia data del período inmediatamente posterior a La Violencia. Generaciones de científicos sociales e historiadores han sido llamadas a servir para tratar de explicar los devastadores y extraordinariamente complejos ciclos de conflicto social y político del país. Publicado en 1962 por investigadores afiliados a la Universidad Nacional, La violencia en Colombia fue el primer estudio integral del fenómeno de la violencia y sigue siendo un texto fundamental para el movimiento de los derechos humanos en este país.45 A principios de los años sesenta, cuando los académicos colombianos comenzaron a ver las complejidades de la violencia política, emplearon nuevos métodos de investigación que desafiaron la narrativa oficial de una guerra civil en la que se enfrentaron los conservadores contra los liberales. Los detalles obtenidos mediante grabaciones a nivel de parroquias en este estudio demuestran la importancia del conocimiento local para entender la violencia y los derechos humanos. La mayoría de los análisis más incisivos de la violencia en Colombia en los años siguientes provendrían de organizaciones no gubernamentales, como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, cuya primera obra, El libro negro de la represión, se publicó en 1974.46 El Centro de Investigación y Educación Popular en Bogotá y el Instituto Popular de Capacitación en Medellín, así como otros, seguirían produciendo importantes estudios críticos de derechos humanos. Uno de los textos más significativos publicados durante los cada vez más violentos años ochenta fue la obra comisionada por el gobierno Colombia: violencia y democracia. Publicada en 1987 bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, este informe analizó no solo el conflicto armado entre el Estado y las guerrillas, sino las experiencias diarias de violencia de millones de colombianos comunes y corrientes.47 Otro estudio emblemático publicado por una comisión financiada por el gobierno fue Pacificar la paz: lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz, publicado en 1992.48 Entre el año 2005 y 2012, el Grupo de Memoria Histórica publicó docenas de casos de estudio detallados, así como un reporte final titulado ¡Basta ya! Cabe destacar que los investigadores del Grupo de Memoria Histórica hicieron amplio uso de los registros creados por organizaciones no gubernamentales. Desde que se creó en 2011, el Centro Nacional de Memoria Histórica