sus logros tardaron en verse reflejados, de forma que, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas todavía no había estudiantes negros en 1970 (The JBHE Foundation, 1999).
La historia de las minorías en Texas conoció un momento crucial en 1996, cuando se discontinuaron las políticas de acción afirmativa en el estado hasta 2003. Esto ocurrió en el proceso conocido como Hopwood vs. Texas. En 1994, una mujer blanca, Karen Hopwood (que dio nombre al proceso) y otros tres estudiantes blancos afirmaron que se les negó la admisión a la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en favor de estudiantes latinos y negros que tenían calificaciones inferiores. En una primera instancia, el juez falló a favor de la acción afirmativa, con el argumento de que ésta todavía era “una necesidad” hasta que la sociedad pudiera superar su legado de racismo institucional. Los demandantes apelaron para pedir igualdad de protección y ganaron el proceso hasta 1996. El Tribunal justificó su decisión al considerar que la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas no puede usar a la raza como un factor para decidir qué solicitantes admitir para lograr un cuerpo estudiantil diverso, ni para combatir los efectos percibidos de un ambiente hostil en sus instalaciones, ni para mejorar la mala reputación de la institución o “para eliminar los efectos presentes de la discriminación pasada”.
La Decisión Hopwood fue ampliada para considerar también las becas y el reclutamiento en las universidades, más allá de la admisión; de hecho, también fue adoptada en Luisiana y Misisipi, los otros dos estados sobre los cuales el Quinto Circuito tiene jurisdicción. Consecuentemente, el número de estudiantes latinos y negros disminuyó significativamente. Por ejemplo, en el año posterior al proceso Hopwood, el número de estudiantes negros disminuyó en un 10 por ciento en la Escuela de Medicina de la propia Universidad de Texas (The JBHE Foundation, 1999).
El tema siguió en debate por varios años entre funcionarios, alumnos, los medios de comunicación y, por supuesto, el ámbito académico. Por ejemplo, Mervis (1998) discute el impacto de la caída de la acción afirmativa en términos de diversidad en la universidad y plantea la necesidad de aumentar el número de estudiantes extranjeros que obtienen doctorados en las universidades texanas.
Santa Anna (2002) estudia la evolución de la acción afirmativa a partir de 1960. A fines de esa década se produjeron cambios en respuesta al reconocimiento del gobierno de Estados Unidos de que la Ley de Derechos Civiles de 1964 avanzaba demasiado lentamente para corregir los efectos de trescientos años de racismo legalizado, durante los cuales el país fue una “dictadura racial” (Santa Anna, 2002: loc. 2446-2449).
Desde una perspectiva diferente, Santa Anna (2002: loc. 2738-2739) identifica el discurso racista en Estados Unidos como una enfermedad social que contradice los principios democráticos fundamentales. El discurso de la acción “antiafirmativa” y basado en el ideal de la “meritocracia pura” no funciona, según él. Santa Anna describe de la siguiente manera las críticas desde la meritocracia a la acción afirmativa:
En una meritocracia, cada persona puede ganar todo lo que puede lograr puramente a fuerza del trabajo personal y la suerte del talento innato, no por ninguna preferencia familiar o social. Dado que la acción afirmativa está estructurada para vincular la raza y el género con los procedimientos de contratación y admisión, se considera una restricción de la autonomía individual, una restricción gubernamental inaceptable a la iniciativa personal (Santa Anna, 2002: loc. 2901-2906).
Si bien el racismo era considerado como una enfermedad, a la acción afirmativa se la visualizaba como un remedio para las acciones discriminatorias del pasado, observa Santa Anna. El autor aprecia a la meritocracia como una esperanza para las minorías, pero rechaza la existencia de igualdad de oportunidades “para las personas que son miembros de los grupos que tradicionalmente fueron excluidos de la competencia por razones racistas que alguna vez fueron legales” (Santa Anna, 2002: loc. 3440-3442).
Para explicar la postura racista extrema, Santa Anna retoma el discurso de David Duke, exmiembro del Partido Nazi estadounidense y del Ku Klux Klan, quien afirmó en 1996: “No quiero que California se parezca a México. No quiero tener su contaminación. No quiero la corrupción. No quiero su enfermedad. No quiero su superstición. No quiero que luzcamos como ese país. Si continuamos con esta invasión alienígena seremos como México” (citado en Santa Anna, 2002: loc. 5906-5914).
Para Santa Anna, el discurso racista angloamericano tiene sus raíces en siglo XIX y aumentó en intensidad con la conquista de los territorios del norte de México, a la vez que incrementó también la reacción en contra de las actitudes racistas (Santa Anna, 2002: loc. 5934-5936). En cambio, en 1996 se sustituyeron las cuotas que favorecían a las minorías con la iniciativa de ley hb588, que permitía el pase directo a la universidad de los alumnos graduados dentro del 10 por ciento superior de su clase, sin importar su pertenencia étnica y racial, y que todavía se aplica en la actualidad.
Después de siete años, la Corte Suprema abrogó las jurisprudencias de Hopwood con la decisión Grutter vs. Bollinger, 539 U. S. 306 (2003), mediante la cual el Tribunal Superior dictaminó que la Constitución de Estados Unidos “no prohíbe el uso de la raza […] en las decisiones de admisión [de una universidad o facultad], además [de reconocer el] interés apremiante de obtener los beneficios educativos que fluyen de un cuerpo estudiantil diverso”. El fallo significa que las universidades en la jurisdicción del Quinto Circuito pueden volver a utilizar a la raza como factor de admisión (siempre que no se utilicen cuotas, de acuerdo con Gratz vs. Bollinger, 539 U. S. 244 [2003]).
Acto seguido, la Universidad de Texas en Austin reinstauró las admisiones basadas en criterios de acción afirmativa, cuando los lugares apartados para el 10 por ciento de los mejores alumnos por clase no se llenaban. De hecho, Harris y Tienda (2010: 60) demuestran que “la acción afirmativa es la política más eficiente para diversificar los campus universitarios, incluso en estados con muy alta segregación, como Texas”.
La ley del 10 por ciento también tuvo consecuencias negativas, como los cambios de colegio de los estudiantes de uno mejor a otro con menor calidad académica, para obtener mejores calificaciones y así conseguir el pase directo a la universidad (Cullen, Long y Reback, 2013). Lo anterior contradecía en la práctica los objetivos de la reforma, pues los defensores de la iniciativa preveían que la existencia de esta cuota animaría a las minorías a buscar mejores resultados académicos y, de esa forma, obtener el ingreso por situarse entre los mejor calificados. Dado que con el tiempo los estudiantes de minorías admitidos a partir de esta cuota rebasaban por mucho a los que entraban por examen, ciertas universidades, como la Universidad de Texas en Austin, establecieron a partir de 2009 un tope de ingreso del 75 por ciento para los aspirantes de minorías a ser evaluados con base en sus calificaciones.
1 Se trata de la manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio, uniéndolas, dividiéndolas o asociándolas, con el objeto de producir un efecto determinado sobre los resultados electorales, un método inventado a principios del siglo XIX por el periodista estadounidense Elbridge Gerry.
2 No es casualidad que las décadas de 1960 y 1970 marcaran un punto de inflexión en la política de integración de las minorías, constituyéndose como el periodo en que surgen varias de las más importantes organizaciones de defensa de los derechos de los mexicanos y mexicoamericanos: Campesinos Unidos (1962), el Fondo de Defensa Legal Mexicoamericano (1968), La Raza Unida (1970) y la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (National Association of Latino Elected Officials, NALEO), de 1976, entre otras. Aparte de la militancia grupal, Santa Anna recuerda ciertos “actos de coraje individuales” de los sesenta, como las huelgas de hambre de César Chávez y el enfrentamiento de George I. Sánchez (presidente de LULAC y decano de la Universidad de Texas en Austin), para defender la igualdad de capacidades intelectuales de los latinos, en particular de los mexicoamericanos
