señalamos anteriormente, los mercados, ya sean privatizados o desregulados, requieren ser gestionados y monitoreados y, lo que es más importante, los mercados nunca han ocurrido ni ocurren de manera espontánea y autorregulable. No se trata de una condición genérica de «más mercado, menos Estado», sino la aparición de nuevas formas cualitativas en las relaciones entre Estado y mercado (Peck, 2004). Así, la vigencia de los acuerdos multilaterales, los regímenes voluntarios de normas y estándares y hasta la presencia de las ONG transnacionales, adquiere legitimidad y gana fuerza porque son adoptados y favorecidos por el Estado (Falkner, 2003). Resulta evidente que los gobiernos de los países en desarrollo tienden a ser marginados de los procesos de toma de decisiones por su escasa capacidad para influenciar o resistir poderosos intereses transnacionales. Ellos simplemente carecen de los recursos indispensables para participar en el juego neoliberal de una manera efectiva. Esto no significa que ellos no sean capaces de hacerlo, sino que la cancha esta inclinada en contra de ellos (Igoe y Brockington, 2007).
Retomando las formas de descentramiento del Estado identificadas por Fontaine (2015), señalamos una primera tendencia «hacia arriba» con la conformación de espacios supranacionales y la aparición de nuevas estructuras de gobernanza ecoeconómica que empezaron a emerger alrededor de los tratados multilaterales, en particular, la Convención Marco sobre el Cambio Climático, la Convención sobre la Diversidad Biológica y el Fondo Mundial para el Ambiente, entre otras. Es alrededor de estos instrumentos que va creándose una coalición de instituciones multilaterales, en particular las agencias de Naciones Unidas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA]), las agencias bilaterales de desarrollo, organizaciones ambientalistas transnacionales que cada vez más reclaman mandatos globales e intereses corporativos; todas trabajando en estrecha relación con el Banco Mundial. Se va conformando de esta manera una densa red de actores, ideas y dinero para dar lugar a estructuras de gobernanza ecoeconómica; espacios apropiados para la producción de un discurso ambiental global. En este discurso la voz dominante es la versión neoliberal de la economía ambiental aplicada a escala global, que proclama el interés común de la humanidad en mitigar la degradación ecológica planetaria bajo la premisa de que los problemas ambientales globales pueden ser manejados sin confrontar las consecuencias ambientales y de desigualdad del orden económico existente.
Esta gestión multilateral y descentralizada de los problemas ambientales globales ha sido calificada como la expresión del discurso de la «gubernamentalidad verde» (Fletcher, 2010; Hajer, 2002; Bäckstrand y Lövbrand, 2007). En contraposición a las concepciones tradicionales de gobierno que asumen la posibilidad de regular un comportamiento racional del ser humano hacia ciertos objetivos, gubernamentalidad[15] implica una multiplicidad de autoridades y mecanismos disciplinarios que juntos promueven y restringen las posibilidades de las identidades individuales y colectivas (Bäckstrand y Lövbrand, 2007; Oels, 2005; Hajer, 2002). La interpretación verde de gubernamentalidad extiende esta supuesta optimización de la vida al planeta entero y a la misma biosfera en la que viven los seres humanos. En nombre del desarrollo sostenible y del manejo del riesgo ambiental, un nuevo conjunto de realidades y ecoconocimientos se han desarrollado con el fin de hacer factible la administración humana de la naturaleza y un manejo integral de sus recursos (Oels, 2005). El concepto de gubernamentalidad verde encarna, entonces, una forma global de poder ligada al Estado moderno, a la megaciencia y la comunidad de negocios e implica la administración de la vida misma, de las poblaciones y del entorno natural.
El papel de los expertos en la gubernamentalidad verde es preciso destacar. Un elemento decisivo en la emergencia de esta nueva forma de gobernanza fue la conceptualización de los problemas ambientales locales como problemas globales[16]. A partir de la década de los noventa los debates ambientales empezaron a focalizarse alrededor de problemas objeto de una menor percepción sensorial directa o de una menor comprensión de sentido común (destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida, calentamiento global) en comparación con problemas más de carácter local como la contaminación, la acumulación de residuos o la erosión que hasta entonces habían sido el centro de atención de las sociedades (Hajer, 2002). Evidentemente, los nuevos megaproblemas son diferentes en términos de escala, tiempo y técnicas de control; su nivel de análisis es la biosfera global y las perspectivas de materialización se sitúan en el largo plazo. Todo esto determina que su comprensión deje de ser la experiencia directa de los seres humanos para convertirse en un asunto de especulaciones y extrapolaciones científicas complejas que requieren un alto nivel de sofisticación y costosas herramientas (supercomputadoras) de análisis. Se crea así un espacio para que un limitado grupo de expertos sean quienes definen los problemas claves, quienes evalúan la urgencia de un problema respecto a otros posibles problemas y quienes implícitamente conceptualizan las soluciones de los problemas que ellos definen (p. 10). En otras palabras, las políticas y estrategias en torno a los problemas ambientales pasan a otro nivel. Los profanos, que dependen únicamente de sus percepciones sensoriales y de la experiencia diaria son totalmente descalificados. Esta descalificación afecta también a especialistas en otros campos de las ciencias naturales, políticos, científicos sociales, filósofos quienes ven sus conocimientos devaluados frente a la complejidad de los problemas que enfrenta la humanidad (p. 12).
Esto tiene dos implicaciones. Primero, que las decisiones sobre los problemas ambientales requieren una confianza sin precedentes en los expertos y en las elites políticas (Hulme, 2009; Pielke, 2010; Jasanoff y Wynne, 1998), confianza actualmente debilitada por controversias científicas y la indecisión política. Segundo, la atención en los problemas globales margina otras preocupaciones ambientales que afectan a muchas personas o a sistemas ecológicos de una manera más directa. Esto es evidente en las políticas que afectan al cambio climático, enfocadas sobre todo a acciones de mitigación, una estrategia con repercusiones globales, en detrimento de las acciones de vulnerabilidad que atañen a problemas localizados en sus causas, consecuencias sociales e implicaciones ambientales. En este contexto, la gubernamentalidad verde puede ser vista como un discurso «desde arriba» que deja al margen visiones alternativas del mundo natural. A través de una poderosa y desconectada visión global, la naturaleza es concebida como una infraestructura terrestre sujeta a la protección, manejo y dominio del Estado. Los procesos movidos por el conocimiento científico, basados en la soberanía reconocida de las convenciones globales, son bajo este discurso enmarcados como un proyecto instrumental y tecnocrático inmerso en un lenguaje de expertos y en narrativas apocalípticas que favorecen a las elites políticas y de investigación.
Paralelamente, o más bien como aliado de la megaciencia en su función decisiva en la consolidación de nuevas formas de gobernanza, aparecen las grandes organizaciones ambientalistas en alianza con el capital transnacional. Las raíces del sorprendente crecimiento e influencia de estas ONG en la arena ambientalista global hay que encontrarlas ya en los programas de ajuste estructural impuestos por las agencias multilaterales de financiación a los países en desarrollo a partir de la década de los ochenta. Estos programas condujeron a una reducción de la inversión del Estado (la protección a largo plazo de la naturaleza, uno de los rubros afectados), recortes que evidentemente favorecieron a la creación de un espacio para estas organizaciones al asumir una destacada responsabilidad en el manejo de programas ambientales. Se trata de las llamadas ONG transnacionales (Ford, 2003) o BINGO (Big Non-Governmental Organizations)[17]. A lo largo de la década de los noventa, estas organizaciones se expandieron rápidamente en tamaño y presupuesto, y pasaron de centros de producción de conocimiento y consulta a convertirse en grandes burocracias en levantamiento de fondos e implementación de proyectos (MacDonald, 2011). Las organizaciones buscaban desarrollar mecanismos a través de los cuales la conservación de la biodiversidad podía pagarse ella misma bajo la idea de una naturaleza concebida como un capital natural. Bajo la influencia de un entorno crecientemente gobernado por la institución global del neoliberalismo, estas organizaciones, trabajando alrededor de la conservación buscaban, directa o indirectamente, convertir el valor de uso de la naturaleza en valor de cambio a través de un sinnúmero de proyectos en pequeñas comunidades alrededor del mundo. Se trataba de instrumentalizar la conservación para la acumulación del capital como un vehículo a través del cual los intereses del capital podían ganar acceso a sitios de la naturaleza como un capital natural.
