así como en entrevistas con las víctimas. Todos estos son esfuerzos académicos para entender el conflicto colombiano a través del vector de los derechos humanos.
Durante un período de casi veinte años, comenzando a finales de los años ochenta, la atención de los activistas de los movimientos sociales en Barrancabermeja y en toda Colombia fue la defensa de los derechos humanos básicos, definida principalmente, pero no únicamente, en términos del derecho a no ser víctima del abuso y la violencia.49 El activismo de derechos humanos fue una respuesta directa a la escalada de represión política, particularmente a los abusos cometidos por los agentes de seguridad estatal y sus aliados paramilitares en contra de la población civil. La adopción del discurso de derechos humanos por parte de los activistas en Barrancabermeja y en el resto de Colombia marcó el rumbo para la siguiente generación. Los activistas aprenderían a realizar investigaciones en el terreno, a escribir informes, a formular ‘acciones urgentes’, apelaciones, y a emprender el trabajo de abogacía transnacional. La continua movilización de protestas en las calles a favor de los derechos humanos constituyó un vínculo fundamental con la larga historia de protesta popular en Barranca. Gracias a estos esfuerzos, los derechos humanos se convertirían en una importante herramienta para comprender el conflicto colombiano y en una base sobre la cual se disputaría el cambio político. Para 1988, los derechos humanos eran la principal razón de la protesta social en Colombia.50 Entre 1989 y 1994 la cifra de organizaciones de derechos humanos en Colombia se cuadruplicó.51
La expansión del activismo de derechos humanos en toda Colombia engendró importantes debates acerca de las posibilidades y limitaciones de este nuevo paradigma. Varios académicos internacionales han documentado los desacuerdos surgidos entre los activistas colombianos con respecto al significado de derechos humanos. La primera monografía de un académico internacional sobre derechos humanos en Colombia es el libro de la antropóloga Winifred Tate, publicado en 2007.52 La investigación pionera de Tate da una mirada histórica a los discursos de derechos humanos y a las tácticas empleadas por los activistas, así como por los gobiernos, los sistemas judiciales y las fuerzas armadas. Según Tate, cuando los derechos humanos comenzaron a hacer parte del lenguaje de la protesta en Colombia en los años ochenta, los activistas sociales asediados buscaron nombrar las fuentes, los tipos y los impactos de la violencia política a la cual estaban siendo expuestos: “Confrontados con el complejo panorama de la violencia colombiana, los activistas comenzaron a utilizar el marco de los derechos humanos para clasificar los homicidios violentos que anteriormente habían sido considerados violencia partidista o parte de campañas de insurgencia y contrainsurgencia”.53 Al mismo tiempo, afirma Tate, a los activistas colombianos les preocupaba que los derechos humanos representaran una clase de traición a la lucha de clases. El libro de la antropóloga Lesley Gill, publicado en 2016, se centra en las especificidades del caso de Barrancabermeja. Gill observa que la adopción de los derechos humanos por los activistas de Barranca representó para algunos un alejamiento errado de la tradición de radicalismo popular de la ciudad. Más agudamente, ella argumenta que “el activismo de derechos humanos no podría ocuparse de la marginalización económica y la fragmentación social que se profundizó bajo el neoliberalismo”.54 En una entrevista realizada en 2016, Gill afirmó, sencillamente, que “el discurso de los derechos humanos habla de la derrota de la izquierda”.55 Yo afirmo en cambio que los activistas de derechos humanos en Barrancabermeja no se alejaron de las tradiciones anteriores. Los individuos y organizaciones que se unieron a las protestas de derechos humanos en Barranca durante los años ochenta lo hicieron con el fin de defender una diversidad de metas de justicia social y lidiaron con las diferencias políticas e ideológicas, que a menudo fueron exacerbadas por la violencia patrocinada por el Estado. El activismo de derechos humanos no se consideró un sustituto de la justicia social, ni fue concebido como tal. La fragmentación y el debilitamiento del poderoso movimiento cívico popular de la ciudad ocurrieron como resultado de un largo y sostenido período de represión violenta emprendido en nombre de la contrainsurgencia en el cual miles de civiles fueron asesinados.
La presente investigación, publicada inicialmente en el año 2010 como una tesis doctoral y en 2015 como un libro, escrito en inglés, trata de mostrar cómo se desenvolvieron los procesos del movimiento social y formación del Estado en Barrancabermeja en el transcurso del siglo XX. Emprendí este proyecto en el año 2003, en una época de cambio catastrófico en la historia de Barrancabermeja durante la cual los activistas estaban tratando de lograr un acuerdo sobre la reciente toma paramilitar de la ciudad. Yo traté de comprender las condiciones históricas que dieron origen a los derechos humanos a nivel local, porque hasta aquí la historia de los derechos humanos había sido dominada por investigadores de relaciones internacionales. Estas redes de activistas transnacionales que fueron el centro de atención en el trabajo influyente de Margaret Keck y Kathryn Sikkink, Activistas sin fronteras: redes de defensa en política internacional, están, de hecho, compuestas de tres niveles de interacción entre los activistas individuales y los grupos.56 A nivel transnacional, las ONG internacionales bien financiadas trabajan en colaboración con grupos comunitarios vinculados a comunidades religiosas progresistas, comités integrados por refugiados de regiones afectadas por la violencia, sindicalistas, gobiernos y organizaciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos. Keck y Sikkink se interesan principalmente en el trabajo de derechos humanos que tiene lugar a este nivel, enfocándose en la capacidad de las redes transnacionales de afectar las relaciones entre los Estados. A nivel nacional, en cambio, Winifred Tate ha examinado las actividades y culturas de las redes de activismo de derechos humanos en Colombia y sus interacciones con las autoridades civiles y militares. Tate ha expandido en forma significativa el modelo propuesto por Keck y Sikkink con el fin de observar las acciones emprendidas por organizaciones no gubernamentales nacionales para impactar la conducta del gobierno colombiano, las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos armados no estatales. En tercer lugar, se encuentra el nivel menos examinado. En este texto se procura observar el alcance y el impacto de las acciones emprendidas por las redes de activistas de derechos humanos a nivel local. Mi enfoque sociohistórico complementa y, a la vez, desafía el trabajo de los académicos que recuentan la historia de los derechos humanos principalmente desde el punto de vista de abogados y legisladores.
En la segunda mitad del siglo XX, los movimientos sociales han impulsado nociones diversas y críticas de derechos humanos a pesar de todas las adversidades. Tal como lo observa Boaventura de Sousa Santos:
En el mundo entero, millones de personas y miles de organizaciones no gubernamentales han estado luchando por los derechos humanos, a menudo corriendo grandes riesgos, en defensa de las clases sociales oprimidas y de los grupos que en muchos casos han sido victimizados por Estados capitalistas autoritarios […] La tarea central de la política emancipatoria de nuestro tiempo, en este campo, consiste en transformar la conceptualización y la práctica de los derechos humanos de un localismo globalizado a una lucha cosmopolita.57
Como lo sugiere De Sousa Santos, ¿es posible tal tipo de transformación? ¿Pueden los movimientos de derechos humanos constituir una forma de globalización progresiva desde abajo? Upendra Baxi nos recuerda que la historia de los movimientos de derechos humanos contemporáneos son “crónicas de contingencia” que deben ser comprendidas dentro de sus contextos locales específicos.58 Él afirma que debemos desarrollar una “teoría social de los derechos humanos” que pueda dar cuenta de la diversidad de respuestas populares a la represión y el sufrimiento. El antropólogo Richard A. Wilson ha llevado este imperativo metodológico más lejos al defender una etnografía de los derechos. Él escribe: “Estudiar la ‘vida social de los derechos humanos’ implicaría centrarse, entre otras cosas, en las dimensiones performativas de los derechos humanos, las dinámicas de la movilización social y los cambios de actitud de los actores sociales de las élites y de los ciudadanos comunes y corrientes con respecto a las formulaciones de ‘derechos’ y ‘justicia’, tanto dentro como fuera del proceso legal”.59 Una manera de emprender este importante proyecto es contar la historia de los derechos humanos desde la perspectiva de activistas de primera línea que buscan confrontar la violencia por medio de la acción directa más que desde la perspectiva
