por debajo de esta (Drzewieniecki, 2004). De alguna u otra manera, estas prácticas discriminatorias datan de clasificaciones de origen colonial (Callirgos, 1993) que subsisten en esferas que desean marcar su diferencia a como dé lugar mediante conductas que privilegian al blanco (Balcázar et al., 2011). Aún más, Kogan (2012) propone el término «heterofobia» (miedo al diferente) para describir estas situaciones. En conclusión, pese a que el país es étnicamente diverso por naturaleza, existen prejuicios y estereotipos que devienen en discriminación y, con ello, en la actitud de excluir entre peruanos.
Los Perúes de las lenguas maternas
¿Cómo estas diferencias tienen su correlato en cuanto a la lengua materna? De acuerdo con el INEI (2018a), 23,1 millones hablan castellano, 3,7 millones emplean el quechua, 450.000 usan el aimara como lengua materna y 400.000 se comunican con sus lenguas nativas en la selva amazónica. Para ser más exactos, en el Perú existen 47 diferentes lenguas originarias vigentes, y otras 37 lenguas originarias fueron extintas (Minedu, 2017). ¿Cuán bueno o malo es manifestar que la lengua originaria no es el castellano? Un estudio muestra que tener al quechua (la lengua originaria más común) como lengua madre incrementa la posibilidad de deserción escolar porque existen barreras lingüísticas (Rodríguez, 2012). Incluso, desde décadas atrás, el Estado brindaba al sector educativo indígena los profesores con menos preparación y obligaba a los niños a seguir un calendario académico basado en las necesidades de Lima y no las de la Sierra o la Selva (Pozzi-Escot, 1989). En el presente milenio, había más de un millón de niños y niñas indígenas en edad escolar pero el 28,87% no era atendido por el sistema educativo público y el 73% tenía un atraso escolar grave, es decir, el alumno tenía más edad de la que debería según el grado al que asistía (Vásquez et al., 2009). Como resultado de estos limitantes en el campo educativo, existe una brecha salarial de casi un 40% entre personas con el mismo nivel educativo pero distinta lengua materna (Sanborn, 2012). En conclusión, hay una parte importante de peruanos que se ven afectados de manera negativa por tener o incluso manifestar una lengua materna como el quechua o el aimara, distinta del castellano, estando en su propio país.
Los Perúes de los géneros
Quizás una diferenciación entre peruanos que se ha ido acortando es la relacionada con el género (INEI, 2017a). De la población peruana, el 50,82% son mujeres y 49,18% son hombres, según el censo de 2017 (INEI, 2018a). La mayor oferta educativa y los incentivos para cambiar actitudes de los padres ha alentado a que cada vez más niñas y adolescentes puedan no solo culminar su educación básica sino proseguir estudios superiores (26,48%) y conseguir un empleo (20,69%). Sin embargo, las brechas salariales entre hombres y mujeres, del 29% según el INEI (2017a), son aún muy amplias en comparación con las de países de ingreso medio de la región. Incluso, de acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2012), existen múltiples ejemplos de discriminación hacia la mujer; por ejemplo, la violencia física o sexual, la trata de personas e incluso el sexismo hacia autoridades femeninas. Las mujeres tienen menos oportunidades y participación económica; por ello, el Perú ocupa el puesto 82 en la escala de desigualdad de género del reporte de desarrollo humano de las Naciones Unidas (PNUD, 2019) en esta problemática. Es decir, el país está lejos del primer puesto, que premia la máxima equidad de género, en la que hombres y mujeres gozan de oportunidades semejantes (WEF, 2014). Esto se traduce en que, en términos generales, las mujeres ganan un 29% menos que los hombres en el Perú (INEI, 2017a). En conclusión, las mujeres se encuentran en desventaja frente a los hombres en cuanto a su acceso a oportunidades de desarrollo.
Los Perúes de las condiciones físicas
Dos condiciones en las que aún se quiere trabajar intensamente en el Perú para que sea un país más inclusivo son la discapacidad física y la orientación sexual. En países como Sudáfrica, la traducción literal del término en inglés challenged people sería «personas retadas», con un aire aspiracional. En cambio, aquí en el Perú, la discapacidad física (o disabled people) aún no ha sido abordada como en otros países de la región. Existen varios tipos de discapacidades: para ver, oír, hablar, moverse y entender. Según el censo de 2017, en el Perú, 1 de cada 10 personas tiene al menos una de estas discapacidades; esto significa más de 3 millones de personas. En particular, la dificultad de visión es la más común, pues afecta al 5% de la población del país. ¿Qué consecuencias se generan? El 64% de la población con alguna discapacidad no continúa con sus estudios más allá del nivel primario (INEI, 2015a). Según Magaly Vilca (Cuartero, 2018), representante de la Comisión de Damas Invidentes del Perú, esto se debe a la falta de acceso a material educativo especial que debe proveer el Estado. De ahí que aquellas personas con discapacidad que sí cuentan con recursos económicos pueden aspirar a contar con educación básica completa y de calidad. Aún más, el Estado peruano está lejos en su actuar, a diferencia de otros países vecinos como Chile o Bolivia, pues no solo no existe un esquema de pensión por discapacidad (Maldonado, 2004) sino que aun el combate a la discriminación laboral (Maldonado, 2007) se ha congelado a nivel normativo con la Ley N.º 29973 y con la poca fuerza en la ejecución de la ley. En suma, el Perú de quienes sufren alguna discapacidad física aún no cuenta con un Estado capaz de luchar contra el ausentismo escolar, la discriminación laboral y la falta de compensación por invalidez.
Los Perúes de la orientación sexual
La discriminación por orientación sexual es aún más invisibilizada, pero existe (Cáceres, Talavera, & Mazín Reynoso, 2013). La discriminación, exclusión, marginación y estigmatización contra quienes tienen una orientación diferente de la heterosexual es tangible, aunque aún no estadísticamente visible, en el Perú. Algunos hallazgos de la encuesta, por autoselección, del INEI (2018f) revelan que el 62,7% de los integrantes de la comunidad LGBTI ha sufrido comúnmente discriminación o violencia en espacios públicos. Por ello, el 56,5% de ellos siente temor de expresar su orientación sexual (INEI, 2018f) y ello obliga a esta población a vivir en silencio, en el anonimato o en la oscuridad. De ahí que la salud mental de las personas LGBTI se vea afectada, pues la exclusión social y la exposición a la agresión por parte del entorno (Cáceres et al., 2013) inducen la adquisición de patrones, actitudes y comportamientos muy diferentes de los que una persona pueda expresar libremente con respecto a su sexualidad. Incluso existe una jerarquía (como construcción social) de la conducta sexual: en la cúspide, los heterosexuales reproductores casados tienen el respeto social, mientras que, en el otro extremo, los homosexuales son estigmatizados (Fernández, 2014). En síntesis, los peruanos de la comunidad LGBTI están sujetos a un ambiente tan negativo que incluso ello se ha expresado en negarles la unión civil como opción para formalizar una relación con derechos y compromisos, tal como existe en más de 25 países del mundo. Sin embargo, la elección o nominación de autoridades públicas de la comunidad LGBTI comienza a dar esperanzas de visibilizar la discriminación de una minoría.
Los Perúes desde los derechos y tareas del Estado
A lo largo de la construcción de una vida, los peruanos también enfrentan diferencias en campos en los que el Estado debería cumplir un rol más firme, como proteger los derechos a la salud, a la educación y al trabajo. Lamentablemente, cada miembro del hogar, dependiendo de sus condiciones económicas y de origen, debe vivir otros Perúes con marcadas diferencias en cuanto al acceso, el uso y la estabilidad de servicios sociales básicos.
Los Perúes de la salud
El acceso a la salud en el Perú es desigual y depende de múltiples condiciones. Un estudio de EsSalud (Cetrángolo et al., 2013) identifica que las condiciones más importantes son la disponibilidad de recursos, el peso de los pagos directos de las familias y aspectos culturales como el desarrollo particular de cada región. Esto último se explica porque existe una brecha regional en la capacidad de proveer servicios de salud en los ámbitos geográficos menos desarrollados (Cetrángolo et al., 2013). La brecha no solo es de infraestructura. Según el censo de 2017 (INEI, 2018a), el 24,53% de la población, más de 7 millones de personas, no tiene un seguro de salud. Por ello, en el año 2019 se decretó la universalización
