«aquí» puede ser reparado mediante prácticas sostenibles «allá», con la una naturaleza subordinada a la otra. Se produce entonces una doble valoración de la naturaleza: una por su uso y otra por su reparación. De esta manera, el daño infringido a la naturaleza por el crecimiento económico y el uso insostenible de los recursos da lugar al florecimiento de una nueva economía: la economía de la mitigación o reparación. Así, argumentan los promotores de esta nueva economía, la naturaleza adquiere su valor verdadero[14]. Entonces, es la reparación de una naturaleza estropeada y los esfuerzos por poner un precio a los lados negativos del crecimiento que ha dado origen y acentuado el valor de mercancías como el carbono, los agrocombustibles y una serie de compensaciones ambientales de todo tipo que tienen que ver con la biodiversidad, las especies o el clima [véase el epígrafe «Equivalencia ecológica: la mitigación compensatoria», en pp. 180-186].
Es alrededor de esta estrategia que se ha ido construyendo un concepto de escasez, indispensable para el funcionamiento de los mercados, y al que N. Smith lo denomina la «destrucción natural permitida» (2007: 2). Esta idea de destrucción o deterioro ha permitido al capitalismo verde descubrir un nuevo mecanismo de acumulación cuyos principios son claros. El primero, aquel de la equivalencia y compensación asume que un deterioro ambiental en un sitio puede ser compensado por medidas de mitigación en otro y, el segundo, un corolario del anterior, el derecho a seguir contaminado o afectando los ecosistemas mientras se produzca una compensación «equivalente». Bajo este discurso de la naturaleza como un mercado proveedor de servicios aparecen los mercados financieros [véase el epígrafe «La financiarización de la naturaleza», en pp. 187-191] como mecanismo de apertura de nuevos espacios de inversión, comercio y especulación que se requiere para operacionalizar las oportunidades de acumulación que ofrecen la crisis ambiental y el discurso de conservación de la naturaleza (Sullivan, 2013). Lo importante y significativo ya no es la preocupación por la naturaleza, sino los aspectos de ella que pueden ser facturables. El mercado del carbono, o lo que llama Lohmann «el comercio climático basado en un modelo de una mercancía molecular» (2012b: 35) es quizá la más nítida expresión de la «continua dominación ideológica del neoliberalismo, la continua dominación geopolítica de Estados Unidos, la creciente financiarización y el imperativo de excedentes de capital en un momento de retornos decepcionantes de la inversión tradicional». De esta manera, el objetivo de mitigar el calentamiento global ha sido gradualmente transformado en un mecanismo de comercio, las potenciales sanciones por incumplimiento de compromisos adquiridos se transforman en premios y todo un sistema jurídico internacional en un mercado (Lohmann, 2012b: 35). Como acertadamente señala Castree,
tiene un buen sentido comercial para las empresas capitalistas externalizar los costos de producción y por consiguiente ser «ecológicamente irracionales» a menos que la preservación y conservación de la naturaleza pueda convertirse en ganancias (2008: 145).
La gobernanza verde
Dos puntualizaciones como preámbulo a la discusión sobre el tema de la gobernanza ambiental. M. Foucault, en su análisis del neoliberalismo (2008), señala que el establecimiento de un mercado libre sostenible y amplio requiere una persistente intervención y regulación gubernamental. A lo largo de sus etapas iniciales, durante la década de los ochenta, la ideología neoliberal dio por sentado que la operación espontánea de las fuerzas del mercado era suficiente para cubrir las necesidades de regulación a medida que la intervención gubernamental se retraía. De ahí la idea ampliamente aceptada de equiparar neoliberalismo, globalización y reducción del Estado. Sin embargo, la experiencia ha demostrado lo contrario: los Estados nacionales han pasado a convertirse en actores dinamazadores del proceso de globalizaicón, lo que implica su reestructuración y reorganización, antes que su erosión y debilitamiento (Peck, 2004: 394). De ahí, como señala Fletcher (2010), el neoliberalismo no es un fenómeno natural que puede sobrevivir por sí mismo, sino que se trata de un constructo artificial que tiene que ser creado activamente y constantemente, mantenido a través de distintas formas de gobernanza, o como sostiene Foucault, «el neoliberalismo no debe ser identificado con el laissez-faire, sino con vigilancia permanente, actividad e intervención» (Foucault, 2008).
La segunda puntualización tiene que ver con el papel del Estado en esta intervención. Esta no ocurre a través de los mecanismos de mercado en sí, sino a través de las condiciones de mercado, no se trata de una intervención en el juego, sino en las reglas de juego (Foucault, 2008: 174). En otras palabras, el Estado debe establecer los parámetros del mercado, monitorear sus resultados y consecuentemente ajustar estos parámetros para alcanzar resultados óptimos. Por lo tanto, la intervención del Estado puede tomar dos formas a las que Foucault llama «acciones regulatorias» y «acciones organizativas», respectivamente. El objetivo fundamental de las acciones regulatorias es garantizar la estabilización de precios a través de políticas macroeconómicas y monetarias. Por el contrario, las acciones de organización operan sobre las condiciones en las cuales opera el mercado: el sistema legal, el estado de la tecnología, la educación de la población y otros. Mientras las acciones regulatorias son pocas, las acciones organizativas implican una intervención directa del gobierno. De ahí que Foucault describe el neoliberalismo como una «prescripción de un mínimo de intervencionismo económico y un máximo de intervencionismo legal» (p. 167). Es en este segundo ámbito que opera la gobernanza ambiental.
Los cambios en las regulaciones de las relaciones entre naturaleza y sociedad tienen lugar en el contexto de nuevas formas de gobernanza que empezaron a emerger ya en la década de los noventa, de manera particular al alrededor del establecimiento y consolidación de instituciones supranacionales diseñadas para negociar los compromisos de los Estados frente a los problemas ambientales globales. Se buscaban nuevas formas de regular las inversiones ambientales internacionales y los flujos transfronterizos de recursos naturales, incluidos la información genética y el conocimiento acerca de la naturaleza (McAfee, 1999). Un proceso de construcción de alianzas entre fuerzas capitalistas, actores de la sociedad civil y una variedad de Estados fueron realineando sus intereses en correspondencia con las bases ideológicas y materiales del nuevo orden hegemónico neoliberal. La emergencia de una nueva forma de gobernanza significó una nueva fase en el proceso de reestructurar un orden global en el que fuerzas hegemónicas globales convergen hacia un modelo que favorece un sistema de gobernanza amigable a los negocios, orientado al mercado y la desregulación (Falkner, 2003). La interpretación de la idea de desarrollo sostenible por parte de las elites empresariales empezó a tomar forma alrededor de la idea según la cual, en ausencia de interferencias, los mercados tienen la capacidad de autorregularse y, por consiguiente, una adecuada gobernanza ambiental emerge como el resultado natural del correcto funcionamiento del mercado. Únicamente en casos especiales es requerida la intervención del Estado. En circunstancias normales, las empresas incorporarán consideraciones ambientales en sus actividades en función de los valores y preferencias de los consumidores, permitiendo a los mecanismos de precios determinar el nivel óptimo de inversión en la protección del ambiente. Las normas ISO 14000 (Falkner, 2003), la adherencia voluntaria a esquemas de «etiquetado verde» (Guthman, 2008), las llamadas prácticas ecoambientales corporativas o el consumo ético (Carrier, 2011) son algunos ejemplos de autorregulación ambiental del sector de negocios en su esfuerzo por asimilar y aprovechar el discurso sobre la sostenibilidad.
Esta nueva modalidad de gobernanza sugiere el desplazamiento de modelos de gobernanza «Estado-céntricos» hacia nuevas formas de autoridad localizadas en la periferia de las estructuras estatales. El desplazamiento tiene lugar mediante un fenómeno al que G. Fontaine (2015: 62) califica de un «triple descentramiento: hacia arriba, hacia abajo y hacia fuera». Antes de entrar a analizar las particularidades de este proceso es necesario aclarar que la percepción generalizada de un debilitamiento del Estado como resultado de este descentramiento es parcialmente cierta. La emergencia de instituciones transnacionales, incluidos los acuerdos multilaterales tiende a ser vista como un fenómeno de debilitamiento del Estado en el marco del fenómeno de globalización. Sin embargo, antes que un proceso de erosión y contracción, estas nuevas formas de gobernanza deben ser vistas más bien como la expresión del proceso continuo de restructuración y reorganización de las capacidades del Estado al que nos referimos
